Cristina Kirchner, condenada a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua por corrupción

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández Kirchner, ha sido condenada a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer un cargo público en un juicio que ha polarizado a Argentina en los últimos años hasta límites desconocidos desde el regreso de la democracia en 1983. El Tribunal Oral Federal de Buenos Aires encuentra a la expresidenta argentina culpable de defraudación al Estado, pero la absuelve del delito de asociación ilícita. El fiscal Diego Luciani pedía 12 años de prisión por los sobrecostes en la construcción de carreteras y otras obras públicas en Santa Cruz, una provincia de la Patagonia al sur del país. La condena a Kirchner por el caso Vialidad supone la primera condena contra un vicepresidente en ejercicio.

Pese a la sentencia a seis años de cárcel, Kirchner no entrará en prisión protegida por sus fueros como vicepresidenta. Además, la sentencia no es firme y cuando se conozcan los fundamentos del veredicto, en febrero o marzo, es más que probable que la sentencia sea recurrida por la defensa de Kirchner. Los fiscales también pueden recurrir el veredicto si lo consideran injusto. A la espera de posibles recursos, la sentencia no será ejecutada. Sin embargo, Kirchner deberá afrontar sus posibles aspiraciones presidenciales en las elecciones previstas el 22 de octubre de 2023 con la etiqueta de “condenada por corrupción”. Antes, las Primarias Abiertos, Simultáneas y Obligatorias (PASO) previstas el próximo 12 de febrero serán un importante examen para la fragmentada coalición peronista y la oposición.

Tras la sentencia, Kirchner reaccionó en sus redes sociales cargando contra el poder político y mediático: “Yo nunca voy a ser mascota del poder. Mover la patita, hacerte la muertita… mascota de ellos no voy a ser nunca. Así me den seis años o más”. La vicepresidenta argentina ha descartado que se vaya a aspirar a la Presidencia en 2023: “No seré candidata, que me metan presa”. Kirchner ha cargado contra algunos magistrados que considera que forman “una mafia”: “Todos estos jueces que no pagan el impuesto a las ganancias porque dicen que afecta a su independencia a la hora de dar sentencias, pero subirte al avión del (periódico) Clarín a Lago Escondido no afecta a la independencia”. Kirchner ha concluido: “Eso se llama mafia, mafia absoluta”, apuntando contra el juez instructor de la causa Vialidad Julián Ercolini. Los simpatizantes de Kirchner han interactuado con ella criticando duramente a la justicia argentina.

Los líderes de la coalición opositora Juntos por el Cambio han celebrado la sentencia de seis años contra Kirchner por administración fraudulenta. “Estamos ante un fallo judicial histórico. Todas las garantías constitucionales de los acusados se han respetado. Este proceso ha sido ejemplar y demuestra que nadie está por encima de la ley en Argentina”, ha sostenido en un comunicado la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, coalición conservadora liderada por el expresidente Mauricio Macri. Arturo Laguado, catedrático de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de Latinoamérica (CLACSON) en Buenos Aires, sostiene en LA RAZÓN que no descarta una candidatura de Kirchner a la Presidencia en 2023: “La promesa de Kirchner de no presentarse puede caer en saco roto. Creo que ella tampoco sabe qué va a ocurrir”.

La oposición ha enfatizado que “las reacciones de los dirigentes del oficialismo a la sentencia judicial son inaceptables para un país democrático”: “Estamos muy preocupados por el embate constante a las instituciones de la Constitución”. Laguado subraya que “se viene un debate de mucha espuma”: “La oposición tratará de tapar ese acomodo entre el poder judicial, los grandes medios de comunicación y el poder económico argumentando que no tiene nada que ver el juicio a Kirchner. Por su parte, el oficialismo defenderá que en esos chats se demuestra que hubo un acuerdo, que la idea era condenar a Cristina y que esos jueces que trabajan para Clarín son los mismos que impulsaron las causas contra Cristina”.

Desde el inicio del juicio en 2018, Kirchner siempre ha defendido su inocencia y ha acusado a los jueces de construir una causa política “contra todo el peronismo”. En su alegato final el pasado 23 de septiembre, la vicepresidenta argentina asumió su propia defensa para denunciar un juicio lleno de “mentiras, calumnias y difamaciones”. Desde Buenos Aires, el experto en Ciencias Políticas del CLACSON remarca que “el juicio ha sufrido muchas críticas desde hace tiempo”: “La sentencia tiene en cuenta unos chats en los que no participa, solo se la menciona. Fueron presentados el último día de plazo sin que los abogados conocieran estas pruebas”.

