Fianza de 65 millones
Rato irá a juicio por delito fiscal y blanqueo, pero no por falsedad e insolvencia punible
El juez sienta en el banquillo al ex vicepresidente por ocultar supuestamente su patrimonio en el extranjero, pero descarta que se le juzgue por todos los delitos que le imputa Anticorrupción
El magistrado Antonio Serrano-Arnal ha acordado la apertura de juicio oral contra Rodrigo Rato por delitos fiscales, blanqueo y corrupción entre particulares en la causa en la que se investiga su patrimonio.
Sin embargo, el magistrado -que también sienta en el banquillo a otros 17 acusados, entre particulares y empresas- excluye que se juzgue también al ex vicepresidente del Gobierno por delitos de falsedad continuada e insolvencia punible, como pretendía la Fiscalía, que solicita para Rato penas que suman 70 años de prisión.
Y es que, recalca, “en momento alguno han sido instruidas las actuaciones ni dirigido el procedimiento” contra él “por tales infracciones”. Se trata, dice, “de evitar acusaciones sorpresivas que introduzcan en el procedimiento hechos no sometidos a contradicción, causando con ello una efectiva indefensión material de los acusados”.
Igualmente, el instructor cierra la puerta a que se le juzgue por el presunto fraude fiscal en el IRPF de los ejercicios 2014 y 2015, respecto a los cuales la Fiscalía solicitó en junio de 2018 ampliar el objeto del procedimiento. Sin perjuicio, matiza, “de que se ejerciten por el Ministerio Fiscal las acciones que interese para la persecución de dichos delitos”.
Un día de plazo para abonar 65 millones de fianza
Además, el instructor reclama a Rato que en el plazo de un día haga efectiva una fianza de 65.132.961 euros para hacer frente a posibles responsabilidades civiles.
Anticorrupción imputa al ex director del Fondo Monetario Internacional un total de once delitos fiscales por las cantidades que habría defraudado a Hacienda Pública -un total de 8,5 millones de euros- entre 2005 y 2015. Por cada uno de esos delitos, el Ministerio Público pide penas de entre cuatro y seis años de prisión, a los que suma otros seis años de cárcel por el supuesto blanqueo. La Fiscalía cifra en 15,6 millones el incremento que considera no justificado en el patrimonio de Rato en esa década. Asimismo, sostiene que también se produjeron rendimientos de capital mobiliario en el extranjero que no fueron declarados a Hacienda.
En cuanto a los delitos que ahora ha excluido Serrano-Arnal, la Fiscalía solicitaba para Rato cuatro años de prisión por insolvencia punible y tres más por el delito de falsedad.
Cuentas en Bahamas, Suiza y Luxemburgo
Según el Ministerio Público, Rato ocultó parte de su patrimonio a Hacienda desde 1999 “a través de diversas sociedades” (una irlandesa, dos panameñas y otra británica), de las que se habría servido para llevar a cabo “continuas actividades de inversión financiera mediante multitud de cuentas bancarias abiertas en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido, Suiza y Mónaco, entre otros lugares, en una operativa desconocida por la Hacienda Pública y que habrían constituido” hechos imponibles desde 2005 hasta 2015 cuyo pago fiscal habría eludido.
El pasado marzo, tras hacerse pública la petición de condena de Anticorrupción, el ex vicepresidente del Gobierno reiteró su inocencia y dijo sentirse “completamente indefenso” al considerar que la acusación de la Fiscalía hace referencia principalmente a hechos y supuestos delitos que no han sido objeto de la investigación, “yendo contra el propio criterio del instructor, único director del proceso”. Rato hizo hincapié en que a lo largo de seis años de instrucción el magistrado “ha calificado por tres veces las propuestas de la Fiscal de investigación prospectiva, actividad prohibida por ley pero sorprendentemente no definida penalmente”.
Rato fue absuelto de los delitos de estafa a los inversores y falsedad contable que le atribuía la Fiscalia -que solicitó para él ocho años y medio de prisión- por la salida Bolsa de Bankia. Sin embargo, el ex responsable del Fondo Monetario Internacional sí fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por apropiación indebida por el uso fraudulento de las “tarjetas black”. El pasado octubre, se le concedió el tercer grado penitenciario.
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