Más de una de cada tres inspecciones en instalaciones industriales en Andalucía detecta deficiencias técnicas

Uno de los objetivos que se ha marcado Andalucía para los próximos años es aumentar el peso de la Industria en la economía regional. Así se explicita, por ejemplo, en el Plan de acción CRECE Industria en Andalucía 2027, donde se apuesta por una política industrial que busca su transformación mediante la diferenciación como región industrial, así como el crecimiento de su industria en solvencia, dimensión, calidad, empleo y valor para la sociedad. Según datos del Observatorio Económico de Andalucía, el peso de la Industria en el sector productivo andaluz en términos de Valor Añadido Bruto en 2023 fue del 11,5%, muy alejado del porcentaje que supone en España, el 16,7% y casi la mitad del conjunto de la Unión Europea (20,5%).

El desarrollo industrial es, por tanto, clave para el futuro económico de la región en los próximos años, circunstancia que debe ir aparejada del reforzamiento del programa de inspecciones en esta materia, competencia de la Consejería de Industria, Energía y Minas. Solo así se mitigaría los recelos que generan determinados proyectos industriales, especialmente en un ámbito sensible como es el de la minería.

Los datos de la administración autonómica señalan que en 2024 se realizaron 4.765 actuaciones de inspección y control en materias de industria, minas y energía. El informe elaborado por la Consejería competente en la materia señala que éstas se realizaron en «una amplia diversidad de instalaciones, maquinaria o equipamiento», tales como ascensores, almacenamiento de productos químicos, instalaciones de protección contra incendios, instalaciones frigoríficas, equipos a presión, talleres de tacógrafos, puertas motorizadas, plataformas elevadoras, sierras circulares, maquinaria agrícola, aparatos de baja tensión, dispositivos magneto-térmicos, interruptores diferenciales, luminarias, calzado de seguridad, instalaciones eléctricas o de gas o cuadros eléctricos.

El informe ofrece datos individualizados del sector industrial, minero y energético. En el caso de la Industria, se realizaron 3.616 actuaciones divididos en seis ámbitos de actuación. El balance señala que el porcentaje global de instalaciones en las que se detectó algún tipo de incumplimiento (tanto de carácter administrativo o documental como técnico) fue superior a la mitad (52%), reduciéndose al 36% si se refiere a cuestiones exclusivamente de carácter técnico.

Hay que señalar que, tal y como advierte la Consejería en su informe, el control «a posterior» de la Administración constituye un elemento «fundamental» porque «debido a su alto grado de liberalización, la intervención de la Administración previamente al inicio de la actividad es reducido». Recuerda que los diversos agentes que intervienen en la seguridad industrial, como es el caso de las empresas instaladoras y conservadoras, organismos de control, etc, «están sometidos actualmente, con carácter general, a un régimen de declaración responsable para el acceso y ejercicio de su actividad».

En el ámbito energético, el balance es similar al industrial. Durante 2024 se realizaron 1.017 inspecciones. El porcentaje global de instalaciones en las que se detectó algún tipo de incumplimiento (tanto de carácter administrativo o documental como técnico) fue superior al de la Industria (60%), bajándose al 35% si se refiere a cuestiones exclusivamente de carácter técnico.

Sin duda, el ámbito que genera más polémica es el minero. De hecho, este tipo de proyectos reciben una gran contestación social porque los supuestos riesgos que llevan aparejados. Es el caso, por ejemplo, de las dificultades que la administración se está encontrando para autorizar la reapertura de la mina de Aznalcóllar. De hecho, el informe admite que «no se puede obviar que, en determinados puestos de trabajo de operación minera, se incorpora un componente de peligrosidad mayor que en el presente de otras actividades».

Por ese motivo, recuerda el balance, que se trata de una actividad que suma «una regulación específica y de un régimen autorizatorio y de inspección por parte de la Administración más estricto que en otras actividades económicas». En total, en 2024, se realizaron 132 actuaciones de inspección. Sin embargo, la Consejería no detalla el porcentaje de deficiencias o incumplimientos que ha detectado en este ámbito, como sí hace en el sector industrial o energético. La Junta señala que, en cualquier caso, estas actividades colaboran en la «reparación, adaptación y modernización» de las instalaciones.