El fiscal Luciani reclamaba 12 años de prisión a Kirchner y penas similares para los otros 12 acusados de participar en la trama de sobrecostes en Santa Cruz, once exfuncionarios públicos y el empresario Lázaro Báez. El resto de imputados también fueron declarados culpables. A Báez, el empresario al que otorgaron los contratos públicos, se le ha impuesto una condena de 6 años, que se suma a la condena que ya cumplía de 12 años de prisión por lavado de dinero. El exsecretario de Obras Públicas, José López, famoso por ser pillado cuando intentaba ocultaras bolsos cargados de dólares en un convento, ha recibido 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar un cargo público.

En la víspera de la sentencia, Kirchner había vuelto a anticipar una sentencia condenatoria. En su alegato final el pasado 23 de septiembre, la expresidenta argentina (2007-2015) declaró que no estaba frente a un tribunal sino ante “un pelotón de fusilamiento”. El juicio ha dividido a Argentina entre quienes consideran a Kirchner una política corrupta y quienes defienden su inocencia acusando al tribunal de querer destruir las aspiraciones presidenciales de Kirchner de cara a las elecciones de octubre de 2023. Laguado considera que “los chats entre tres jueces con los directivos de Clarín que intervienen directamente en causas contra Cristina muestran la colisión entre el poder judicial, empresarial y mediático”: “La oposición defenderá que estas conexiones no están relacionadas con la condena a Kirchner”.

El peronismo no ha convocado este martes movilizaciones de apoyo como suele organizar en días claves del juicio a Kirchner que ha marcado los últimos meses de la política argentina. Pese a ello, algunas agrupaciones y colectivos reunieron a seguidores de Kirchner ante los tribunales federales de Comodoro Py en Buenos Aires, donde los magistrados leyeron la sentencia poco después de las cinco y media de la tarde, 9 y media de la noche en España, en una calorosa tarde en la capital argentina. La justicia mantiene abiertas varias causas judiciales contra la vicepresidenta argentina. “Tengo dudas sobre si habrá reacción popular. Cristina no quería hoy acciones en la calle porque quería que todo el mundo oyera su locución. Es difícil prever que va a pasar”, subraya Laguado. “El gobierno está muy alejado del kirchnerismo. Alberto Fernández es tremendamente institucionalista, contrario a la movilización en las calles clásicas del peronismo”.

En vísperas de la sentencia, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció el lunes que pedirá la apertura de una investigación sobre el lujoso viaje realizado por un grupo de jueces, fiscales, exfuncionarios públicos y exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia. Fernández ha viajado este martes a Montevideo para asistir a la Cumbre del Mercosur. El mandatario argentino mantiene una tensa relación con Kirchner marcada por el escaso diálogo entre ellos. A última hora de la tarde del martes en Argentina, medianoche en España, el mandatario argentino no se había pronunciado sobre la sentencia contra su vicepresidenta.

Durante el juicio, Fernández ha respaldado a Kirchner y, en línea con el discurso de su vicepresidenta, ha acusado a los jueces del caso de falta de independencia. Kirchner suele comparar su caso con el del presidente electo de Brasil, Lula da Silva, quién pasó más de 500 días en prisión condenado por corrupción. Su condena fue anulada más tarde por la falta de parcialidad del juez Sergio Moro, ministro de Justicia de Bolsonaro tras condenar a Lula, y el líder del Partido de los Trabajadores de Brasil pudo volver a ser candidato presidencial en octubre en las elecciones presidenciales. El catedrático de Ciencia Política de CLASON considera que la sentencia “es claramente una jugada política similar a lo sucedido con Lula”.

Pocos meses después de terminar la instrucción en marzo de 2018, comenzó el juicio que ha marcado buena parte de la vida política argentina estos últimos años. Tras tres años y medio de audiencias, uno de los jueces ha leído las condenas contra Kirchner y los otros doce acusados por los sobrecostes en la construcción de carreteras y otras obras públicas en Santa Cruz, una provincia de la Patagonia al sur del país.

