Ecuador camina hacia la «bukelización»

Nayib Bukele decretó por primera vez en marzo del pasado año el régimen de excepción en El Salvador. Quedaron suspendidos una extensa nómina de derechos constitucionales en aras de la seguridad. Era la receta del presidente salvadoreño, autodenominado irónicamente «el dictador más ‘cool’ del mundo», para aplacar la espiral de violencia. El país centroamericano había experimentado 48 horas de absoluto terror. Las pandillas asesinaron en ese fin de semana de finales de marzo a un total de 87 personas después de que el Gobierno rompiera su pacto secreto con la Mara Salvatrucha, según las revelaciones del medio digital «El Faro».

Desde entonces, el estado de excepción sigue vigente y Bukele mantiene su agenda sin contrapesos, sin oposición. Encarceló a 71.000 presuntos criminales sin garantías procesales, construyó la megacárcel de San Salvador, militarizó el país, puso en marcha juicios masivos y, como resultado, descabezó a las pandillas. Las calles de El Salvador, en otro tiempo secuestradas por las maras, son comparativamente más seguras. Los índices de criminalidad y la tasa de homicidios registran mejoras tangibles. A costa, eso sí, de detenciones arbitrarias, torturas, hacinamiento en las cárceles y otras violaciones de los derechos humanos. Además de un contundente retroceso democrático.

Bukele es hoy el presidente mejor valorado en América Latina y el Caribe. Goza de unos niveles de popularidad inasequibles para cualquier otro líder regional. Le apoya el 90% de los salvadoreños, según el estudio de opinión pública Latinobarómetro. Por eso, muchos quieren copiar su método, «bukelizarse» para contentar a una opinión pública cercada por la inseguridad que tiene una percepción positiva de la polémica acción del Gobierno de Bukele. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, fue la primera en exportar este modelo.

Pero Ecuador tampoco es ajeno a esta dinámica. Su presidente, Guillermo Lasso, trazó una estrategia de seguridad algo menos contundente que se ha demostrado fallida. Sólo en el primer trimestre de 2023, el INEC contabilizó un total de 1.356 muertes violentas. En sus casi dos años en el poder, Lasso ha decretado más de una decena de estados de excepción para mitigar la violencia, sin éxito. Los últimos fueron en respuesta a los asesinatos de Agustín Intriago, alcalde de la localidad de Manta, y Fernando Villavicencio, uno de los ochos candidatos para las elecciones presidenciales del próximo 20 de agosto.

«El país se enfrenta a estas elecciones sumido en una gravísima crisis. A la aguda ola de inseguridad, alimentada por el auge del narcotráfico y las masacres de presos en las cárceles, se suma una alarmante situación económica y crecientes amenazas a la libertad de expresión por causa del crimen organizado», señala Daniel Zovatto, director regional para América Latina y el Caribe en el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional).

«Afirmar que la crisis de seguridad en Ecuador viene de los últimos años sería bastante simplista», indica la directora de estrategia de la Institución Educativa ALEPH, Gabriela Ortega, en diálogo con LA RAZÓN. «Tuvimos un periodo bastante convulso a principios de los 90 y finales de este siglo en el que cambiamos hasta tres presidentes». Entonces empezaban a operar a nivel local una serie de bandas incipientes que eran un reducto de las pandillas. Insignificantes en comparación con los casos de Colombia o Perú. «En 2007, ya con el Gobierno de Rafael Correa, estas organizaciones pasan a estar legalizadas. De hecho, en la campaña de Correa tuvieron mucha presencia. Muchos de sus miembros acabaron formando parte de Alianza PAIS. Se normalizó el hecho de contar con miembros de estas pandillas. Después, pasaron a tener vínculos con el narcotráfico de los países vecinos. Estos nos ha llevado, 23 años y tres gobiernos después, a la situación en la que estamos», explica Ortega.

La campaña de Villavicencio, acribillado a tiros el miércoles a la salida de un mitin en Quito, proponía precisamente construir una cárcel de alta seguridad en un recinto militar de la selva ecuatoriana para los capos del narcotráfico, asesinos y criminales vinculados a estructuras mafiosas. Una medida con ecos de bukelismo. Soñaba con una «cárcel impenetrable» a la que sólo se pudiera acceder en avioneta: «Estos criminales, los capos del narcotráfico, de la delincuencia organizada, violadores y asesinos estarán completamente aislados en la profundidad de la selva. Este recinto militar deberá ser expropiado de forma inmediata y empezaremos la construcción, igualmente, de forma inmediata».

Sin embargo, Villavicencio tenía más bagaje en la lucha contra la corrupción que en la lucha contra el narcotráfico. «Dentro de la campaña no dejaba ese discurso atrás, se enfrentaba de forma abierta a los grupos de crimen organizado dando incluso varios de los nombres de los capos de estas organizaciones. Señalaba los casos de corrupción del correísmo y acusaba a su candidata, Luisa González», subraya Ortega.

Tras su asesinato, la politóloga cree que su voto «se difuminará en torno a los otros tres aspirantes con opciones: Otto Sonnenholzner, que puede aglutinar el voto más joven; Yaku Pérez, que puede aglutinar el voto menos ideológico al venir de la izquierda; y por último Jan Topic, como principal candidato en materia de seguridad». Este último de corte más similar a Bukele.

Ortega garantiza que el discurso del presidente de El Salvador tendría éxito en Ecuador. «La gente pide un dictador, un tipo como Bukele que acabe con la inseguridad». Sin embargo, se muestra escéptica con las conquistas del líder salvadoreño. «Dentro de la opinión pública, se ha extendido la imagen de un Gobierno que ha reducido los niveles de criminalidad. Pero si rascas un poco e investigas los datos publicados, vas a ver algunas alteraciones, que no incluyen aquellos homicidios o muertes causadas por las fuerzas de seguridad o que hablan de tasas de homicidios y no de tasa de criminalidad».