El plan del opositor Henrique Capriles en el polvorín venezolano

La oposición venezolana está en pleno proceso de reconfiguración. Los comicios convocados para diciembre, la elección de una nueva Asamblea Nacional en un proceso calificado como no democrático por los adversarios de Maduro, Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros actores. La amnistía a 110 perseguidos políticos, incluyendo a 50 personas encarceladas, decretada por el gobernante chavista es prueba de ello.

Las lecturas abundan. El proceso, resultado de una negociación todavía en curso entre actores opositores y el régimen de Maduro, se pone bajo la lupa sobre sus alcances. Mientras el régimen habla de «pasos hacia la reconciliación», desde la otra acera no hay uniformidad de criterio sobre su significado.

Hay quienes ven una intención del Gobierno por darle legitimidad electoral a las parlamentarias y gestos para aligerar las sanciones internacionales. «Los indultos decididos por Maduro evidencian que hay un gobierno desesperado por legitimarse, el aislamiento internacional le resulta intolerable, y además las sanciones internacionales le pasan factura», considera el politólogo venezolano Fernando Spiritto. Se asume cauteloso porque, afirma, el régimen no da pasos sin cálculos políticos, y falta conocer qué tan caro resultará para la oposición mayoritaria el perdón presidencial.

«Maduro necesita que un sector de la oposición participe en las elecciones, y si no participan, queden como irresponsables radicales que no están dispuestos a ceder mientras él si», opina el politólogo Ángel Álvarez.

Héctor Briceño, del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, apunta un gran elemento diferenciador. “Si hubo una negociación, ésta sería la primera vez que el gobierno no la sabotea haciéndola pública. También sería la primera vez que hace una concesión negociada. Si no hubo negociación, sería la primera vez que el gobierno hace una concesión antes de iniciarla”.

El decreto firmado por Maduro en el que otorgó los indultos se insiste en que la elección de diciembre es una oportunidad histórica, asociando una cosa con la otra. La analista Carmen Beatriz Fernández, profesora venezolana de la Universidad de Navarra, se pregunta qué se busca a cambio de las liberaciones y responde: «que parte de la comunidad internacional reconozca al nuevo parlamento post-electoral (cuya elección podría incluso postergarse)». Añade que «obviamente no se trata de una súbdita rectificación democrática del régimen» y, al mismo tiempo, implica «un reseteo al interior de las fuerzas democráticas».

Este martes ha corrido el rumor de que las inhabilitaciones políticas, que han impedido la participación de los principales dirigentes opositores en eventos electorales desde hace un lustro, pudieran ser levantadas. El comentario pone en el centro a Henrique Capriles, excandidato presidencial que ha liderado el actual proceso de negociación y no puede presentarse a ninguna votación.

El también exgobernador de Miranda lo niega, y ya ha dicho antes que no aspira a ser diputado. Su posición ha sido contraria a la abstención planteada por Juan Guaidó y por su propio partido, aunque aún no anuncia si impulsará candidatos con una plataforma electoral que sí controla. Una exigencia central sería, según fuentes de su entorno, la postergación de las elecciones por la pandemia y para acordar condiciones democráticas aceptables

Cinco oposiciones

La oposición ahora tiene varios bloques: el liderado por Juan Guaidó, el que encabeza Capriles, los agrupados en una mesa de diálogo con el régimen desde hace un año y negociaron las elecciones, el chavismo disidente incluyendo al Partido Comunista, y la posición más «radical» que plantea el sector que representa María Corina Machado.

El primero esta semana avanza en la construcción de una ruta unitaria, con pleno respaldo de la Casa Blanca, como lo confirmó el embajador James Story. Guaidó cuestionó que las liberaciones no fueron a todos los presos, y afirmó que el gesto, aunque positivo, no abona a la reconciliación del país pues ello pasará cuando haya respeto institucional a la democracia.

Los segundos empujan por mejorar las condiciones políticas y electorales. Capriles dijo que «nadie se está engañando, los venezolanos sabemos a qué nos enfrentamos. Aún así tenemos viva la esperanza de que a nuestro país vuelva la democracia, que se acabe el horror de la persecución y que se abran caminos para que los venezolanos decidan su futuro en paz», escribió en Twitter.

Los terceros comenzaron su precampaña electoral y tienen candidatos, aunque no van en unidad interna. Los cuartos acusan a Maduro de haber abandonado el legado de Hugo Chávez. Y los últimos llaman a conformar una fuerza internacional que deponga al régimen «criminal y narcotraficante» que gobierna Venezuela.

La dinámica interna también tiene su influjo desde afuera. Estados Unidos, en voz del enviado especial Elliot Abrams, dijo este lunes que las posiciones de Machado que aspiran a una intervención extranjera son «realismo mágico». Este martes, Washington afirmó que no se dejará engañar por «acciones simbólicas» como las liberaciones, que calificó como «restauración de derechos retirados ilegalmente».

La Unión Europea se tomó como una «buena noticia» la decisión de Maduro, así como «una condición sine qua non para seguir avanzando en la organización de unas elecciones libres, inclusivas y transparentes». Mientras que la alta comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet, dijo que la decisión es «un paso significativo en los esfuerzos en favor de la apertura del espacio democrático y de la mejora de la situación de derechos humanos en el país».

El Ministerio de Exteriores de España valoró positivamente los indultos pero reafirmó que “la crisis no podrá resolverse sin elecciones democráticas en las que todas las fuerzas y candidatos puedan concurrir con las debidas garantías”.