«Zona catastrófica» siete días después

Cuando se cumple una semana desde que la DANA golpeara con virulencia la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, causando más de 200 muertos, según el cómputo actual, el Gobierno se reunirá hoy en un Consejo de Ministros ordinario para aprobar las primeras medidas para paliar el impacto de la misma. Siete días después. La previsión, según fuentes gubernamentales consultadas, es que la reunión del Gabinete sea monográfica y no se ha valorado la urgencia de convocarla de manera extraordinaria pese a la magnitud de la tragedia. En su comparecencia del pasado miércoles, 24 horas después del temporal, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, utilizó la trampa retórica de avanzar que el Ejecutivo aprobaría la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, lo que se conoce coloquialmente como «zona catastrófica», en «el Consejo de Ministros inmediato».

La apariencia de inmediatez no era más que un trampantojo para trasladar sensación de premura y de proactividad. Una premura que no es tal y que contrasta con otras situaciones en las que el Gobierno sí que consideró la excepcionalidad de convocar una reunión extraordinaria del Gabinete, como el pasado 8 de marzo con motivo del Día de la Mujer o por la sequía para adoptar medidas para el campo. En la reunión de hoy, se prevé que se apruebe una batería de ayudas económicas, fiscales y laborales y los distintos ministerios se han movilizado también con la preparación de fondos extraordinarios para los territorios afectados. El Gobierno buscará, a través de una comisión interministerial, agilizar la puesta en marcha de estas medidas para la reconstrucción.

La declaración de zona gravemente afectada viene recogida en la Ley 17/2015 del 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil y será la que previsiblemente se conceda a las zonas más castigadas por el temporal de la Comunidad Valencia y Castilla-La Mancha, pero también podría hacerse extensible a Andalucía, Cataluña y Aragón. Ésta permite la puesta en marcha de «medidas de reparación, por ejemplo, la exención o reducción coyuntural de impuestos y moratorias en el pago de cotizaciones de la Seguridad Social».

Dentro de las medidas a aprobar se encuentran ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad; compensación a Corporaciones Locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables; ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal o de bienes; ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios; subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular; ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina o la apertura de líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial, entre otras. Más en detalle, el Ministerio de Hacienda suspenderá el cobro del segundo pago del IRPF para los contribuyentes de las zonas afectadas por la DANA, también levantará la mano con el gasto público, para que la Comunidad Valenciana no tenga restricciones a la hora de acometer las medidas que necesite para hacer frente a la emergencia. En la misma línea, habrá exenciones en la cuota del IBI o la reducción del impuesto sobre Actividades Economías. Además, se volverá a recurrir a los ERTE y se vehiculará a través de las instituciones europeas –tal como avanzó el propio Pedro Sánchez– la activación del fondo comunitario de solidaridad y otros recursos europeos de apoyo en caso de catástrofes y se reforzarán los equipos de las delegaciones y subdelegaciones del Estado para la agilización de la gestión y la concesión de las ayudas.

El Consejo de Ministros para declarar la «zona catastrófica» no es lo único que llega tarde. Los grupos de trabajo conjunto que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, calificó como de «acción inmediata» se constituyeron ayer, seis días después. Los grupos, que estarán dirigidos por distintos consellers de la Generalitat, se dividen en sanitario, infraestructuras, servicios sociales y vivienda, empleo y empresas, e interior y en ellos se integrarán –atendiendo la petición del propio Mazón– los ministros del ramo: Mónica García, Óscar Puente, Pablo Bustinduy, Isabel Rodríguez, Yolanda Díaz, Carlos Cuerpo y Fernando Grande-Marlaska. Siete ministros para los cinco grupos de trabajo y, en función de las necesidades, desde Moncloa confirman que podrán incorporarse también secretarios de Estado.