La Audiencia lleva a juicio a Villarejo y al marido de Ana Rosa Quintana por el espionaje a un ex socio

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la apertura de juicio oral en las dos primeras piezas del "caso Tándem" -relativas a los proyectos "Pintor" y "Iron"- que sentarán en el banquillo al comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión provisional por esta causa desde noviembre de 2017. En la primera de ellas -en la que se investiga el supuesto chantaje en 2017 de la trama parapolicial a un ex socio de los hermanos Juan y Fernando Muñoz Tamara, marido y cuñado de la periodista Ana Rosa Quintana-, el magistrado lleva a juicio por delitos de descubrimiento y revelación de secretos y extorsión en grado de conspiración, además de al propio Villarejo, a otras trece personas, entre ellos los dos empresarios sevillanos -para quienes la Fiscalía pide ocho años de cárcel-, que habrían contratado los servicios del ex comisario para conseguir información de su ex socio y su abogado con el objetivo de reclamar una deuda pendiente con Hacienda.

En este procedimiento, el juez fija en 220.000 la responsabilidad civil por las posibles indemnizaciones a los perjudicados, de la que deberán responder en distintos porcentajes los acusados: Villarejo en un 18% y los hermanos Muñoz Tamara en un diez por ciento cada uno, por ejemplo.

En el caso de la "pieza Iron" -en la que se investiga la contratación del Grupo Cenyt de Villarejo y su socio Rafael Redondo por el despacho de abogados Herrero y Asociados para investigar a antiguos socios que abrieron un nuevo bufete- envía a juicio a Villarejo y otras 13 personas por delitos de cohecho, tráfico de influencias, descubrimiento y revelación secretos y falsedad documento mercantil, así como a Herrero y Asociados como persona jurídica.

García Castellón fija en 480.000 euros la responsabilidad civil a la que deben hacer frente los procesados por las posibles indemnizaciones a los perjudicados y acuerda también el decomiso de 302.500 euros en concepto de las dádivas percibidas por el Grupo Cenyt.

En el auto en el que acordó procesar a 14 investigados en la “pieza Pintor”, García Castellón advertía indicios suficientes de que los hermanos Muñoz Tamara recabaron a principios de 2017 los servicios de Villarejo para conseguir información de su ex socio, Mateo Martín Navarro, que se había declarado insolvente ante una reclamación de un millón y medio de euros de la Agencia Tributaria por el impago del IVA, lo que determinó que toda la reclamación se dirigiera exclusivamante frente a Fernando Muñoz Tamara. Según los hermanos, su ex socio disponía de un cuantioso patrimonio que habría ocultado para eludir sus responsabilidades ante Hacienda.

Tras contactar con el Grupo Cenyt, Villarejo se comprometió a localizar activos patrimoniales que demostraran que Martín Navarro no era insolvente, y aliviar así la reclamación contra los hermanos, a la vez que obtener "debilidades" de Martín Navarro como "medida de presión" para forzar al socio y a su abogado a aceptar condiciones o acuerdos económicos favorables para los dos empresarios a cambio de no difundir públicamente esa "información privada y comprometedora". No obstante, los empresarios sevillano "no habrían llegado a utilizar toda esta información reservada de la que habrían dispuesto para lograr sus propósitos".

A cambio de esa información sensible, que recopilaron recuerriendo a "bases de datos policiales de carácter restringido", los hermanos Muñoz Tamara abonaron supuestamente a Villarejo 20.000 euros en efectivo. Un encargo que según el juez "iba mucho más allá de un mero contrato de prestación de servicios de detectives", constatándose que el comisario jubilado y su socio "ofertaron a sus clientes un servicio dirigido a solventar una situación de crisis" que incluía la obtención, de forma ilegal, de informaciones de carácter reservado y confidencial".

En cuanto a la "pieza Iron", la Fiscalía Anticorrupción reclama a la Audiencia Nacional una condena de 57 años de cárcel y dos multas que suman 144.400 euros para José Manuel Villarejo por delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos de empresa y de particulares, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil. El Ministerio Público acusa además a otras trece personas, entre ellas el comisario Enrique García Castaño, para quien solicita una pena de 52 años de prisión, y la esposa de Villarejo, Gemma Alcalá, para quien solicita más de 47 años de cárcel.

La firma de abogados contrató al comisario jubilado ante la sospecha de que Balder Ip Law se servía de ex empleados suyos para filtrar información y sustraer documentación de la cartera de clientes de su antigua empresa. Anticorrupción sostiene que el objetivo del encargo era que Villarejo "resolviera, mediante una multitud de actuaciones ilícitas a desarrollar prevaliéndose de su condición policial y al margen de sus cometidos oficiales" la situación de crisis empresarial suscitada tras la constitución en junio de 2012 por parte de varios antiguos socios y empleados de Herrero y Asociados del despacho referido, también especializada en el ámbito de la propiedad industrial e intelectual, y que "habría captado una elevada cartera de sus clientes del área internacional, y contra cuyos fundadores ventilaban litigios de naturaleza mercantil".

Entre junio de 2013 y abril de 2014, el Grupo Cenyt, con la “permanente colaboración” de García Castaño, “accedió ilícitamente a datos reservados y sensibles” de Balder Ip Law, una información que posteriormente usaron “para nutrir una denuncia que presentaron en sede policial” y que Villarejo “se encargaría de impulsar” para provocar “el mayor daño reputacional” a ese despacho. García Castaño obtuvo supuestamente a cambio de la información que habría facilitado a Villarejo prevaliéndose de su “privilegiada” posición en la Policía, 3.000 euros mensuales y el pago del alquiler de la vivienda del comisario y su esposa en Madrid, que ascendía a 16.000 euros anuales.

Ahora, los abogados de los investigados disponen en ambas piezas de diez días para presentar sus escritos de defensa.