Busca en el PNV un aliado para acometer su reforma de la Constitución y se compromete a persuadir al Gobierno para promover el acercamiento de presos o el autogobierno.

Pedro Sánchez viajó ayer a Vitoria con el ánimo de «recuperar» la relación con el PNV ahora que ha recobrado la dirección del PSOE. El vínculo entre ambas formaciones es fructífero en el País Vasco, donde han firmado un gobierno de coalición que cumple los objetivos fijados, pero no así a nivel estatal, donde los jeltzales se han alineado con el Gobierno de Mariano Rajoy –garantizando su estabilidad– para aprobar los Presupuestos o el techo de gasto. En esta ocasión, el líder socialista iba con su iniciativa de reforma constitucional debajo del brazo para granjearse el apoyo de los nacionalistas en la apertura de los trabajos para modificar la Carta Magna en el Congreso de los Diputados. Por ello, Sánchez no ahorró en gestos y se refirió al País Vasco como una «nación», reiterando su compromiso de reconocer la «plurinacionalidad» de España en la Constitución. Según fuentes socialistas, el PNV se mostró «a favor» de abrir el debate territorial y de la posibilidad de ofrecer soluciones ante la crisis de este modelo, pero también reconocieron cierto escepticismo en los jeltzales, ya que «aunque no dan la espalda a la reforma, tampoco manifestaron su compromiso pleno». A pesar de ello, los socialistas definieron como «satisfactoria» la reunión y vieron en la «coincidencia en abordar una reflexión compartida y serena sobre el modelo de Estado que fructifique en una nueva estructura territorial que ahonde en la plurinacionalidad del Estado» un síntoma de que el objetivo de la visita estaba conseguido.

En las dos horas de duración de la reunión con el lendakari, Iñigo Urkullu, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, Sánchez también se comprometió a defender en Madrid los compromisos alcanzados entre ambas formaciones en el Programa de Gobierno Vasco de Coalición, respaldando reivindicaciones prioritarias para el Ejecutivo vasco como la profundización del autogobierno o el reconocimiento de transferencias: en el ámbito de la gestión económica de la Seguridad Social, sin romper la Caja Unica de las pensiones, y en el ámbito de las prisiones –sin abarcar la política penitenciaria, reservada al Gobierno central–. Aunque esta cuestión no se pueda transferir, el PSOE sí se mostró dispuesto a «promover y ayudar» a «persuadir» al Ejecutivo de Rajoy para que impulse «una política penitenciaria diferente» que responda «a la nueva situación social» que vive el País Vasco. Esto es, promover el acercamiento de presos y la reinserción, como viene recogido en el acuerdo de Gobierno entre PNV y PSE, en «aras de la normalización de la convivencia».

Esta reivindicación no es nueva y su negociación ya estaba muy avanzada en 2016 de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Tal como adelantó LA RAZÓN entonces, la transferencia al Gobierno vasco de las competencias en materia penitenciaria era una de las condiciones que los nacionalistas plantearon a los socialistas para apoyar a su candidato a La Moncloa. El asunto de los presos, aunque ha perdido protagonismo en la vida política en los últimos años, resulta fundamental para el independentismo vasco, pues quien controle la salida de los reclusos y la vuelta de los huidos, se apuntaría un «tanto» ante el de la opinión pública alineado con las tesis abertzales.