Catalán

El TSJC rechaza dos recursos de la Generalitat y ordena mantener el 25% de castellano en la escuela

La Generalitat pedía "una interpretación unificadora" de preceptos de la Ley catalana 8/2022

El TSJC pide al CGPJ "aprovechar la flexibilidad territorial" y la unificación de criterios
El TSJCEuropa Press

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenado mantener el 25% de castellano en la escuela tras rechazar 2 recursos de casación presentados por la Generalitat en referencia a 12 procedimientos, según las resoluciones consultadas por Europa Press este martes.

La Generalitat alegó que no podía aplicar la resolución de la Sala Contencioso Administrativa de este tribunal, que ordenaba mantener el 25% de castellano en la escuela por el Decreto Ley 6/2022 aprobado por el Parlament, que regula el uso de las lenguas oficiales y que prohíbe la aplicación de porcentajes.

De estas resoluciones judiciales, 8 son providencias en las que el tribunal inadmite a trámite los recursos del Govern y en las 4 restantes inadmite los recursos interpuestos por el Govern para que no se ejecute la sentencia.

En su recurso, la Generalitat pedía al TSJC "fijar una interpretación unificadora" de los preceptos citados sobre la Ley catalana 8/2022 sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria porque decía que no existía una jurisprudencia unificada.

No ve suficiente interés casacional

El TSJC justifica el rechazo del recurso de la Generalitat porque no cumple la necesidad de "fundamentar suficientemente que concurra alguno o algunos de los supuestos que permitan apreciar el interés casacional de un pronunciamiento del TSJC".

Añade que "no se hace un mínimo razonamiento justificatorio de ello y, además, se trata de una petición tan genérica que no puede tener acogida, pues ni se justifica el perjuicio de la sentencia recurrida a los intereses generales ni tampoco la virtualidad expansiva del pronunciamiento solicitado".

En sendas resoluciones, impone a la Generalitat a que pague las costas, de 2.000 euros.