Jeanine Áñez será juzgada por “golpe de Estado” en Bolivia mientras permanece en huelga de hambre

El juicio contra la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez comenzó ayer en La Paz. La dirigente que se atrevió a asumir el mando en Bolivia tras l caída de Evo Morales y su marcha a México en 2019 se enfrenta a una condena por «golpe de Estado». También tiene causas abiertas por terrorismo, sedición y genocidio. Áñez, de 54 años, será juzgada junto a ocho antiguos militares acusados igualmente de respaldar el levantamiento contra el gobierno socialista de Morales. Heroína para muchos, pero villana para los leales a Morales y para el gobierno del presidente Luis Arce, Áñez lleva once meses en prisión, un periodo en el que sus abogados han denunciado distintos abusos de las autoridades. «Asumí la presidencia de Bolivia sin pedirlo, sin buscarlo y mucho menos esperarlo... con la única misión de llamar a elecciones y pacificar el país en convulsión», aseveró el martes Áñez en una carta que firmó como «presa política». La dirigente inició el miércoles una huelga de hambre, mientras su abogado, Luis Guillén denunció ante los medios que el documento por el que se abre juicio contra ella es una «presentencia» que la condena de antemano y que calificó de «inconstitucional».

Para el Gobierno de Luis Arce y para las autoridades bolivianas, Áñez debe responder por haber violado la Constitución, haber encabezado un gobierno ilegítimo y por haber ordenado la represión de las protestas en su contra, que dejaron un saldo de 22 muertos y que un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos definió como «masacres».

La crisis política que acabó con Áñez entre rejas se desató en octubre de 2019, cuando Morales se postuló a un cuarto mandato presidencial pese a haber perdido un referéndumsobre si debía permitírsele superar el límite constitucional de periodos en el poder. En medio de una fuerte convulsión social y acusaciones de fraude, finalmente los mandos militares y policiales le dieron la espalda y salió del país.En medio de un vacío de poder y tras la renuncia de los cargos institucionales que según la Carta Magna deberían haber asumido el poder, la abogada y expresentadora de televisión Jeanine Áñez asumió una presidencia interina que debería llevar a Bolivia a nuevas elecciones.Esas elecciones, aplazadas dos veces, según Áñez y su gobierno debido a la pandemia, terminaron celebrándose en octubre de 2020 con la victoria clara de Arce, delfín de Morales, u el retorno al poder del Movimiento Al Socialismo (MÁS) del líder cocalero.

Comenzó entonces la persecución a Áñez, cuya situación ha sido objeto de preocupación desde que entró en la cárcel. Este martes, un grupo de 21 expresidentes latinoamericanos instó por carta a la ONU a visitarla y velar por sus derechos.

Su defensa ha denunciado arbitrariedades y asegura que por su condición de expresidenta no pudede ser juzgada por un tribunal ordinario. El letrado Guillén señaló que “no puede ser un tribunal ordinario quien decida qué es constitucional”. Según él, lo que corresponde es un juicio por responsabilidades en el Congreso.

Sin embargo, tanto el Gobierno como la Fiscalía sostienen que se juzga a Áñez por acciones previas a su gobierno, por lo que la jurisdicción ordinaria es competente. En definitiva, para Arce, Morales y los suyos, Áñez no es una expresidenta, sino una conspiradora golpista.