Un cambio de tercio

«Tenemos un Código Penal que no es homologable a las democracias europeas», dijo el viernes el presidente del Gobierno en Bruselas. Salvador Illa, primer secretario del PSC, afirmó en una entrevista en LA RAZÓN que la promesa de reforma del delito de sedición se realizaría en esta legislatura. La derecha ha salido en tromba contra la medida, que todavía es una utopía porque el Ejecutivo no la presentará si ERC no la avala, porque su voto es indispensable para tener la mayoría absoluta, y algunos barones socialistas que se arrogan la representación del conjunto, se autocalifican de verso suelto aunque no riman con el resto, porque ir en contra de dar una salida al conflicto catalán, que haberlo haylo, parece que es rentable para cosechar votos del Ebro al oeste.

La reforma que estudia el Ejecutivo, y que se trabaja entre bambalinas con ERC en el marco de la Mesa de Diálogo, no pretende eliminar el delito de sedición, sino situar las penas y su definición en el marco europeo. Los traspiés de la justicia española en Alemania, Gran Bretaña, Italia o Bélgica hacen evidente que el delito de sedición debe reformularse, como también el de rebelión, y situarlos más en conceptos como desobediencia o desórdenes públicos. Ahora en España por sedición la pena es de 15 años –Oriol Junqueras recibió 13 en la sentencia– mientras que en Europa se sitúa en seis, y el delito de rebelión en algunos países ni existe. De hecho, los condenados del «procés» lo fueron por sedición y malversación.

Dicen los entendidos que el Gobierno se ha mirado las formulaciones de Alemania, Suiza o Francia y algo de verdad debe haber, porque ERC ha pasado de puntillas en sus críticas. Nada de tirar los trastos a la cabeza. Más bien, moderación, asumiendo que la amnistía ha pasado a un segundo plano porque es un objetivo en si mismo imposible.

Sin embargo, el presidente Sánchez debe decidir cuándo lleva el proyecto de reforma del Código Penal al Congreso y en qué términos. Esto es lo que preocupa a algunos barones que quieren ganar las elecciones izando una bandera anticatalana, cuando Sánchez no ha engañado nunca en esta materia. Pero las elecciones son las elecciones. Se hará en el tiempo procesal oportuno. Cuándo se presentará solo lo sabe el presidente, que no lo hará hasta que tenga un acuerdo cerrado con ERC. Fin de año es la fecha acariciada.

Los contrarios a la reforma dicen que con ella Puigdemont no entrará en la cárcel. Falso. Podría eludir la prisión preventiva, si el Tribunal se lo concede, pero los jueces no lo tratarán entre algodones y menos después de su huida, porque además de sedición está acusado de malversación y, en consecuencia, la inhabilitación está garantizada y su entrada en prisión también. Aunque su vuelta a España para ser juzgado pone de los nervios a ERC, porque augura una cruzada mesiánica de los ya sus exsocios. Es el caso también de los consejeros de su Gobierno, pero no el de Marta Rovira, secretaria general de Esquerra, «residente» en Suiza, porque solo está acusada de rebelión, delito que descartó el Supremo.

Los socialistas y republicanos son herméticos sobre sus conversaciones. Sin embargo, algo parece moverse. ERC no ha presentado enmienda a la totalidad de los Presupuestos y ha aceptado, sin decirlo, desligar la negociación de la sedición de las cuentas y ceñirlo a la Mesa de Diálogo. Este viernes, Illa y Aragonés se reúnen. Oriol Junqueras rechazó cualquier pacto con el PSC, pero Aragonés no está dispuesto a escucharlo porque necesita del PSC para hacer realidad las cuentas catalanas. Una muestra de colaboración es la carta que ha remitido a Aragonés para comunicarle que viajará a Bruselas para reunirse con varios comisarios y ponerse a disposición del presidente porque «es conveniente trasladar a las altas instancias de la Unión el firme compromiso europeísta de Cataluña». No es baladí esta afirmación, porque el compromiso europeísta pasa por desechar las veleidades de 2017. La reforma es el cambio de tercio que Cataluña necesita para volver a la normalidad. Que no es olvidar.