Respaldo al Gobierno balear

No se entiende, salvo desde el oportunismo político, la actuación del Grupo Socialista del Senado al presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de la Función Pública promulgada por el Gobierno balear, en la que se elimina el conocimiento del catalán como requisito imprescindible para acceder a un puesto de trabajo en la Administración autonómica, puesto que el Tribunal Constitucional ya había dejado clara su postura en varias sentencias anteriores, al menos desde 1991. Una vez más, el alto tribunal dictamina, por una amplia mayoría de sus magistrados, que no puede establecerse la prevalencia de la lengua propia de un territorio sobre la lengua oficial del Estado, sin que ello signifique el menosprecio, en este caso, del catalán, cuyo conocimiento sigue reteniendo la consideración de mérito añadido en la contratación de funcionarios. El asunto, como señalamos al principio, había sido objeto de varios dictámenes y sentencias, tanto del TC como del Supremo, siempre resueltos en el mismo sentido. La última, hecha pública ayer, recoge, incluso, la argumentación que llevó a los magistrados a dictaminar la inconstitucionalidad de algunos artículos del Estatut de Cataluña –sentencia del 28 de junio de 2010– referidos a la prevalencia que se pretendía dar al catalán sobre el castellano en la primera redacción del texto. Por supuesto, no se trata de desvirtuar o dañar el conocimiento de la lengua propia en las regiones donde se reconoce su cooficialidad, sino de impedir la discriminación del castellano que, tal y como establece el artículo 3 de nuestra Carta Magna, «es la lengua española oficial del Estado» y «todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». En este sentido, es iluminador uno de los argumentos de la reciente sentencia al argüir que «no resulta de la modificación aquí operada –es decir, la reforma de la Ley de la Función Pública– que se infrinjan límites constitucionales, puesto que ni se afecta a la condición del catalán como lengua propia conforme se ha definido en la doctrina constitucional, ni se adopta ninguna medida que vaya en detrimento del uso normal del catalán como lengua de la comunidad autónoma ni, en definitiva, existe un menoscabo o postergación del catalán en la regulación que resulta de la reforma». El dictamen supone un respaldo a la política lingüística del Gobierno autónomo balear, presidido por José Ramón Bauzá, que busca la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos del archipiélago mediterráneo y que, en el ámbito de la escuela y con el establecimiento del trilingüismo, supone un claro avance educativo. Una sentencia, en definitiva, que deja al desnudo la falacia y la demagogia de quienes pretenden encubrir sus objetivos meramente ideológicos con la falsa denuncia de ataques al catalán.