Los padres «guerrilleros» del colegio Blas de Lezo, condenados por coacción y lesiones a la directora

Siete padres del colegio público Blas de Lezo, situado en el barrio madrileño de Las Tablas, conocidos como «los guerrilleros» han sido condenados por un delito de lesiones y coacciones graves a la directora del centro en el que estudiaban sus hijos por unos hechos que ocurrieron hace seis años. Así, el juzgado de lo Penal número 23 de Madrid condena a cada uno de los padres una multa de seis meses y un día a razón de cinco euros diarios por coaccionar a la directora, es decir, a 905 euros en total; a lo que se suma otra por lesiones de tres meses y un día con una cuota diaria de cinco euros, es decir 455 euros. De esta manera, cada uno de los padres tendrá que indemnizar a la directora con 1.390 euros. Además, los progenitores tendrán que abonar de forma solidaria la cantidad de 28.000 euros a la directora, más las costas procesales, según la sentencia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Los hechos que ahora se condenan se remontan a 2019 cuando un grupo de padres emprendió una cruzada contra la directora del colegio entonces porque querían que el antiguo director, Javier Montellano, con el que había arrancado un centro de nueva construcción hacía cuatro años y con el que se había formado la «gran familia del Blas de Lezo», como decían los padres, continuara en el colegio con un proyecto educativo en el que se venía trabajando de manera colaborativa y con el que estaban muy satisfechos. Montellano no superó el proceso de selección que le hubiera permitido continuar como director y tuvo que cambiar de centro. Los padres no aceptaron la decisión y, a partir de ahí, iniciaron una batalla sin cuartel contra la directora y todo aquel que apoyara a la nueva dirección. La campaña de desprestigio fue, si cabe, más férrea en las redes sociales. El juez da por probado que los condenados «pusieron en ejecución un plan preconcebido que tenía como finalidad la dimisión de la directora a través de las redes sociales, con sentadas y concentraciones todos los viernes a las 16:30 en el parking del colegio sin petición a la Delegación del Gobierno, colgando carteles en la fachada del centro con lemas “no te hemos elegido, nuestro director se queda”, “Vete ya”...».

En la ruta de camino al colegio la directora podría ver todas las mañanas pancartas en las que podía leer: "Ana Van, dimisión. Blas de Lezo no se rinde». Llegaba al centro y aún había más mensajes destinados a ella para hacerle más «fácil» la jornada: «A tu casa, dimisión», junto al dibujo del ahorcado. Las farolas, los bancos de los parques y paredes de las inmediaciones del colegio estuvieron empapelados con mensajes similares y con recortes de una publicación que cuestionaba la idoneidad de la directora de entonces para el puesto. Los mensajes de descrédito hacia la directora llegaron hasta los parabrisas de los coches aparcados en las proximidades del centro escolar. Los árboles de Sanchinarro estuvieron empapelados con una comparativa de notas entre el antiguo director y la nueva con los méritos obtenidos por cada uno bajo el título «Blas deDazo». Y bastaba entonces con echar un vistazo a los hastag en favor del antiguo director y despreciativos contra la nueva: @latribudelblas, #nuestrodirector se queda, #anavandimiteya, #blasdelezonoserinde para darse cuenta del cariz que llegó a tomar el asunto. Incluso el juez alude a que se tomó la foto de la directora de Facebook, sin su consentimiento, para hacer pasquines en los que podía leerse: «Me estoy cargando el colegio».

La situación llegó hasta tal punto que la Consejería de Educación puso el caso en manos de la Fiscalía, que abrió diligencias y, tras encontrar indicios de acoso, remitió el caso al Juzgado de Instrucción número 27.

Lo cierto es que los ahora condenados «lograron interferir en el normal funcionamiento del colegio al cuestionar la profesionalidad de algunos docentes que eran componentes del equipo directivo de entonces, lo que produce que se den de baja y su falta de trabajo, que es suplida por compañeros que ven aumentada su actividad profesional».

La tensa situación que se llegó a crear pasó factura a la directora, según acredita la sentencia, ya que las conductas reiteradas «menoscabaron la salud mental de la perjudicada ocasionando a la misma stress prostraumático». Es más, llegó a necesitar «tratamiento psiquiátrico terapéutico, ayuda y tratamiento farmacológico».

Los padres condenados han sido a su vez absueltos del delito de injurias porque «es evidente que todas las expresiones pueden ser inadecuadas, incluso poco edificantes, pero todas ellas tratan de conseguir la dimisión de la directora, pero no existe un ánimus injuriandi». El juez admite también que los padres alteraron la vida cotidiana de la directora, «tratando de imponer su voluntad para tratar de conseguir que dimitiera como directora del Centro Público de Educación de Infancia y Primaria Blas de Lezo, pero «no la alteran gravemente».

En definitiva, queda demostrado que los acusados «tenían una actuación concertada y un plan preconcebido de forma y manera que, aunque no actuasen todos los acusados en todas las actuaciones si tenían un plan previamente concertado con el fin de que la directora acabase presentando su dimisión».

La directora se vio en situaciones muy complicadas, como relata la sentencia, como el hecho de no poder salir del parking del colegio con sentadas . La situación llegó hasta tal punto que los padres llegaron a recaudar fondos para rotular un autobús «con nuestra lucha» para llevarlo a la Asamblea de Madrid coincidiendo con la la sesión plenaria, para así obtener mayor visibilidad. Los impulsores de la iniciativa recorrieron las calles de Madrid con este autobús protesta «para gritar lo más alto posible la injusticia que están viviendo nuestros hijos», decían. El conflicto llevó a algunos padres a solicitar un cambio de centro.