Iglesias contra el Poder Judicial: dos encontronazos en tres meses

El revuelo originado por las críticas de Pablo Iglesias a la condena a la diputada de la formación morada Isa Serra por atacar a la Policía para frenar un desahucio ha terminado por poner de acuerdo a todas las asociaciones judiciales. La última en sumarse a los reproches ha sido la progresista Juezas y Jueces por la Democracia (JpD), que tras enmarcar en un primer momento las palabras del vicepresidente segundo del Gobierno en el derecho a la libertad de expresión, ha rectificado manifestando a través de un comunicado su “rotundo rechazo” a lo que considera una “distorsión del contenido de la decisión judicial”.

Pero las asociaciones judiciales no han sido las únicas en alzar la voz. En su segundo encontronazo con Iglesias -después de pedirle “moderación” el pasado enero cuando tildó de “humillación” a España las resoluciones de los tribunales europeos sobre el “procés”-, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido en esta ocasión mucho más contundente con el líder morado, a quien ha dejado claro su “profundo malestar” con una manifestación que, considera, propagan “una sospecha de falta de imparcialidad de los jueces”. Y, sabido es, no hay reproche más grave para quienes tienen sobre sus espaldas el complicado cometido de impartir justicia que aquel que cuestiona su imparcialidad.

Más allá de tirones de oreja y respaldos públicos, que también los ha habido -encabezados por el ex juez Baltasar Garzón-, la polémica suscitada vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el principio de separación de poderes y, también, sobre los límites del derecho a la libertad de expresión. Enterrado Montesquieu hace más de treinta años por otro vicepresidente de un gobierno socialista, el siempre delicado equilibrio entre el poder ejecutivo y judicial nunca ha dejado de estar en entredicho. Y el vicepresidente morado, al cuestionar una resolución judicial -el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, fue incluso más allá al asegurar que Serra ha sido condenada sin pruebas por intentar parar un desahucio “pacíficamente”- no ha hecho sino abrir una nueva brecha en uno de los pilares del estado democrático y de derecho.

Pero, ¿qué dijo Iglesias para soliviantar a los jueces? Tras conocer la condena a la diputada madrileña escribió en su cuenta de Twitter, ese altavoz mediático al que los políticos sueles recurrir como desahogo: “Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso”.

Al extender esa sombra de sospecha sobre la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que condenó a Serra a 19 meses de prisión por atentado a la autoridad, lesiones leves y daños, ¿estaba ejerciendo Iglesias su derecho a la libertad de expresión? Como vicepresidente del Gobierno, ¿se le debe exigir un plus de responsabilidad institucional en sus manifestaciones públicas? Así lo creen mayoritariamente las asociaciones judiciales. Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria asegura que, aunque se trate de “mera propaganda” política, el Gobierno de Pedro Sánchez “no puede aceptar sin más ese discurso excusándose en el ejercicio de la libertad de expresión”. Una libertad de expresión que, subraya, “ampara la crítica a una sentencia”, pero no “que se difundan sospechas de parcialidad sobre todo el sistema judicial”."Las libertades hay que ejercerlas con responsabilidad y la de un cargo público es mayor que la de cualquier otro ciudadano".

En esa misma línea, la portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, calificó de “lamentable” que por parte de quienes, como Iglesias, Echenique o la propia Irene Montero, “tienen que velar por la defensa de las libertades y la separación de poderes, se critique de esta manera descarnada una resolución judicial”, tachándola de injusta “simplemente porque no les gusta”.

“La crítica a las resoluciones judiciales es un derecho ciudadano que fortalece el sistema institucional y tiene como límite que no suponga una distorsión del contenido real de lo que ha sido fallado -coincide Juezas y Jueces para la Democracia (JpD)-. No resulta admisible el desprecio a la verdad con vistas a presionar sobre la independencia judicial”.

La defensa del ex juez Garzón

Pero más allá de las esperadas críticas de PP y Ciudadanos al líder morado, ha sido la intervención del CGPJ lo que ha llevado a mediar en la controversia al ex juez Garzón y a una treintena de juristas, entre ellos tres magistrados eméritos del Tribunal Supremo, que han salido en defensa de Iglesias y de su “legítimo derecho para opinar respecto a una resolución judicial”. El equilibrio entre los poderes del Estado, de nuevo en el centro del debate.

El ex magistrado de la Audiencia Nacional -condenado en 2012 a once años de inhabilitación por autorizar escuchar en prisión de los cabecillas de la "trama Gürtel" con sus abogados- y el resto de firmantes censuran la actuación del órgano de gobierno de los jueces, lo que consideran "una interferencia inadmisible en un Estado de Derecho" que confunde la independencia judicial "con la presión corporativa contra una opinión libre".

Unas críticas al CGPJ que también recoge JpD en su comunicado, al reprocharle “un sesgo claro a la hora de elegir las manifestaciones públicas de los responsables políticos objeto de su crítica”. Los jueces progresistas aprovechan la polémica de Iglesias para reprocharle su “escandaloso silencio” ante las “aceradas e injustas críticas a los jueces que dictaron la sentencia del caso Gürtel”.

Las palabras de Iglesias también han hecho reaccionar a la Asociación de Fiscales, que ha hecho público su “malestar” por poner “en tela de juicio desde uno de los poderes del Estado la separación de poderes constitucionales como uno de los pilares de nuestra democracia”. Asimismo, hace hincapié en un comunicado en que “sin perjuicio de una defensa a ultranza de la libertad de expresión y del derecho a la crítica legítima, ponderada y fundada en Derecho que se pueda hacer de las resoluciones judiciales”, declaraciones como las del líder morado “exceden con mucho de dicho ámbito, más aun cuando proceden de un miembro del Ejecutivo con altas responsabilidades”.