La crisis de la corrala Utopía en Sevilla hace cinco años destapó el gravísimo problema que se había creado por la falta de vivienda en Andalucía. «Ni casas sin gente ni gente sin casa» fue el lema que se acuñó para transmitir la ilógica que comenzó a regir un mercado inmobiliario con cada vez más desahuciados. Era 2012 y un grupo de mujeres tomó un edificio de pisos vacío propiedad de un banco. Allí se hicieron fuertes y su acción fue posiblemente el germen de la Ley de Función Social de la Vivienda que promovió Izquierda Unida. La acción de la Consejería de Fomento y Vivienda se recondució desde entonces hacia la rehabilitación y los alquileres, frente a la venta y la construcción del período previo. Se encaminó con ese fin a la creación de una bolsa de viviendas sociales para responder a la demanda ciudadana, canalizada a través de un registro central de demandantes de vivienda protegida. Los últimos datos de mayo, reflejan casi 150.000 inscripciones. En todo este tiempo, 7.414 familias han podido acceder a un piso.

Las adjudicaciones de las viviendas sociales públicas se rigen por este baremo y es la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) la que las gestiona. Sin embargo, la principal traba es la nula disponibilidad de casas protegidas públicas, que ni siquiera permite atender casos de emergencia. De ello advierte en su Memoria de 2016, recientemente presentada, el Defensor del Pueblo Andaluz. «La disponibilidad de viviendas desocupadas es altamente improbable», señala Jesús Maeztu sobre las VPO públicas. Ante este panorama, AVRA ha admitido que tiene 3.405 pisos ocupados ilegalmente. Es decir, que mientras miles de familias llevan años en lista de espera para que les adjudiquen una VPO acorde a sus posibilidades económicas –la inmensa mayoría solicita un alquiler–, otras personas han optado por la vía rápida: la de la patada en la puerta y la ocupación ilegal. Así lo reconoció la agencia autonómica en una respuesta a través del Portal de Transparencia. Esas viviendas son las que han detectado los 21 agentes verificadores, que realizan batidas diarias para comprobar que los inquilinos de sus 50.250 pisos en alquiler coinciden con los titulares de los contratos y que el uso es como domicilio habitual y permanente.

La agencia también admite que desde el año 2008 se han iniciado expedientes para recuperación de 4.339 viviendas. Desde AVRA aclaran que en algunos casos, tras los primeros contactos, se produce la entrega de llaves voluntaria por parte de los ocupantes. Si fallan los mecanismos de mediación y administrativos y esto no ocurre, la Junta debe recurrir entonces a los tribunales y esperar a que se produzca una orden judicial de desahucio. «Se consideran las diversas circunstancias que se hayan presentado en la ocupación, como si la vivienda ocupada cuenta con un inquilino titular que resulta gravemente perjudicado, si se encontraba en fase de adjudicación o de adecuación previa a su disposición por una unidad familiar adjudicataria por el Registro Municipal de Demandantes», explican. Cuando se detecta una ocupación ilegal, explica AVRA, se presenta además una denuncia por usurpación y se informa al Ayuntamiento donde se ubica la vivienda y a los servicios sociales. Esto permitirá valorar si la medida está «justificada por el estado de necesidad, o riesgo de exclusión social o exclusión social efectiva». Con ello, se pretende averiguar si realmente concurren circunstancias de extrema necesidad que exijan un tratamiento diferente al del desahucio. En tantos casos registrados, las motivaciones son muy diferentes, estando justificadas en mayor o menor medida. Algunos de ellos figuran en la Memoria del Defensor por quejas ciudadanas tramitadas. «Es incontable, a la vez que escalofriante, el número de personas que llevan solicitando una vivienda protegida pública durante muchos años, que cumplen con los requisitos exigidos legalmente, en las que conviven menores, mayores o discapacitados, y que no ven satisfecho su derecho a disfrutar de una vivienda digna», lamenta en su informe. En un extremo, relata la situación de dos familias sin ingresos económicos y con niños pequeños que pedían acceder a un alquiler social. A una de ellas se le denegó precisamente por no garantizar que podría pagar la renta; a otra, le reconocieron su situación de extrema necesidad pero no había vivienda para ofrecerle. «La escasez de viviendas de segunda adjudicación en número suficiente para atender la desorbitada demanda de aquel sector de la población que se encuentra en situación de extrema necesidad ha provocado que muchas familias adopten como solución la ocupación sin título de viviendas vacías», reconoce el Defensor. En el otro extremo, los que ocupan sin mediar razones extraordinarias, informa de una cesión entre inquilinos de un piso social, pese a no tener derecho a ello y sin informar a la Junta como propietaria, aduciendo que quería vivir cerca de un familiar.

Este descontrol del parque público contrasta con los esfuerzos realizados por la Consejería para incorporar nuevos inmuebles a la bolsa de viviendas sociales, a través del Programa de cesión de uso articulado en el Plan de Vivienda y Rehabilitación aprobado el año pasado y que se cerró con cuatrocientos pisos entregados por la Sareb –el banco malo–.