El fiscal incorpora in extremis al juicio un informe sobre el fraude fiscal de Ana Duato

El juicio del "caso Nummaria" -que sienta en el banquillo a Imanol Arias y Ana Duato por fraude fiscal por ocultar supuestamente sus ingresos por la serie "Cuéntame cómo pasó"- ha arrancado en la Audiencia Nacional con el anuncio del fiscal Anticorrupción Tomás Herranz de la incorporación in extremis al procedimiento de un informe sobre las cuotas defraudadas por la actriz, para quien solicita una condena de 32 años de prisión por siete delitos tributarios. Duato se ha negado a llegar a un acuerdo de conformidad con las acusaciones, a diferencia de lo que ha hecho -como ha adelantado LA RAZÓN- Imanol Arias, que según las fuentes consultadas finalmente ha aceptado el fraude fiscal cometido entre 2010 y 2014 (en otros dos ejercicios fiscales se le ha retirado la acusación) a cambio de una pena inferior a dos años que evita su ingreso en prisión. El protagonista de Cuéntame, como su compañera de reparto, ya se ha puesto al día con la Agencia Tributaria. Además, otra parte de ese acuerdo ya se ha cumplido, pues tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han retirado la acusación respecto a su hermana, Ana Isabel Arias, que ya ha podido abandonar la sala.

En su inicial turno de palabra, el representante de Anticorrupción ha informado al tribunal de que ayer se incorporó al procedimiento "un informe de auxilio judicial sobre las cuotas defraudadas por Ana Duato, que fue solicitado a raíz de las alegaciones de su escrito de defensa", cuyo alcance para la situación procesal de Ana Duato está por determinar, pues las partes no han tenido aún acceso al mismo, aunque en su intervención el fiscal aludió a ciertos problemas informáticos en el volcado del contenido. La defensa de Ana Duato confía en que la Fiscalía termine retirando la acusación por cuatro de los siete delitos fiscales que le imputa, (por el supuesto fraude fiscal en el IRPF de 2014 a 2017 al no tributar 41 capítulos de la serie), dado que la Agencia Tributaria, tras recalcular esas cuotas defraudadas, considera que no superan los 120.000 euros anuales que determinan la existencia de delito fiscal.

La presidenta del tribunal ha eximido a la treintena de acusados de acudir diariamente al juicio, salvo en la jornada que les corresponda declarar y, en la última sesión, para el turno de última palabra. Asimismo, la magistrada ha dejado claro que las personas que han llegado a un acuerdo de conformidad declararán en primer lugar. El abogado de Imanol Arias, por su parte, ha pedido que su declaración se adelante "lo máximo posible" porque "es actor y tiene funciones en el extranjero, en Argentina".

En el turno de cuestiones previas, el abogado del supuesto "cerebro" de la trama defraudatoria, Fernando Peña -que se enfrenta a una petición de condena de casi 300 años de prisión, pues la Fiscalía le sitúa al frente de una organización criminal- ha solicitado la nulidad de las actuaciones por lo que considera una vulneración de los derechos fundamentales de su cliente, a quien según ha afirmado se ha conculcado su derecho de acceso al procedimiento y a proponer prueba.

El abogado de Peña cuestiona a la jefa de la Oficina Antifraude

El origen de esa supuesta irregularidad se sitúa en los registros llevados a cabo en abril de 2016 en los dos despachos de Nummaria, 90 terabytes de información profusa sobre las contabilidades de los acusados y sus empresas, "la principal prueba de cargo", que fueron custodiados en las oficinas de la ONIF, la Oficina Antifraude, a los que no tuvieron acceso las defensas hasta que las diligencias se transformaron en procedimiento abreviado, se ha quejado el abogado Antonio Camacho, que también defiende a Begoña Gómez en la causa abierta contra ella en un juzgado de Madrid.

"El juzgado puso toda la documentación en manos de la acusación particular. Es como si en un asesinato se dejara en manos de la familia, acusación particular, el arma, los proyectiles y la ropa del fallecido", ha denunciado el letrado, para quien la cadena de custodia que debe garantizar la integridad de las pruebas "no ha existido en ningún momento".