El fiscal Diego Luciani, encargado de la causa, cuantificó que “el daño ocasionado” al Estado “asciende a 5.231 millones de pesos”, 29,4 millones de euros, en las 51 licitaciones otorgadas a Báez por valor de 46.000 millones de pesos argentinos, 259 millones de euros, el 79% de las obras públicas en Santa Cruz durante el periodo en el que los Kirchner gobernaron Argentina. En su alegato final en septiembre, el fiscal Luciani determinó que hubo los acusados se distribuyeron los sobrecostes en 24 obras ahora abandonadas a medio terminar y en otros 39 contratos suponían. Y elevó el coste al Estado a “1.000 millones de dólares”.

El expediente sobre la corrupción en Santa Cruz, donde el empresario Lázaro Báez llegó a presentarse contra sí mismo en varios concursos públicos, comenzó en 2008 con la denuncia de varios diputados de la oposición. La causa quedó en manos del juez Julián Ercolini, pero el caso no avanzó hasta que Kirchner dejó el gobierno en 2015. Poco después, el director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, presentó un informe ante la justicia con decenas de irregularidades detectadas en los contratos que le habían otorgado a Báez.

En vísperas de la sentencia, el presidente argentino, Alberto Fernández, dio un mensaje en la Cadena Nacional la tarde del lunes para anunciar que pedirá a la Justicia que investigue a empresarios, jueces, fiscales y exfuncionarios públicos por presuntamente integrar una red clientelar de favores y corruptelas. La filtración de los mensajes de Telegram para construir una coartada entre quienes habían participado en un encuentro en Lago Escondido ha agitado aún más la política argentina antes de conocerse la sentencia a Kirchner: “Todo parece indicar que ha quedado al descubierto una vez más el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios”, declaraba el presidente Fernández. Las disputas internas en el peronismo se han congelado los últimos días a la espera de la sentencia a Kirchner. Los lideres de la coalición gobernante esperaban una condena contra la vicepresidenta argentina, informaba La Nación. “El presidente Fernández ha desmovilizado al peronismo”, remarca Laguado.

Desde sus inicios como senadora en los años 90, Kirchner nunca había visto tan amenazado su futuro político. La expresidenta argentina es la figura política más popular de Argentina, una persona que polariza a los argentinos y defiende “las conquistas sociales” del peronismo. Kirchner sobrevivió en septiembre a un intento de asesinato fallido que conmocionó a la nación sudamericana. El pasado 1 de septiembre, en las últimas semanas de este juicio antes de ser visto para sentencia, un hombre de 35 años, Fernando Sabag Montiel, aprovechó que una multitud de simpatizantes apoyaba a Kirchner para acercarse a ella y apretar el gatillo de su pistola Bersa calibre 32. La investigación concluyó que el arma no se disparó porque Sabag no cargó bien su pistola.

Pese a que las pruebas señalaban que hubo un plan de un grupo de ultraderechistas para asesinar a Kirchner, muchos argentinos están convencidos de que se trató de un auto atentado planeado por Kirchner para mejorar su imagen ante una posible sentencia en esta causa. Sabag está en prisión preventiva junto a su novia, Brenda Uliarte, y Nicolás Carrizo, presunto líder de la banda ultraderechista Los Copitos, acusados de planear el magnicidio junto a Sabag.

“La sentencia ya está escrita”, aseguraba Kirchner en sus últimas palabras ante el tribunal. Durante un discurso de hora y media, Kirchner responsabilizó a los jueces y fiscales del atentado sufrido a las puertas de su domicilio. Mientras a los argentinos les une la esperanza de lograr su tercer Mundial de Fútbol a la espera de su duelo de cuartos de final contra Holanda el viernes, la sentencia de seis años contra Kirchner por administración fraudulenta divide a la sociedad argentina. “En los bares y las plazas, la gente está más preocupada por el Mundial y porque no le alcanza la plata que por la sentencia a Kirchner”, apunta desde Buenos Aires el catedrático de Ciencias Políticas.

Tras meses de aumento de la polarización política protagonizados por este juicio y el atentado fallido contra Kirchner, el gobierno argentino y el peronismo debe limar sus diferencias para definir un candidato a la Presidencia en las elecciones previstas el 22 de octubre del año próximo. Laguado subraya que “la fuerte polarización en Argentina se va a mantener, como en casi toda América Latina”. Las carreteras sin concluir en Santa Cruz y la condena por corrupción amenazan a la política más conocida de Argentina, cuyos escándalos y políticas progresistas han centrado buena parte de la política argentina las dos últimas décadas. La pena de seis años a la vicepresidenta argentina y su inhabilitación de por vida no cierra la intensa división en Argentina en torno a Kirchner.