La relación PP-Vox no pasa, precisamente, por sus mejores momentos, por mucho que los de Unidas Podemos tachen de «teatrillo» los rifirrafes y enfrentamientos verbales que se producen durante las sesiones de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid entre la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Monasterio ayer ya anunció que haría valer su minoría en la Cámara (necesaria para Díaz Ayuso para sacar adelante cualquier proyecto legal) para dinamitar los Presupuestos de 2023 en los que ha venido trabajando el Ejecutivo autonómico durante los últimos cuatro meses. Y es lo que ha hecho hoy en la Comisión de Presupuestos: votar en contra del dictamen del proyecto de ley más importante de la legislatura que debería aprobarse en la Cámara la próxima semana. Sin la mayoría suficiente en Comisión para poder ser debatido, el proyecto decae, con lo que se abre la vía de la prórroga presupuestaria, en una situación inédita en la Asamblea de Madrid.

“Siempre hemos sido unos socios leales, pero no podemos apoyar unos Presupuestos donde se humilla a los votantes de Vox (...) Tenemos un dictamen en el que no se ha incluido ninguna enmienda de Vox. Nosotros siempre estamos dispuestos a que alguien negocie con nosotros, pero no nos ha llamado nadie, no ha habido voluntad política de que las enmiendas de Vox estuvieran incluidas en un Presupuesto», lamentó Monasterio «dolida» porque sus enmiendas no se incluyesen al presentarlas fuera de plazo.

En la mañana de hoy y hasta las 17:00 horas en que se ha producido la votación, Monasterio dejó abierta una pequeña rendija a la negociación, lo que dio lugar a pensar que la situación pudiera experimentar un giro en el último momento al abrirse a la posibilidad de un acuerdo político que permitiera sacar adelante estas Cuentas. “En su mano está si quieren ir de la mano de Vox”, dijo la portavoz de la formación.

Unas afirmaciones que inmediatamente tuvieron la respuesta de Ayuso: “No voy a intercambiar derechos y obligaciones por presupuestos”, aunque la presidenta recordó que está dispuesta a introducir enmiendas a lo largo de 2023 que puedan mejorar los servicios públicos.

Finalmente, el dictamen era rechazado por 9 votos en contra y 8 a favor (del PP).

“Ha regalado una victoria a la izquierda”

El portavoz del Grupo parlamentario Popular en la Asamblea, Pedro Muñoz Abrines, apuntó que “ahora Vox tendrá que explicar a sus votantes por qué vota en contra por una diferencia del 0,2 por ciento del presupuesto. Se supone que estamos de acuerdo en el 99,8% de las cuentas”. Abrines lamentó que la negociación con los de Rocío Monasterio haya sido imposible. ”No tenemos ningún instrumento para negociar con ellos. Presentó las enmiendas fuera de plazo, pidieron un informe para ver si podía solucionarse y alegaron problemas técnicos, pero el documento dijo que no había problemas técnicos y por eso a la Mesa no le quedó otra que no tramitar las enmiendas(...) Ha regalado una victoria a la izquierda, los perjudicados serán los ciudadanos”.

Primera “bofetada”

Ayer Vox ya dio al Ejecutivo de Díaz Ayuso la primera «bofetada», que ha sido interpretado por los populares como la primera «venganza» de los de Rocío Monasterio por su «deslealtad» al no apoyar que se admitieran sus enmiendas fuera de plazo. Porque en esto Díaz Ayuso ha sido muy clara: «En esta Cámara se cumple el Reglamento», volvió a sentenciar ayer.

No había empezado el debate de la norma y Monasterio ya avisaba de que su grupo no iba a apoyar la tramitación de la Ley del Transporte por lectura única, una vía exprés que permite la aplicación del nuevo reglamento y régimen sancionador para las VTC. «Habrá tiempo de negociarla, de enmendarla, etc...porque es muy importante hacer una ley que se ajuste a las necesidades del sector y para eso hay que sentarse a hablar con el sector e intentar escucharles», justificó Monasterio. Su portavoz en este ámbito, Javier Pérez, aseguró no entender que «la Ayuso de la libertad quiera regular los precios como los comunistas».

Sin embargo, fueron los de Rocío Monasterio los que una semana antes habían dado su visto bueno a que el régimen sancionador de los VTC se tramitara por la vía exprés. Mientras, la Consejería de Transportes se lamentaba de que ahora haya que esperar a una tramitación más larga, que ni siquiera pueda ver la luz esta legislatura, que impida sancionar infracciones muy graves de los VTC, como conducir sin haber aprobado el examen preceptivo o que los conductores VTC capten activamente a clientes que no hayan contratado previamente el servicio por APP.

«Si verdaderamente queremos que las VTC cumplan las normas, garanticen los derechos de los usuarios y podamos sancionarlos, solo tenían que haber aprobado el Reglamento que han rechazado en la Asamblea de Madrid», recriminó el consejero de Transportes, David Pérez.

Mientras, desde el Ejecutivo autonómico hacían un listado de las políticas que quedarían fuera si hoy Vox decide tumbar sus Presupuestos. Así, no se podrían dedicar mil millones más para potenciar la Atención Primaria y reducir las listas de espera; nuevos centros de salud o las reformas de los hospitales públicos de La Paz, Doce de Octubre o Niño Jesús; 10.000 nuevas plazas educativas y otras 10.000 en FP; 260 millones en becas y ayudas para 650.000 personas. También quedarían fuera los 150 millones previstos para mejorar las residencias de mayores, los 40,7 millones destinados a duplicar las ayudas a la maternidad y la prolongación de líneas de Metro, entre otras.