El Gobierno de Sánchez bloquea una ayuda de 700 millones al campo

El campo acumula ya ocho años de una profunda crisis, agravada por el incremento de los costes y de la presión fiscal, el incesante aumento de las exigencias laborales y el despegue de la complejidad burocrática, que ahoga una salida rentable al sector e impide la mejora de la productividad. Por ello, agricultores y ganaderos reclaman al Gobierno que se adopten medidas eficaces para hacer viables y rentables las explotaciones que configuran el sector primario. Pero ante lo que el PP entiende como una «nueva demostración de inoperancia y pasividad» del Ejecutivo, presentó una proposición para aprobar una Ley de Fiscalidad Agraria que introduzca «herramientas útiles» económicas y fiscales para que el sector agrario mejore su situación.

Registrada por la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, y la vicesecretaria de desarrollo sostenible, Paloma Martín, fue calificada por la mesa, pero el Gobierno paralizó su debate y, lógicamente, su votación gracias a su capacidad de veto, justificado porque su aprobación supondría un desfase presupuestario de casi 650 millones de euros. Además de la flexibilización de las políticas comunitarias, la protección frente a la competencia de terceros países, o la simplificación administrativa, se establecían soluciones para aliviar la presión fiscal y compensar el progresivo incremento de unos costes de producción que comprometen la rentabilidad de las explotaciones agrarias.

Según la proposición popular, el sector primario ahorraría 700 millones de euros en impuestos y se beneficiaría a 800.000 trabajadores para «rescatarlos del infierno fiscal». Para Alicia García, esta ley es «urgente y necesaria porque ofrece medidas que protegen y ayudan a los agricultores y ganaderos», frente a la falta de apoyo del Gobierno al sector primario, recordando que desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa se han incrementado 97 tributos y cotizaciones, «lo que ha llevado la rentabilidad de las explotaciones al mínimo». Las consecuencias son evidentes: la renta agraria apenas se ha incrementado en un 11,2% desde 2018, mientras que la subida del IPC en este tiempo ha sido del 20,6%; el sector acumula una progresiva caída en el empleo, con una pérdida de 118.000 empleados menos que el cuarto trimestre de 2021, según la EPA; el número de empresas agrarias se han reducido un 4,8% en apenas cuatro años; y el eslabón del relevo generacional se ha roto.

Por ello, el PP planteaba un plan integral de apoyo al campo. A las propuestas como la reformulación del plan de fitosanitarios, el control del lobo, la rebaja del IVA de los alimentos, la doble tarifa eléctrica, y una mayor facilidad para la contratación de trabajadores temporales, se une la ampliación del umbral que permite a agricultores y ganaderos mantenerse en el régimen especial de tributación de entre 250.000 euros y 325.000 euros de ingresos, la elevación del umbral de gastos de 150.000 a 250.000 euros para facilitar la aplicación del método de estimación objetiva en el IRPF. También el aumento de los porcentajes de compensación por el IVA soportado y repercutido, reforzando el régimen especial de reintegro a tanto alzado para las actividades agrícolas, ganaderas y forestales durante los ejercicios 2025 y 2026, elevando en un punto y medio el porcentaje que reciben los empresarios por sus ventas. Así, quienes desempeñen actividades agrícolas y forestales pasarían de un 12% a un 13,5%, mientras que los ganaderos y verían incrementado su reintegro del 10,5% al 12%.

Otra de las propuestas de la Ley pasaba por la deducción o compensación íntegra del IVA sobre el exceso de inversión en maquinaria o medios de explotación de los tres últimos años para fomentar la modernización y competitividad de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Así, durante los ejercicios 2025 y 2026, el IVA por la adquisición de bienes de inversión podría deducirse al 100% sobre el exceso de inversión de los tres últimos años (2022-23 y 24), para respaldar a quienes apuesten por modernizar sus infraestructuras y mejorar la eficiencia de sus procesos productivos. El PP también pedía que se efectuara una mayor flexibilidad en la forma de calcular el umbral de facturación, y los contribuyentes que sean titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas podrían deducir el 25% de las cuotas satisfechas en el periodo impositivo por la suscripción de un seguro agrario o para el ganado. Nada de estos será ya posible tras el veto socialista.

Un veto que se une al que el Gobierno realizó a la Proposición de Ley de la DANA, que iba a suponer un ahorro millonario para los afectados y que fue rechazada por la misma razón, por ser «susceptible de producir una disminución de los ingresos como un incremento de los gastos presupuestarios».