Gibraltar: un acuerdo que «baje al terreno»

El inminente acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido para definir el encaje de Gibraltar tras el Brexit no solo preocupa a las administraciones españolas –Gobierno central, Junta de Andalucía y ayuntamientos de la comarca–, sino también a los casi 11.000 españoles que acuden diariamente a la colonia británica a trabajar. El colectivo mira con recelo las reuniones que se están produciendo a nivel estatal y autonómico sobre un pacto que se está ultimando y del que desconoce sus detalles, por lo que reclama un documento que «baje al terreno» y no se quede en cuestiones genéricas.

Así lo asegura a LA RAZÓN Ángel Serrano, secretario general de UGT en el Campo de Gibraltar y portavoz del grupo transfronterizo, quien señala que a los trabajadores, la mayoría residentes en localidades del entorno como La Línea, San Roque o Algeciras, les preocupa cómo se van a sustanciar temas tan importantes como las pensiones, las bajas, los nuevos contratos o la fiscalidad. «Si el documento solo entra en cuestiones relativas a la soberanía no hacemos nada», subraya, por lo que aboga por un acuerdo «a nuestra altura y que poco a poco vayamos caminando porque surgirán muchas dudas». Con todo, Serrano apunta que los derechos de los trabajadores están protegidos por el consejo sindical interregional, que nació con el objetivo de cubrir las problemáticas específicas que viven los trabajadores del Campo de Gibraltar y del Peñón. No obstante, reclama que los asuntos pendientes queden recogidos en el pacto, no sin antes recordar que antes del Brexit los sindicatos intentaban llegar a un acuerdo de concertación con el gobierno de Gibraltar, tal y como ha alcanzado en varias ocasiones la Junta de Andalucía con las centrales sindicales y la patronal. «Este pacto no solo tenía en cuenta cuestiones laborales, sino que velaba también por los empresarios que vienen de toda España. Gibraltar es un tema que nos afecta a todos», afirma.

El portavoz del grupo transfronterizo también pone el foco en el asunto de los controles, que por lógica se ubicarían en el puerto y el aeropuerto. En este punto, remarca que Gibraltar no quiere a los agentes de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en su territorio «porque entiende que vulneran su soberanía». «El acuerdo es muy complicado», apunta Serrano, un pacto que deberá llegar cuanto antes «porque de lo contrario no caminamos nadie, ni ellos ni nosotros». Junto a ello, incide en las necesidades del Campo de Gibraltar, una comarca especialmente lastrada por el paro y con un déficit histórico de inversiones e infraestructuras. «Hay que apostar por la declaración de la comarca como Zona Singular», insiste.

En relación al posible uso compartido del aeropuerto, Serrano ve con buenos ojos la iniciativa, que ya se materializó anteriormente entre los años 2006 y 2011. El propio ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ya apuntó en esta dirección tras la reunión que mantuvo el lunes con la Junta y los ayuntamientos de la comarca. «Todo lo que sea compartir, en beneficio de una parte y de otra, es interesante», remarca el portavoz sindical, quien destaca las ventajas de tener una terminal cerca sin necesidad de acudir a Málaga o Jerez para los desplazamientos en avión. «Todo lo que sea coordinación y cooperación va a ser positivo».

Por su parte, la Junta de Andalucía volvió a reclamar que «se respete» el derecho que le otorga el Estatuto de Autonomía a participar en la negociación sobre Gibraltar y que evite las «vías de conflicto». Tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, recordó que el artículo 240 del Estatuto de Autonomía otorga al Ejecutivo andaluz capacidad para participar en las negociaciones de cuestiones que le afectan directamente. No obstante, eludió responder si desde la Junta se adoptarán medidas jurídicas contra esta decisión del Gobierno de España. «Creo que debemos evitar vías de conflicto, demasiados temas tiene ya la justicia para que una cuestión política como esta, que es verdad que es el cumplimiento de una ley, lleve a la consideración del Gobierno», recalcó Sanz, quien insistió en que la posición de la Junta siempre ha sido la de «lealtad, discreción y responsabilidad».

Tras advertir de que el Estatuto es una ley orgánica, Sanz lamentó que la explicación de Exteriores sea que a Gibraltar la invita Reino Unido, y se preguntó por qué entonces el Gobierno de España no invita a Andalucía, una actitud que considera «un disparate, un sinsentido y una deslealtad» por parte del Ejecutivo central. El consejero reiteró la petición lanzada el lunes de crear una mesa «interadministrativa o interinstitucional» para que «trabajemos juntos» en el desarrollo del Campo de Gibraltar, porque «resulta necesario», en su opinión, «dar un impulso a la población que vive en esta zona». «Queremos un acuerdo pero no cualquier precio», subrayó Sanz, quien citó medidas como un estatuto fiscal propio para el Campo de Gibraltar como el que tienen Canarias, Ceuta y Melilla, así como compromisos medioambientales y en materia de seguridad.

Preguntado sobre si el ministro le trasladó información de plazos para llegar a un acuerdo, el consejero dijo que no dio ningún horizonte temporal e ironizó al decir que desconoce también si el Gobierno de España convocará a la Junta cuando finalmente se firme el acuerdo relativo al encaje de Gibraltar.

El sector pesquero, «amenazado»

El alcalde de La Línea, Juan Franco, reclamó ayer, en el marco de la negociación del acuerdo sobre Gibraltar, soluciones para el sector pesquero, que agrupa a alrededor de 200 personas, entendiendo que se enfrentan a «amenazas importantes» como la imposibilidad actual de pescar en aguas adyacentes al Peñón. «Estamos esperanzados en que haya un acuerdo que contemple claramente la situación de estas personas que son vecinas nuestras y nos preocupan muchísimo», manifestó. La posibilidad de un régimen fiscal especial fue también objeto de interés en la reunión, según dijo el alcalde, que afirmó que si se contempla para la toda la comarca podría perjudicar a La Línea. Así, abogó por «facilidades fiscales para determinados tipos de empresas que no necesiten espacio, como las dedicadas al juego on line, al sector financiero y los seguros». Asimismo, hizo mención al artículo 107 del tratado de la Unión Europea, por el cual La Línea podría recibir ayudas, dadas sus condicionantes económicos y sociales de desigualdad.