Bankia pide «depurar» a las acusaciones particulares

Rodríguez-Ponga exige que se le exima de ir al juicio para estudiar en la cárcel la carrera que empezó.

Los abogados de Bankia y de su matriz, BFA, reprocharon ayer en el juicio por la salida a Bolsa de la entidad que siguen sin saber qué delitos les atribuyen las acusaciones particulares, que según ambos no han acreditado debidamente el perjuicio sufrido, y a las que han pedido «depurar». «Nos sentamos aquí sin saber a quiénes tenemos enfrente», dijo el letrado del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), Alberto Gómez Fraga.

Gómez Fraga solicitó a la Audiencia Nacional que analice si estos afectados pertenecen al centenar de minoristas que aún no han sido resarcidos, o si ya han recibido el importe de su inversión, en cuyo caso, habrían de ser expulsados del juicio y, con ellos, las acusaciones populares por aplicación de la «doctrina Botín».

En esta segunda sesión, el abogado de Bankia, Joaquín Burkhalter, abogó por mantener únicamente a los pequeños inversores que no han recuperado su inversión a través del mecanismo extrajudicial habilitado por la entidad en 2016. Así, destacó el tribunal que en su momento se personaron 11.000 afectados, a los que, según Efe, en febrero de ese año se les ofreció la posibilidad «rápida y gratuita» de devolverles su dinero con un interés del 1 por ciento, lo que le supuso un desembolso de unos 1.840 millones de euros.

Fue ése el mecanismo elegido por una gran mayoría de afectados, que al tiempo renunciaban al ejercicio de acciones legales; tras ello, muchos pequeños personados desistieron, aunque otros «no cumplieron con esta obligación y permanecieron en estas actuaciones», aunque ya no tenían «derecho ni legitimación». Asimismo, explicó Burkhalter que habría que sumar personas que han fallecido y siguen aún representadas en la causa. La cifra de cuentas de accionistas que reúnen las condiciones necesarias para ser consideradas perjudicados se eleva a 176, donde se aglutinan 205 personas físicas y cuatro jurídicas.

El resto de los defensores siguió la misma línea sostenida el lunes por sus compañeros: solicitar la aplicación de la «doctrina Botín» y, por tanto, que se excluya del procedimiento a sus patrocinados, además de, en su caso, permitir que sus patrocinados tengan que acudir a las sesiones del juicio sólo los días en que tengan que declarar o para hacer uso de su derecho a la última palabra. Para ello esgrimieron principalmente el hecho de que viven fuera de Madrid o el perjuicio laboral que les ocasionaría tener que acudir diariamente al juicio durante los siete meses que está previsto su duración.

Sin embargo, el ex secretario de Estado de Economía Estanislao Rodríguez-Ponga, aludió un motivo diferente del resto: necesitaba ese tiempo para estudiar la carrera de ha empezado a cursar en la UNED en la prisión donde cumple condena por el «caso de las tarjetas black». «Ha empezado a estudiar en al UNED y, además de los exámenes, hay que prepararlos», según señaló su abogado, José María de Pablos; quien, además, defiende a Jesús Pedroche y Mercedes Rojo. Además, denunció que, en su opinión, se ha vulnerado el derecho a la igualdad, en el sentido de que al ex consejero Virgilio Zapatero se le dejase fuera de este procedimiento porque se incorporó «tardiamente» al Consejo de BFA, mientras que a Pedroche y Rodríguez-Ponga, «que lo hicieron el mismo día» están encausados. En todo caso, sostuvo que los delitos están prescritos.

Murillo, a un letrado: «Madre mía»

La anécdota en la sesión de ayer la volvió a protagonizar la presidenta del Tribunal, Ángela Murillo. Sucedió cuando intervenía la defensa de Sánchez-Barcoj para exponer las cuestiones previas. Al considerar que se extralimitaba, le pidió que se ciñera a los hechos. La respuesta del letrado fue que tenía que hacer una exposición global. Murillo se lo permitió pero no evitó escapar un «madre mía», con micrófono abierto, cuando el letrado continuaba.