El juez reabre la causa sobre la financiación de Podemos y vuelve a citar a ‘El Pollo’ Carvajal

Los documentos que el exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo Carvajal, más conocido como ‘El Pollo’, ha ido aportando estas semanas sobre la presunta financiación irregular de Podemos acaban de tener la primera consecuencia. El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha reabierto este martes una causa que se archivó en 2016 para indagar en el envío de dinero procedente de Venezuela a cuentas del partido morado. El magistrado Manuel García-Castellón, a cargo del caso, quiere además volver a escuchar a ‘El Pollo’ y ha decidido citarlo el próximo 27 de octubre en el marco de un proceso que permanece secreto, según fuentes judiciales.

Desde su reingreso en la prisión de Estremera el pasado mes de septiembre, Carvajal ha cambiado de estrategia y ha empezado a colaborar con la Justicia española contando todo lo que sabe sobre su etapa al lado de la Inteligencia de Hugo Chávez entre 2006 y 2011. Primero pidió declarar voluntariamente ante García-Castellón (el pasado 20 de septiembre) y a partir de ahí, como prometió, ha ido aportando documentos para sustentar sus acusaciones directas a dirigentes del partido morado como Juan Carlos Monedero, a quien sitúa como uno de los máximos responsables de recoger el dinero procedente del país bolivariano. El entorno de Carvajal ha hecho tres entregas de diferentes contratos, puntos de cuenta (como se denomina a la revisión por parte del Gobierno venezolano de cualquier pago) y documentos en sucesivas semanas.

En un primer momento, remitió un contrato con el bufete de abogados Ilocad SL que administra el exjuez Baltasar Garzón fechado en 2016. Reflejaba la aprobación de más de ocho millones de dólares para que éste ejerciera la representación de la petrolera estatal PDVSA. Si bien, según las fuentes consultadas, este texto no mostraba ninguna irregularidad a priori, lo entregado en las siguientes dos tandas ha sido mucho más relevante para el juez. Pagos de algo más de siete millones de euros a la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), muy vinculada al partido, y con alusión explícita al exvicepresidente Pablo Iglesias, a Monedero y a Jorge Verstrynge; pagos en concepto de trabajos de comunicación a Carolina Bescansa; así como el resumen de cómo dinero del país que dirige Nicolás Maduro llegaba a España pasando por unas islas en el Caribe. Carvajal se ha comprometido a traer a testigos que certifiquen esto.

El juez García-Castellón ha dado validez a todas estas pistas y para seguir indagando ha reabierto una causa que en su momento cerró el entonces magistrado de refuerzo Alejandro Abascal en concordancia con la Fiscalía por falta de pruebas. La denuncia partió de la asociación Unión Cívica Española a raíz de un informe bautizado como Pisa (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) que nació de la Policía, pero que iba sin firmar. Este informe se consideró posteriormente como una prueba fabricada para ir en contra de la formación morada. Sin embargo, el juez quiere ahora indagar en estos nuevos documentos que comparten relación con aquella investigación. Fuentes del partido que ahora dirige Ione Belarra alegan que el magistrado García-Castellón -que también lidera la causa sobre la tarjeta de la exasesora de Pablo Iglesias Dina Boulsseham- tiene «manía persecutoria» a la formación.

El instructor decide volver a citar como testigo a ‘El Pollo’ el mismo día que se ha conocido que el Ministerio del Interior confirma el rechazo a su petición de asilo. La Oficina de Protección y Asilo deniega su recurso de reposición y coloca al exjefe de Inteligencia venezolana más cerca de la extradición a Estados Unidos que le reclama por delitos de tráfico de armas y drogas. Los plazos ahora son cruciales y su defensa trabaja a contra reloj para presentar ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional un nuevo recurso que le permita agotar todas las vías para quedarse en España. Carvajal siempre ha defendido que las razones del gobierno estadounidense son principalmente políticas y así lo consideró también la Sala de lo Penal en un primer momento-cuando revisó su caso en 2019- , si bien semanas más tarde cambió de opinión y confirmó que había razones para extraditarlo. Después de esta vista, el exjefe militar se escapó y estuvo en paradero desconocido, aunque sin salir de Madrid, hasta el pasado mes de septiembre que, en una operación conjunta entre el departamento antidrogas de Estados Unidos y la Policía Nacional, volvió a ser detenido.

Cuánto más permanecerá en España es una incógnita, pero en este tiempo ha prometido seguir colaborando con la Justicia. Según las fuentes consultadas, el juez se centrará ahora en acreditar los documentos, especialmente, aquellos a partir del 2015, puesto que fue en este año cuando se introdujo en el Código Penal el delito de financiación ilegal de partidos y se estableció la prohibición de las donaciones anónimas y así como de aquellas superiores a los 100.000 euros.