"Se nos ha hurtado la documentación en la que se basan los informes que señalan las cuotas defraudadas", ha lamentado al tiempo que ha incidido en que, de esta forma, la acusación "ha tenido una información muy sensible a la que en ningún momento se nos ha permitido acceder", provocando así indefensión en los acusados "y una quiebra del principio de tutela judicial efectiva".

Pero el abogado de Fernando Peña ha ido más allá y ha cuestionado incluso el papel de la responsable de la ONIF, que en su opinión "debería haberse abstenido de intervenir en esta investigación" porque su cónyuge -investigado en la AN- "fue socio durante mucho tiempo de mi defendido" y en su despacho "había mucha documentación al respecto que no se ha podido localizar". Y es que según Camacho "miles de archivos fueron borrados o modificados mientras se impedía a las partes acceder a la documentación". "Sorprende que la directora de la ONIF acceda a documentación sobre el socio de su pareja, por lo que debería haberse abstenido", ha insistido.

Ya más centrado en la acusación, Camacho ha recalcado que "ningún informe señala una ocultación de ingresos de los investigados", sino que cuestionan que tributaran sus ingresos a través de una empresa y no como renta personal en el IRPF. Y ha dejado claro que además de defenderse de las acusaciones contra él, como responsable del despacho Nummaria Peña "responde por todos y cada uno de los delitos" atribuidos al resto de acusados, clientes e integrantes de su despacho.

"Con estos mimbres y estas dudas nos introducimos en un juicio que tiene los pies de barro", ha concluido el abogado.

Entramado de empresas pantalla

Aunque las declaraciones de la casi treintena de acusados no comenzarán hasta el próximo martes -ese día lo hará Ana Duato y 24 horas después, Imanol Arias-, la vista oral arranca hoy con la fase de cuestiones previas (que se prolongará hasta el miércoles). El juicio del "caso Nummaria" se celebra ocho años después de que en abril de 2016 estallara la "operación City" con el registro del despacho Nummaria liderado por el principal acusado, el abogado Fernando Peña, que también se sienta en el banquillo y para quien la Fiscalía solicita la pena más alta, casi 300 años de prisión, pues la sitúa al frente de una organización criminal cuyo objetivo era defraudar a Hacienda los ingresos profesionales de sus clientes a través de un entramado de testaferros y empresas off shore. En el caso de los dos actores, según Anticorrupción se habrían servido de esa estructura para ocultar sus ingresos, fundamentalmente los obtenidos por su participación de "Cuéntame cómo pasó",

A Ana Duato, el fiscal le imputa tres delitos fiscales en el IRPF de 2010 a 2012, por haber tributado parte de sus ingresos a través del Impuesto de Sociedades, y otros cuatro por los ejercicios fiscales de 2014 a 2017, porque según Anticorrupción no incluyó 41 capítulos de la serie en sus declaraciones, algo que niega la defensa de la actriz, que ya se puso al día con Hacienda ingresando las cantidades reclamadas con sus correspondientes recargos e intereses.

En cuanto a Imanol Arias, quien como informó este periódico ultima un acuerdo de conformidad con la Fiscalía -que le permitiría ver reducida su petición de condena a menos de dos años de prisión a cambio de admitir la defraudación tributaria, algo a lo que se niega su compañera de reparto-, se enfrenta a una pena de 27 años de cárcel por seis delitos fiscales entre 2009 y 2015.

Entre los acusados también se encuentra Miguel Ángel Bernardeau, marido de Ana Duato, para quien el fiscal Anticorrupción Tomás Herranz pide 18 años de prisión por cuatro delitos fiscales, aunque Hacienda ya no ve delito en tres de esos ejercicios (2012, 2013 y 2014) tras recalcular las cuotas incluyendo lo que pagó por el Impuesto de Sociedades. Su defensa se centrará por tanto en intentar acreditar ante el tribunal que el delito fiscal que se le imputa por su declaración de 2011 está prescrito.