Querellas por el “caso Pegasus”: los espiados ven tras la operación a “un grupo criminal”

El espionaje a 65 independentistas catalanes y su entorno se llevó a cabo “en el seno de una organización o de un grupo criminal”. Así lo consideran 24 de los espiados, la mayoría vinculados a JuntsxCat y al ex presidente Carles Puigdemont- en las querellas que ya han comenzado a presentar en 19 juzgados españoles.

Unas denuncias que comparten idéntico relato de hechos y en las que se sostiene que el acceso a la información de sus teléfonos móviles entre 2017 y 2020 a través de ese software de inteligencia cibernética desarrollado por la empresa israelí NSO se llevó a cabo en el seno de “una agrupación estructurada de personas que de manera organizada y concertada, y con carácter estable en el tiempo y una distribución de roles jerárquicos al efecto”, consiguieron finalmente su objetivo.

Un objetivo que no fue otro que -según consta en una de esas denuncias, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, presentada en los juzgados de Madrid por el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye- que “supervisar ilegalmente los procesos políticos catalanes”.

Las querellas se dirigen contra la propia NSO Group, su empresa matriz Q Cyber Technologies, y Osy Technologies (las dos primeras domiciliadas en Israel y la última, en Luxemburgo) y contra Niv Karmi, Omri Lavie y Shalev Hulio como diseñadores del programa Pegasus. A todos ellos les imputan la supuesta comisión de delitos de descubrimiento y revelación de secretos y de acceso ilegal a sistemas de información (intrusismo informático) en su modalidad agravada al haber sido cometidos, subrayan, en el seno de una organización criminal.

Comisión rogatoria a Israel

En esas denuncias, la defensa de los espiados -entre ellos, además del letrado, la esposa de Puigdemont, Marcela Topor; la presidenta del Parlament Laura Borràs; Josep Lluis Alay, director de la oficina de Carles Puigdemont, y el empresario Joan Matamala- sostiene que formarían parte de ese presunto grupo criminal “muchos otros que deberán ser individualizados a lo largo de esta investigación”.

Entre las primeras diligencias que solicita el letrado, figura que se desplace una comisión rogatoria a Israel para tomar declaración a los tres querellados y a los representantes jurídicos de las empresas señaladas. Además, pretende que se recaben sus datos bancarios en busca de cualquier transferencia por el pago de ese programa espía y que se reclame a esas sociedades los contratos o convenios suscritos con el Gobierno, el CNI o cualquier organismo público español “para el uso del software malicioso de inteligencia cibernética”. Del mismo modo, la defensa de estos 24 espiados quiere que las autoridades israelíes informen de los desplazamientos a su país de ciudadanos españoles “que hayan mantenido relaciones comerciales” con NSO y sus empresas vinculadas.

Las denuncias hacen hincapié en que esa “multiplicidad de ataques informáticos” que se llevaron a cabo a través de Pegasus -a los que se refiere como “amplios” y “complejos”- fueron “dirigidos de manera organizada y concertada” contra al menos 65 personas (entre ellas el president Pere Aragonés y su antecesor Quim Torra), la gran mayoría de ellas “vinculadas políticamente” a lo que se denomina “minoría nacional catalana”.

Sólo por funcionarios españoles

La utilización de Pegasus contra sus defendidos, mantienen el letrado, “afecta de manera esencial al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones”, una limitación que -subraya- no solo requiere autorización judicial, sino que ésta debe estar “suficientemente motivada”. En todo caso, añade, esa investigación debe ser proporcional y tiene que ser ejecutada “por funcionarios públicos españoles” (Policía judicial). Una vulneración a las que se añaden, en su caso -continúa- la del secreto profesional como letrado y el de los periodistas con los que se relaciona por su trabajo, lo que denomina “una suerte de daño colateral”.

Algo que, según la defensa de más de un tercio de los espiados, no se da en este caso aunque la hubiese llevado a cabo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la operación estuviese “sustentada en motivos legales”. NSO, llama la atención en la querella, no especifica “en qué servidores es alojada la información extraída de los dispositivos móviles o sistemas de información atacados ni por quién es administrada ni por cuánto tiempo es conservada, y ni mucho menos, si luego de su utilización es destruida o no”.

Pero en cualquier caso, asegura, todo ese proceso “ni es llevado a cabo por funcionarios públicos españoles ni los datos extraídos son mantenidos en un servidor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad españoles o del Centro Nacional de Inteligencia”.

“Invalida cualquier investigación judicial”

Además, argumenta, dado que Pegasus tiene la capacidad de modificar el sistema operativo y los archivos del móvil infectado (lo que permite enviar mensajes bajo la identidad de la víctima o modificarlos “a su antojo”), su utilización “invalida cualquier investigación judicial contra una persona que haya sido objeto de ataques de este software espía”.

Boye asegura que según el informe de The Citizen Lab fue víctima de al menos 18 ataques, entre enero y mayo de 2020, a través de Pegasus y añade que el 30 de octubre de 2020 su móvil también fue infectado, aunque desconoce por cuánto tiempo. Ese periodo, recalca, “coincide con relevantes eventos a efectos profesionales” como abogado en ejercicio, entre otros de los expresidentes Puigdemont y Quim Torra.

En esos meses, recuerda, mantuvo “constantes” y “complicadas” videoconferencias (por las restricciones de movimientos durante la pandemia) tanto con los dos expresidentes de la Generalitat como con letrados de Bélgica, Escocia y Alemania con los que estructuró su defensa y la de otros exconsellers huidos como Toni Comín y Clara Ponsatí, además de reuniones presenciales con el propio Puigdemont el 24 de junio de ese año. De hecho, el letrado no descarta que durante todo el periodo analizado “el sistema de espionaje haya estado activado”.