Cuatro entregas por 3 millones: lo que el juez tiene bajo la lupa sobre la financiación de Podemos

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón investiga el destino de un total de 3.500.000 euros que, presuntamente y según el relato del exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo Carvajal (conocido como El Pollo), viajaron desde Venezuela hasta el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero. Las entregas que estaban bajo el foco de la investigación -que la Sala de lo Penal acaba de dar por finalizada- sobre la financiación de los morados son concretamente cuatro: dos presenciales y dos a través de valija diplomática. A las que se suman más pagos todavía por cuantificar a través de sociedades. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha pedido ya datos de los viajes del expolítico a Caracas.

LA RAZÓN ha tenido acceso a documentación que obra en la causa, reabierta en octubre del pasado año. Según la declaración de El Pollo, el Gobierno venezolano estableció una estructura para la creación, la financiación, el apoyo o el fortalecimiento de partidos políticos de ideología afín a ese gobierno. En el listado constan Colombia, Argentina, Brasil, Bolivia, Italia y España. En la cúspide de la organización estaba Nicolás Maduro, quien ostentaba en ese momento el cargo de Canciller de la República Bolivariana de Venezuela y quien contaba con el beneplácito del entonces presidente Hugo Chávez.

Además del relato de El Pollo, los datos que ha dado uno de los testigos protegidos que ha declarado ante el juez han sido cruciales para comprobar algunos detalles puesto que él mismo se sitúa en varias de las entregas. El otro vértice de este triángulo financiero lo forma supuestamente William Amaro, un asistente de Maduro, que estaba encargado de los pagos. No obstante, esta estructura de financiación se servía de más eslabones de confianza del Gobierno venezolano, siempre según las pesquisas, como el viceministro de cooperación Económica Ramón Gordils y el presidente de la petrolera estatal (PDVSA) Rafael Ramírez. “Todos ellos tendrían el objetivo común de colaborar en las entregas físicas de fondos monetarios a las personas designadas para su recepción, que en lo que concierne a España, se trataría de Juan Carlos Monedero”, señala la Policía.

Las entregas bajo escrutinio eran cuatros. Dos de ellas fueron por importe de 200.000 euros entre los años 2011 y 2012. El lugar de la recepción fueron los hoteles Alba Caracas y Meliá Caracas. A estos hoteles se ha dirigido la UDEF -después de que el juez diera luz verde a practicar estas diligencias- para obtener las estancias de Monedero en la “horquilla temporal comprendida entre los años 2011 y 2013, así como toda la información relativa a dichas estancias”.

Entre 2012 y 2013 se produce una tercera entrega por importe de 600.000 dólares. Esta vez es el testigo protegido el que la lleva hasta la “cancillería” [Ministerio de Exteriores de Venezuela]. Y, por último, la cuarta y más gruesa de todas fue por importe de 2.500.000 millones de dólares, siempre según la investigación, y no está enmarcada en un momento concreto (“fecha posteriores a la anterior”). Cabe recordar que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha admitido un recurso de la Fiscalía que consideraba las pesquisas “prospectivas” y en su escrito recordó al juez que no fue hasta 2015 cuando en el Código Penal se introdujo el delito de financiación irregular de partido por lo que todo lo anterior no podría ser perseguido.

Estos más de dos millones de dólares también fueron enviados a través de la cancillería. El Pollo describió con detalle varias operaciones para surtir de dinero a los países. Los viajes a Venezuela una, y el envío a través de valija diplomática el otro. Estas dos cuantiosas consignaciones llegaron a España, según citada documentación, a través de valija, es decir, con la protección diplomática que este método confiere a los Estados por lo que perseguirlo es imposible. Así contestó el Ministerio de Exteriores español que preguntado por la UDEF explicó que no existe registro porque se estarían violando convenios internacionales, como adelantó este diario.