El abogado de las hijas de Nisman dice que el caso está «camino del juicio político»

Federico Casal, abogado de las hijas del fiscal Alberto Nisman, hallado muerto en su domicilio de Buenos Aires hace más de un año, cree que la causa ya ha tomado "el camino del juicio político", tras la decisión de la Cámara Nacional del Crimen de que pase a ser investigada por las autoridades federales. "Esto se llama empezar el camino del juicio político", aclara Casal en una entrevista a Efe, en la que se muestra contento con una resolución que, poco a poco, "pone las cosas en su lugar", después de un año y tres meses "irreparables"que suponen que en todo este tiempo la investigación no estuviera a cargo de "su juez natural".

"Esto es un gran paso para la investigación, pero es un paso más importante todavía para la República", afirma el abogado, consciente de que "falta un largo camino"por recorrer, ya que la medida todavía puede ser recurrida por el único imputado en la causa, Diego Lagomarsino, propietario del arma que mató al fiscal.

Casal habla de la importancia de esta resolución en términos de país remarcando que "los jueces no se pueden elegir", algo que considera que "pasó en esta causa", en la que hubo una demora de dos horas para dar aviso de lo ocurrido al fiscal y, cuando se hizo, no fue a la autoridad judicial que correspondía, sino que, a su entender, la "eligieron".

Para Casal, el motivo está claro: "Si hubieran dado intervención al fiscal federal, el que estaba de turno era un fiscal que por su actuación y por sus investigaciones al poder no era nada dócil al régimen saliente"de Cristina Fernández.

Se evidencia así, continúa el letrado, un fallo en la división de poderes con un Gobierno que "desde un principio, acá, se metió".

"Nuestra expresidenta levantaba su manita, su dedito acusador y ya adelantaba el resultado de una investigación que recién se había iniciado", agrega.

Emulando a Gabriel García Márquez, la causa Nisman es para Casal la "crónica de una muerte anunciada"por la cantidad de pruebas y amenazas previas existentes en torno a la figura del fiscal general argentino que se encargaba de investigar el peor atentado terrorista del país, perpetrado en 1994 contra la sede de la mutualista judía AMIA y que dejó 85 víctimas.

Nisman fue hallado muerto con un disparo en la cabeza en su domicilio del lujoso barrio porteño de Puerto Madero, el 18 de enero de 2015, sólo tres días después de haber denunciado a la exmandataria Cristina Fernández por supuesto encubrimiento de los terroristas iraníes acusados del ataque a la AMIA y un día antes de presentar las pruebas ante el Congreso de la Nación.

La causa arrancó, a juicio de Casal, con "irregularidades"desde un comienzo.

"Qué nos queda para los que no tenemos ese rango y no somos tan importantes, como el ciudadano común; cuál es la protección de la justicia si esta es la que le dan a un funcionario de esa categoría", remarca Casal en referencia a Nisman.

Casal invita a ver lo que implica esta resolución más allá de Nisman y del "derecho a saber la verdad" que tienen las hijas del fiscal, quienes, cuanto más cerca están del final, más "satisfechas"se muestran.

La resolución de la Cámara del Crimen se hizo pública el 22 de marzo, después de que la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini se declarara incompetente para continuar al frente de la investigación, al entender que el caso debía pasar a una instancia superior.

Una decisión en la línea de lo que solicitaban la madre y las hijas de Nisman, quienes desde un principio consideraban que era el Tribunal Federal el responsable de juzgar la muerte de un fiscal general de la República que podía ser producto de su labor profesional.

La cámara atendió el cambio de tribunal, al no haberse podido certificar todavía si la muerte de Nisman fue un homicidio o un suicidio, y decidió también conseguir testimonios para investigar la conducta del juez de campo y la fiscal Viviana Fein.

Pero su decisión va más allá y también ha recomendado que se dicte un protocolo de actuación destinado a los fiscales y a las fuerzas de seguridad para que "sepan cómo deben preservar el hecho"y "que estas irregularidades no vuelvan a suceder", concluye Casal.

Efe