¿Se puede vivir de lujo sin dinero en el banco?

Una reciente noticia ha causado sorpresa: el juez del «caso mascarillas» no puede embargar a Luis Medina porque sólo tiene 250 euros en la cuenta. Al parecer, el juzgado nº 47 de Madrid habría solicitado a la Fiscalía y a las acusaciones personadas en el procedimiento de presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid otras medidas económicas para asegurar las responsabilidades civiles y embargar otros bienes del marqués de Villalba, tras comprobar que tampoco conserva los bonos bancarios –que ascendían a 400.000 euros– que adquirió con sus supuestas comisiones.

En la hipotética operación fraudulenta, Medina habría escalado hasta el millón de dólares y su socio, Alberto Luceño, cobró cinco millones. En total el Ayuntamiento pagó 6 millones de dólares más que el precio al que vendió la empresa de Malasia. Todo un escándalo agravado, además, por el contexto. Y más allá de compras como la del yate a través de una sociedad gibraltareña, que podrían pretender evitar responsabilidades fiscales, muchos se preguntarán: ¿dónde está el dinero? Porque lo cierto es que, «caso mascarillas» al margen, algunas personas pueden frecuentar los mejores restaurantes, suites de hoteles de lujo, lucir Rolex o conducir Ferraris con apenas unos cientos de euros a su nombre en el banco.

Sin prejuzgar este escándalo, algunos grandes patrimonios suelen disponer de cajas de seguridad alquiladas en bancos donde guardan joyas, dinero o documentos justificativos de la titularidad de sociedades «offshore» o de los bienes detentados por ellas, utilizan estas sociedades interpuestas o cuentas radicadas en paraísos fiscales para ocultar su fortuna, y en ocasiones usan tarjetas de crédito o débito innominadas para mantener su alto nivel de vida porque el pago con estas tarjetas se carga en cuentas de bancos situados en paraísos fiscales o en países con una tradición en la emisión de estas tarjetas opacas como Chipre.

Para iniciar un control de estas personas, la Agencia Tributaria (AEAT) creó en 2018 la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes dentro de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, a la que encargó elaborar el censo de personas con alta capacidad económica (los conocidos como High Net Worth Individuals o Ultra High Net Worth Individuals), obtener información relevante de ellos y explotarla mediante técnicas de Big Data, analizando las bases imponibles y cuotas declaradas en el IRPF por estos contribuyentes y sus grupos familiares, y finalmente desarrollar mecanismos de investigación y selección de los riesgos de fraude fiscal complejo de contribuyentes concretos como negocios anómalos asociados al uso abusivo de sociedades instrumentales (situadas en España o en paraísos fiscales), o con utilización de regímenes fiscales preferentes. De esta manera, sería posible la detección de los titulares reales últimos de sociedades opacas residentes en España y de activos inmobiliarios residenciales de alto nivel.

En este sentido, en 2020 –según los últimos datos publicados– la AEAT realizó 742 comprobaciones inspectoras a titulares de patrimonios relevantes, a las que les liquidaron deudas tributarias por 437 millones de euros, a razón de unos 589.000 euros de media por expediente. En cualquier caso, es relativamente sencillo seguir la pista al dinero para asegurar las responsabilidades civiles que puedan ser exigidas a los imputadas ahora.

Rastrear el dinero

La mejor línea de investigación pasa por rastrear el dinero obtenido por cada transacción. En primer lugar, averiguando si los bienes y saldos, producto de las comisiones, se han vendido a un comprador de buena fe o a una persona o sociedad vinculada o interpuesta. A continuación, hay que seguir la pista del cobro (al superar la venta los 1.000 euros, el pago no podrá ser realizado en metálico) y averiguar adónde se ha movido y por qué causa o contrato. Y así hasta dar con el refugio final de dichos fondos.

Si estas operaciones se han realizado con fecha posterior a cuando el juez decretó el embargo de los bienes, podrían incurrir eventualmente en nuevos delitos, como el de frustración de la ejecución (art 257.2 CP), y según las circunstancias que se determinen en otro nuevo de blanqueo de capitales.

Y en este sentido, los técnicos de Hacienda tenemos mucha experiencia. Desde 2012, la AEAT está adoptando medidas cautelares para garantizar las posibles responsabilidades que se declaren judicialmente antes de que se inicie el proceso por delito fiscal, o con autorización judicial después de formularse la denuncia por este delito. Ya en 2020 los órganos de recaudación tramitaron 58 delitos de frustración de la ejecución o insolvencia punible con un monto de 144 millones de euros, y mantienen la competencia para investigar, bajo la supervisión de la autoridad judicial, el patrimonio que pueda resultar afecto al pago de las cuantías pecuniarias asociadas al delito. También tenemos mucha experiencia en el auxilio judicial para que prospere con agilidad esta instrucción penal. De hecho, en 2020 los técnicos de Hacienda fuimos la mayor parte de los 882 funcionarios designados por la AEAT en peritajes y auxilio judicial durante el proceso penal.

En definitiva, es verdad que hay personas que viven muy bien ocultando al fisco parte de su fortuna e intentando no dejar rastro. Pero también es verdad que Hacienda puede descubrirlo, siempre que tenga voluntad para ello y utilice los recursos adecuados.

José María Mollinedo es secretario general de los Técnicos de Hacienda (Gestha)