Cierre nuclear

Cuando un gobierno desea proscribir una actividad económica, puede hacerlo de dos modos: mediante la prohibición frontal o a través de su asfixia financiera. En España, las centrales nucleares están sufriendo la segunda estrategia. Se encuentran estranguladas por una sobrecarga fiscal que, paradójicamente, conduce a que sus propios accionistas acaben decidiendo clausurar sus plantas.

La reciente manifestación en Almaraz, con miles de asistentes, incluido el propio PSOE local, evidencia la contradicción entre la retórica oficial y las realidades económicas. El Ministerio de Transición Ecológica argumenta que el cierre es una "decisión empresarial", desvinculándose de un desenlace que, en realidad, deriva del arbitrario entramado tributario y regulatorio que el propio Ejecutivo ha consolidado.

Es cierto que los propietarios de Almaraz I podrían haber pedido una prórroga más allá de 2027. Sin embargo, la rentable operación de una central nuclear depende de los costes regulatorios que debe soportar. Cuando a la tasa de gestión de residuos, abonada a ENRESA, se le suman otros tributos adicionales que soportan, entonces la rentabilidad se esfuma. En pocos años, las nucleares han pasado de abonar unos tributos de 250 millones de euros anuales (en 2008) a casi 1.600 millones (previstos para 2025). Y aunque es cierto que algunos de esos tributos son razonables (por ejemplo, la tasa ENRESA que retribuya la gestión de los residuos que generan y el desmantelamiento futuro de las centrales), otros muchos no lo son.

El ejemplo más flagrante, a este respecto, es el impuesto sobre la producción del combustible gastado. Se estableció en 2012 bajo el pretexto de gravar los residuos, pero su recaudación no se destina específicamente a gestionarlos. Resultado: las nucleares pagan por partida doble: primero una tasa a ENRESA para cubrir el tratamiento de los residuos y luego un impuesto que castiga la generación de esos mismos residuos.

El PSOE, siguiendo la estela antinuclear de Felipe González, prefiere continuar con el cierre progresivo de un sector que aporta alrededor del 20% de la electricidad española. Mientras otras potencias económicas están ahora mismo reabriendo sus centrales -verbigracia, Microsoft ha negociado reabrir la central estadounidense de Three Mile Island para garantizarse un suministro eléctrico a sus centros de datos- aquí se impone la cerrazón ideológica y la fachada "verde" sobre las necesidades económicas.

Pero, a pesar de que el cierre nuclear forma parte de la agenda ideológica del PSOE, ni siquiera son suficientemente valientes como para comunicarlo de frente: de ahí que responsabilicen a los dueños de las nucleares de cerrarlas por motivos empresariales cuando, en realidad, las cierran por motivos fiscales.