El juez imputa a los ex consellers de la Generalitat Puig, Macias, Jané y Rigau por el 3%

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el "caso 3%" ha citado a declarar como investigados a los exconsellers de CDC Jordi Jané, Felip Puig, Irene Rigau y Pere Macias, acusados de facilitar el blanqueo de comisiones ilícitas pagadas por empresarios a la extinta formación.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, acuerda abrir una pieza separada para investigar a esos cuatro exconsellers, junto a otros ocho antiguos cargos de la formación convergente, con el nombre de "Donaciones blanqueo".

El juez considera que hay indicios de que las donaciones que los investigados hicieron al partido, entre los años 2009 y 2010, fueron "actos de afloramiento de dinero procedente de delito realizado por personas próximas a CDC siguiendo el plan superior trazado por jerarcas del partido", lo que podría constituir blanqueo de capitales.

De esa forma, el magistrado sitúa a esos doce investigados en la trama presuntamente urdida por CDC para financiarse ilegalmente con comisiones ilegales pagadas por empresarios, a cambio de garantizarles la adjudicación de obras y servicios desde las administraciones que el extinto partido controlaba.

Además de los cuatro exconsellers, el juez ha imputado al exalcalde de Lloret de Mar (Girona) y exdiputado de CDC en el Parlament Xavier Crespo, condenado a pena de inhabilitación por beneficiar los negocios de un empresario del municipio a cambio de dádivas, así como a la también exdiputada, exsenadora y exalcaldesa de Calella (Barcelona) Montserrat Candini.

También imputa a Eduard Freixedes, director de los Servicios Territoriales del Departamento de Interior en la Catalunya Central, al exalcalde de Sallent (Barcelona) Jordi Moltó, y a los exdiputados de la formación Glòria Renom y Víctor Vila.

Declararán asimismo como investigados por el 3% Marc Guerrero, miembro de la dirección del Partido Liberal Demócrata Europeo y uno de los impulsores de la Crida Nacional auspiciada por el expresidente catalán Carles Puigdemont, así como Carles Flamerich, expresidente del Centro de Seguridad de la Información (Cesicat).

Las sospechas de la presunta participación de estos cargos de CDC en el blanqueo de capitales se deriva de una serie de donaciones que entregaron al partido entre octubre de 2009 y diciembre de 2010, de una "sorprendente homogeneidad", según el magistrado.

El auto sostiene que esas donaciones "no son aparentemente cuotas de afiliados", puesto que su importe es "a todas luces excesivo para tal concepto", ni pagos o aportaciones al partido realizados por sus cargos electos.

Tampoco correspondían a una campaña de donaciones impulsada por CDC para solicitar "un esfuerzo extra a sus militantes y cargos públicos", sostiene el magistrado, que ve sospechoso que los importes investigados se abonaran en fechas "extraordinariamente próximas".

De todo lo investigado hasta ahora en la causa del 3%, el juez ve indicios de que "altos cargos de CDC, en connivencia con otros cargos públicos y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Cataluña, y con distintos empresarios, pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente a ese partido político, en forma encubierta".

Esa estructura, sostiene el magistrado en su auto, no se conformó "de manera asistémica y casual", sino que obedeció a una "estrategia cuidadosamente planificada" para financiar ilegalmente a CDC" y liderada por "varias personas que se ocupaban de implementar la estrategia acordada por los líderes y distribuir los fondos ilícitos obtenidos".

Para el juez, se trataba de una "estructura estable, permanente y sostenida en el tiempo", que se implementó con un "perfecto despliegue territorial e institucional" y con circuitos de coordinación definidos, en los que el exconseller Germà Gordó y los extesoreros Daniel Osàcar -condenado por el "caso Palau"- y Andreu Viloca se encargaban de contactar con empresarios, por un lado, y con autoridades, por el otro.

Según el juez, constan “pagos corruptos” al partido ya desde antes de 1999, a través de los extesoreros Carles Torrent -ya fallecido- y Osàcar, así como indicios de que la productora Triacom Audiovisual, del empresario y exgerente de TV3 Oriol Carbó, financió ilegalmente a CDC asumiendo parte de los gastos de la campaña electoral de 2010