Marlaska respalda el sistema de escuchas que puede liberar a Sito Miñanco: "No constan irregularidades"

El Ministerio del Interior defiende a ultranza la gestión del sistema de escuchas de Egobox. "No permiten su manipulación o cambio", destalla en una respuesta parlamentaria el departamento de Fernando Grande-Marlaska. A pesar de ello, este software será una de las claves que decanten la balanza en el juicio contra el narco José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco.

El pasado mes de febrero Junts trasladó varias preguntas sobre Egobox al Ministerio del Interior. Buscaba conocer los protocolos de este sistema y también los procedimientos de adquisición. Y es que el abogado de Carles Puigdemont Gonzalo Boye es uno de los investigados en la causa de Sito Miñanco.

No obstante, el departamento de Fernando Grande-Marlaska tampoco proporcionó una gran información al partido independentista. "El uso de este tipo de sistemas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se hace en el contexto de sus actuaciones como policía judicial específica, lo que implica que se enmarcan en investigaciones de procesos judicializados", comienza el documento al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Cabe reseñar que Egobox es un sistema de escuchas ambientales que está habilitado judicialmente gracias a la reforma de la LECrim del 2015. Esta modificación permitía el uso de dispositivos de grabación de conversaciones en vehículos o locales. El programa está fabricado exclusivamente por la empresa italiana Innova y, en España, la sociedad Fortier Europe es la única que tiene autorización para su comercialización.

Interior: "No consta irregularidades"

Desde Interior se defiende que estos sistemas "encriptan los datos que recaban y generan códigos únicos para cada archivo, de forma que no permiten su manipulación o cambio, ya que se generaría un archivo nuevo, con diferente código". "Esto permite la verificación y la trazabilidad por parte de las autoridades judiciales", subrayan.

Para finalizar, el área de Marlaska resume que "no consta irregularidad alguna en el uso de estas tecnologías ni su uso fuera de los cauces legalmente establecidos". "Este Ministerio no interfiere en las investigaciones y procedimientos judiciales ni consta comunicación que haya puesto en conocimiento cualquier irregularidad", concluye.

A pesar de todo ello, el uso de estos dispositivos está en el foco de la polémica pero el Ministerio del Interior ha vuelto a licitar la adquisición de este programa para luchar contra las organizaciones criminales de la droga en el Estrecho de Gibraltar.

Fortier Europe tiene su sede en un chalet de Boadilla del Monte donde, al menos desde afuera, no se intuye actividad comercial. Esta empresa, desde su creación, ha conseguido más de diez millones de licitaciones públicas con este tipo de productos.

Egobozx y Sito Miñanco

Y es que las escuchas recogidas por los micrófonos se trasladan directamente a Egobox donde acaban guardadas. El volcado de esta información se tiene que hacer delante de un secretario judicial, sin embargo, la defensa de Sito Miñanco denunció que en su caso no se produjo esta circunstancia clave. Las escuchas de Egobox fueron determinantes para que la Policía Nacional consiguiera los datos para abordar el buque Thoran en 2017 cuando se encontraba en el Atlántico.

En el juicio contra el conocido narco se produjo el careo entre uno de los peritos de las defensas y un experto policial en la materia. Se desarrolló en dos jornadas. Cada uno de ellos detalló de forma concienzuda los argumentos para validar o anular este sistema de escuchas ambientales.

El sistema de Egobox ha sido suministrado en los últimos años a las unidades de élite de la Guardia Civil y la Policía Nacional. La empresa ubicada en Boadilla del Monte ha proporcionado material a grupos como la UCO, Asuntos Internos de la Guardia Civil o la Comisaría General de Información.

Fuentes policiales destacan a LA RAZÓN que estas escuchas ambientales ayudan en muchas investigaciones pero no tienen la capacidad de Sintel, el sistema de 'pinchazos' telefónicos, a la hora de reunir las pruebas de las diligencias.