Más de dos millones en «mordidas» entre 1995 y 2013

Alaya habla en sus autos de un delito de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos en su condición de «extraneus», falsedad en documento público y asociación ilícita. La «operación Enredadera», surgida del «caso Madeja», desvela un modus operandi basado en el pago de «mordidas», establecido como «práctica habitual» y con cargo al erario público. Una red de la que eran partícipes empresarios y funcionarios de las instituciones que se «vendían» por cantidades millonarias en ocasiones y, en otras, por «regalos», como viajes a Panamá, caviar, champán o un «pocket PC». El fraude abarca de 1995 a 2013. Las comisiones superan los dos millones de euros, de los cuales un millón lo habría recibido un trabajador de ADIF; otros 400.000 euros, otro trabajador de la misma empresa, mientras que un representante de IU en el Ayuntamiento de Sevilla habría percibido presuntamente 155.000 euros y el jefe de Carreteras de la Diputación hispalense, 111.000 euros. Con los contratos de «desbroce» de Fitonovo, se esquilmaba la Hacienda Pública.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil puso ayer en libertad a 22 de los 32 detenidos en la «operación Enredadera», la tercera fase de la «operación Madeja». En el auto por el que se impone una fianza de 180.000 euros a un directivo de Fitonovo, Juan Andrés Brugueras, al que accedió LA RAZÓN, la jueza detalla que en Fitonovo «se han evidenciado múltiples retiradas de dinero en efectivo para el pago a funcionarios y de instrucciones impartidas a los comerciales» para «el logro de contratos públicos». «La primera evidencia» data de 1997, cuando «se entrega a un funcionario de Renfe en Jaén , llamado J. Romero (gerente de ADIF en Jaén), 911.000 pesetas como consta en un recibo firmado» y hallado en uno de los discos duros intervenidos. Brugueras «tenía a su cargo a la mayor parte de los comerciales y buena parte de los contratos de la Administración estaban bajo su supervisión directa».

La Guardia Civil intervino correos en los que se explica el procedimiento para que las ofertas públicas se adjudicaran a Fitonovo, en relación a «una obra que se licitaría por la Diputación de Jaén y en la que estaría en connivencia con el funcionario Miguel Ángel Cruz Garrido, el cual recibiría en contraprestación equipos electrónicos como regalo». Francisco Javier Navarrete, según el auto, sería el comercial responsable de Extremadura y quien en agosto de 2013 le explicara a su superior cómo articular una oferta «por indicación del funcionario de dicha comunidad José Mª Pizarro, por importe de 40.000 euros para desbroce (...) tratándose de articular una concurrencia ficticia para garantizar la adjudicación (...) dado que las tres empresas que se invitaban al procedimiento estaban controladas por Rafael González Palomo, José Antonio González Baro y el propio imputado», esto es, los dueños de Fitonovo y su jefe comercial. «Como contraprestación, este funcionario recibía comisiones periódicas». La jueza señala como ejemplo de la «práctica permanente» un acta de noviembre de 2008 «en la que se acuerda la retribución a un funcionario de ADIF (el 4% del contrato), que se compensaría por la empresa con la no ejecución de los trabajos comprendidos en el contrato público en determinados tramos». «En los registros realizados se han hallado evidencias, además, de cómo existían acuerdos con otras empresas para repartirse la contratación pública, llegando a acuerdos entre las mismas sobre las ofertas a presentar, los contratos de los que resultaría adjudicataria cada una, o la subcontratación de los trabajos una vez adjudicados». La magistrada explica que «en las sedes de Fitonovo y Fiverde se han hallado numerosos recibos (...) para el pago de comisiones a funcionarios como contraprestación por beneficiar a Fitonovo en la adjudicación o ejecución de contratos».

En los correos electrónicos se emplea el término «mordida», por ejemplo, que suman un total de 20.000 euros para el jefe de planeamiento de la demarcación de carreteras de Andalucía occidental de Fomento, Rubén Francisco Galeote, incluyéndose dicha «mordida» en el precio total de la obra. A Alfonso Martín Barroso, ingeniero de obras públicas de Fomento en Huelva, se le habrían pagado 67.336,89 euros, señala el auto. Todo ello se acreditaría «por los archivos hallados y correspondientes a la “caja B” de Fitonovo». Además, en este caso se acredita un ingreso de 3.600 y de 600 euros en la cuenta de la hija del funcionario.

Las claves de la trama

CONNIVENCIA La magistrada relata la «connivencia entre el funcionario y Fitonovo para facturar un importe superior al realmente ejecutado y obtener así un beneficio para ambos con cargo a las arcas públicas», poniendo el ejemplo del aumento de facturación desde 2006 a la Junta de Extremadura.

«MORDIDAS», MÁS FACTURACIÓN «Cuando comienzan los regalos a Miguel Ángel Cruz en 2005, empieza a incrementarse la facturación de Fitonovo en la Diputación de Jaén», pasando de 48.000 euros en 2003 a 465.572 euros en 2011.

MACROCONTRATOS Fitonovo tiene una importante facturación con ADIF, destacando el ejercicio 2008 «que coincide con un macrocontrato por la prevención de incendios». Se «pagaría tanto al gerente como al técnico de infraestructuras» en muchas zonas y se cita Córdoba, Sevilla y Zaragoza.