«No» de los ayuntamientos a perdonar impuestos a pisos sociales

La Agencia de Vivienda paga los impuestos de las viviendas que posee. Son pisos con un carácter social. Pese a ello, prácticamente ningún ayuntamiento ha respondido a su petición de bonificar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los inquilinos, que deben acreditar su situación para acceder a una de ellas. En total, 427 municipios han ignorado el requerimiento del Gobierno andaluz, que comenzó a solicitarlo hace seis años.

La AVRA comenzó a remitir en 2011 escritos reclamando la reducción del IBI al 95% a sus viviendas, como permite la Ley de Haciendas Locales, aduciendo que repercutiría directamente en familias con escasos recursos económicos, que son quienes viven en sus pisos. Solo once municipios se han mostrado sensibles a la solicitud: Níjar y Huércal Overa, en la provincia de Almería; Rota y San José del Valle, en Cádiz; Doña Mencía y Espiel, en Córdoba; Cuevas del Campo (Granada); Martos y La Puerta de Segura (Jaén); Sayalonga, en Málaga, y los municipios sevillanos de Coria del Río, Martín de la Jara, Real de la Jara, Sanlúcar la Mayor y la capital.

Según datos publicados por la AVRA en su Plan Plurianual de actuación 2016-2020, el pago de este impuesto supondrá 12,3 millones el próximo año. La propia agencia es la que lo liquida a los ayuntamientos y después lo repercute a los inquilinos. Defiende, por ello, tanto el beneficio para los ocupantes de sus viviendas como que redundaría en una mayor inversión en políticas sociales, mermadas en los últimos años por la incapacidad financiera de la agencia. Este segundo argumento solo se sostiene por el alto nivel de endeudamiento que los residentes mantienen, y que obliga a la AVRA a asumir unos costes que en principio no le corresponden. Con el Ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo, acumula una deuda de 4,3 millones, principalmente por impago del IBI, que ha ido acrecentándose al no responder en el período voluntario de pago y para el que en verano se aprobó un aplazamiento hasta 2020. La capital confirmó el día 19 la bonificación a las 3.414 viviendas de la agencia.

El hecho de que mantenga recibos sin pagar imposibilita a la Junta acceder a las bonificaciones que cada año pide a los ayuntamientos, ya que es uno de los requisitos que establecen las haciendas locales para ejecutar la rebaja, que a los inquilinos de viviendas sociales les correspondería por su baja renta.

El propio director de la AVRA admitía en el escrito remitido al Consistorio sevillano que «se antoja fácil vislumbrar que nos encontramos en un momento crítico en cuanto a la gestión financiera de la agencia», haciendo hincapié en que «todo pago que no se encuentre recogido en las previsiones le ocasiona a la agencia un daño difícilmente reparable, ya que los márgenes de generación de ingresos se han reducido tanto por el mercado inmobiliario en caída libre, como de todos es sabido, como por la agencia pública, debido a las reducciones de presupuesto para la consecución de la contención del déficit presupuestario».

Esa complicada coyuntura provocó que el año pasado se diseñara el citado plan de actuación, que incluía una previsión económica y un plan de viabilidad. Actualmente, según datos oficiales, hay 50.250 viviendas alquiladas –el 90% de los inquilinos paga menos de 60 euros al mes–; y otras 26.248 en compraventa y acceso diferido. El principal problema que avistaba la agencia es el descenso gradual de la inversión, de los casi 67 millones de 2016 a 44 en 2020 –un 34% en cuatro años–. Esta rebaja choca con los cálculos de «crecimiento importante» de la venta de activos: de los 24 millones del año pasado a superar los 37 millones en los ejercicios 2019 y 2020.

También advierte el documento de que la AVRA seguirá perdiendo dinero en los próximos años. Sus balances negativos se reducirán levemente, con la previsión de cerrar el ejercicio 2020 con 16,7 millones de pérdidas. A esta situación se suma la millonaria deuda que acumula, que ha llegado a los 731 millones de euros. El objetivo inicial es reducirla a 441 millones. Las políticas de vivienda están coaccionadas por los numerosos gastos en los que incurre la AVRA solo con el parque residencial que posee. A mantenimiento, por ejemplo, debe destinar anualmente 25 millones de euros. El desembolso por el IBI ha ido menguando: si el año pasado supuso 13,6 millones, en el presente ejercicio cayó a 12,8 y se establecerá en 11,3 millones anuales en 2019 y 2020. La base del plan de viabilidad es vender más suelo residencial e industrial y locales comerciales y que la Consejería de Fomento y Vivienda desembolse los fondos comprometidos en cada ejercicio sin demora, para no agravar más su situación.