Relator, otro hito en la lista de indignidades

Como hoy publica LA RAZÓN, el Gobierno en funciones estaría dispuesto a aceptar la exigencia de Carles Puigdemont de que una figura exterior actúe como garante de los acuerdos de investidura y participe en la futura mesa de negociación bilateral Cataluña-España. Se trata de un hito más en la lista de indignidades para la Nación que está jalonando la carrera del líder socialista hacia otro mandato en La Moncloa.

No es una demanda nueva del separatismo catalán, que siempre ha buscado un escenario internacional que justifique sus demandas en un supuesto conflicto entre un Estado opresor y una minoría nacional oprimida, pero sí es una novedad que un partido que se considera como uno de los impulsores de la Transición democrática española y uno de los padres de la Constitución se avenga a una trágala que caricaturiza a España como una república bananera.

Más aún, cuando la máxima expresión de la voluntad popular, que son las elecciones libres y plurales, han supuesto una clara derrota para los partidos nacionalistas en Cataluña, que apenas han obtenido un 30 por ciento de los votos, frente al 69 por ciento de las formaciones constitucionalistas o que no llevan la demanda de independencia en sus programas.

Es cierto que, frente a la enormidad política de la amnistía, que ataca directamente los fundamentos del ordenamiento jurídico y los principios constitucionales, la pretensión de contar con un testigo, teóricamente, imparcial para asegurar que Pedro Sánchez cumpla con la palabra dada a los nacionalistas, es decir, con funciones de notaría, puede parecer una cuestión menor, pero si tenemos en cuenta el precedente de la mediación internacional que contrató el mundo de Batasuna y ETA, en el que los supuestos mediadores independientes, como Brian Currin o Jonattan Powel, acabaron pidiendo la independencia del País Vasco, nos arriesgamos a que el relato nacionalista, falaz y maniqueo, se imponga en Europa.

Porque no es la supuesta desconfianza en la palabra de Sánchez lo que mueve a Puigdemont, que presume de «cobrar por adelantado», sino la conformación en el imaginario colectivo de que se ha abierto el proceso de autodeterminación de Cataluña, con la aquiescencia del Gobierno de España. Y lo de menos es cómo se quiera denominar al intermediario, si «relator» o «moderador», porque ambas figuras tienen connotaciones de conflictos políticos en los que violan los derechos humanos. Creerán en La Moncloa que el término relator –que sólo ordena el debate y toma nota– será mejor aceptado por la opinión pública. Pero se equivocan. La gran mayoría de los españoles rechaza unos acuerdos de investidura en unas condiciones que deberían, cuando menos, haber figurado en los programas electorales del PSOE. Sánchez tendría que someterlas al escrutinio de las urnas, piense cumplirlas o no.