El problema educativo en Cataluña no es que el abandono escolar roce el 17%, casi siete puntos por encima de la media de la Unión Europea. Se llama segregación escolar y tiene que ver, sobre todo, con que el tanto por ciento de alumnos que deja los estudios alcanza el 34% entre jóvenes extranjeros y entre hijos de familias con un bajo nivel educativo. Ya en 2008, el Síndic de Greuges alertaba de que la llegada de población inmigrante y la creciente desigualdad entre rentas familiares estaba creando un sistema educativo a dos velocidades.

En 2016, advertía además de que al menos un centenar de escuelas en Cataluña concentra más de un 50% de alumno extranjero. La lucha contra la segregación escolar se convirtió en un problema urgente a combatir, porque supone una vulneración del derecho a la educación en igualdad de oportunidades, protegido por las Naciones Unidas. Y porque una falta de heterogeneidad social en las escuelas limita las oportunidades de los alumnos.

Tras poner en alerta a toda la comunidad educativa, en marzo, finalmente, consiguió que las administraciones catalanas firmaran el Pacto contra la Segregación Escolar. Además de unos protocolos contra la creación de guetos en las escuelas, de este acuerdo salió el compromiso de aprobar un nuevo drecreto de admisión del alumnado para evitar que los niños sin recursos acaben en el mismo colegio.

Para ayudar al departamento de Educación a redactar este decreto, en junio se constituyeron comisiones para estudiar si es posible establecer una política de admisión por cuotas en función de los estudios o de las rentas de los progenitores, estudiar el coste de la plaza escolar y analizar medidas en contextos de segregación residencial. Ayer, dos entregaron sus conclusiones al conseller Josep Bargalló. Entre otras cosas, proponen que el nuevo decreto de admisión tenga en cuenta el nivel de renta y estudios de las familias, el bajo rendimiento escolar y el desconocimiento de la lengua vehicular para hacer un reparto más equilibrado de alumnos. También proteger a los centros más vulnerables y reservas plazas para los alumnos con necesidades educativas específicas.

Bargalló hizo suyas las propuestas que le entregó el Síndic de Greuges, aunque muchas dependerán de una mejora en el presupuesto.

De las medidas planteadas, la adjunta al Síndic de Greuges, Maria Jesús Larios, destaca la ampliación de los de los supuestos para determinar cuántos alumnos tienen necesidades educativas específicas derivadas de situaciones socioeconómicas y socioculturalmente desfavorecidas. Resulta que en P3 hay cerca de 3.000 alumnos detectados con necesidades educativas derivadas de situaciones socioeconómicas, de un total de 70.000. Esto es menos del 5%. Esta cifra no cuadra con que el 25% de los niños catalanes está en riesgo de pobreza. Una buena detección debería incrementar progresivamente esta cifra. Para poder encontrar a estos niños, se propone la creación de una unidad de detección territoriales formadas por miembros de las administraciones locales y del departamento de Educación. La idea es que estas unidades detecten a los niños con necesidades específicas para que no vayan a parar todos al mismo colegio. Los expertos proponen que ningún grupo tenga más de un 10% de alumnos vulnerables.

Antes del proceso de preinscripción, estas unidades deberían saber cuántos niños cursarán P3 y 1º de ESO, cuántos reciben atención de los servicios sociales, cuántos tienen padres con estudios básicos o sin estudios, cuántos reciben becas comedor, cuántos están tutelados por la Dirección General de Atención a la Infancia o su reciben ayudas a la escolaridad u orientación psicopedagógica.

También propone cambios en los límites de los distritos y municipios para lograr zonas educativas más heterogéneas por nivel de instrucción y renta. Promover proyectos educativos atractivos en los Centros de Alta Complejidad para atraer a alumnos no desfavorecidos. Y prohibir inscribir a alumnos llegados a medio curso en estos centros.