La Abogacía del Estado insiste en proteger el «caso Pegasus» y que nadie conozca la investigación

La Abogacía del Estado no quiere que nadie más allá de la Fiscalía conozca los secretos de Pegasus: Qué pasó con el virus israelí que se inyectó en los teléfonos del presidente Pedro Sánchez y los ministros de Defensa, Interior y Agricultura, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas. Este recelo a abrir la causa lo mostraron los servicios jurídicos del Gobierno cuando recurrieron la decisión del juez instructor, José Luis Calama, de permitir que una asociación se personara previa fianza de 10.000 euros. El magistrado se reafirmó y dijo que por encima de la intimidad de los afectados estaba el «interés general» en esta investigación. Así, la Abogacía ha dado un paso más y, según confirman fuentes jurídicas a este periódico, ha presentado un nuevo recurso para que sea la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que decida.

La primera en pedir entrar en el procedimiento fue la Asociación de Juristas Europeos Prolege. Tanto el magistrado del caso como el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, estuvieron de acuerdo en permitirles ejercer de contrapeso en las pesquisas siempre y cuando pagaran una cuantía que demostrara que sus fines no eran espurios. No obstante, por el momento, Prolege continúa recaudando el dinero a través de un «crowfunding» para poder tener acceso. La semana pasada una segunda asociación (Apedanica) pidió paso y la resolución fue parecida aunque en este caso el Ministerio Público también se opuso. Las fuentes consultadas señalan que la Abogacía del Estado ha recurrido en apelación (para que decida la instancia superior) la decisión del juez sobre Prolege, si bien para impugnar el acceso de la segunda asociación todavía está en plazo.

Hasta el momento los únicos que han podido analizar la declaración de la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban y del funcionario que realizó la revisión de los teléfonos móviles han sido el instructor, el fiscal y la propia Abogacía que actúa en favor de los intereses de los miembros del Ejecutivo y que fue de quien partió la querella en mayo de este año. Pero si alguna asociación reuniera el dinero también podría tener esta documentación en su poder. El juez Calama ha advertido que antes de unir cualquier papel o material a la causa «se procederá a expurgar cualquier información relativa a la vida íntima de las personas, seguridad del Estado o cualquier otro tipo de información irrelevante para la causa», pero a los servicios jurídicos del Gobierno no le vale.

Entre los argumentos que presentaron ante el togado para oponerse a que cualquier asociación se personara explicaron que «se daría lugar a posible acceso a todo el contenido de datos de la intimidad de los agraviados» y esto es una «contradicción» con el objetivo de la causa que lo que busca es perseguir el delito de revelación de secretos.

El juez no lo ve así: «El delito investigado no solo afecta al bien jurídico intimidad y autodeterminación informativa, sino también a los intereses generales». Los ilícitos se cometieron contra «altos organismos de la Nación y forma de Gobierno», así que se trata de un delito público. Ahora la Sala de lo Penal tendrá la última palabra.

Nuevos testigos

Mientras tanto y entre que las asociaciones recaudan el dinero, instructor y Fiscalía continúan dando pasos. A la vez que esperan la declaración del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que decidió responder por escrito a las cuestiones que se le plantearan, está previsto que este mes se acuerden nuevas citaciones de testigos que puedan esclarecer quién está detrás de los ataques a los dispositivos que se produjeron entre mayo y junio de 2021.

Para los investigadores es importante también conocer qué fue lo que se robó de los móviles de Sánchez y los cuatro ministros. No la cantidad, que ya la saben puesto que el Centro Criptológico Nacional (CCN) -dependiente del CNI- pudo determinar el número de gigas arrastrados, sino el contenido. Quizás saber qué andaban buscando los que usaron Pegasus puede ayudar a dar pistas sobre la identidad de los mismos, insinúan las fuentes del proceso consultadas. Y en línea con este argumento, Calama decidió la pasada semana enviar oficio a la sede de los espías españoles para que no destruyeran el volcado de los teléfonos que hicieron. Pidió que lo guardaran a buen recaudo para que, si en algún momento, él lo requería tuvieran la información íntegra que albergaban los móviles de Sánchez, Robles, Marlaska y Planas en el instante en el que se detectó que Pegasus había estado allí.