La Audiencia de Sevilla no se achanta ante al TC y defiende su derecho a acudir al Tribunal Europeo por los ERE

El Tribunal Constitucional ha iniciado una carrera peligrosa con la toma de varias decisiones que están soliviantando a los tribunales. El caso de los ERE es uno de ellos, pero en el horizonte aparece ya la posibilidad cada vez más cierta de que avale la amnistía y la amplíe además al delito de malversación para beneficiar a Puigdemont. En ambos casos, el choque está asegurado.

De momento, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla tiene claro que va a defender su actuación en este caso. No es que se niegue a emitir las nuevas sentencias derivadas de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular sus condenas a una decena de inculpados por el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, sino que primero quiere aclarar si esa decisión del organismo que preside Cándido Conde-Pumpido se ajusta al derecho europeo o no. Y ahí se ha producido un choque que lejos de apaciguarse, se acrecienta.

Por orden cronológico, el relato de hechos es el siguiente. La Audiencia de Sevilla dictó una providencia a las partes del procedimiento -el Partido Popular y el sindicato Manos Limpias están personados como acusación- que se pronuncien sobre si el TC "se ha extralimitado" con una "interpretación alternativa de la prevaricación y la malversación" y si dicha doctrina "incumple las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción" y por la posibilidad de no aplicar tales sentencias.

El segundo episodio de este choque de trenes, se produjo cuando trascendió que Conde-Pumpido había encargado un informe a los letrados de la corte de garantías para estudiar si la Audiencia puede o no formular una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre este asunto. Una decisión de amplio calado porque afectaría no solo a este caso, sino a otros como el que pudiera producirse en el caso de la amnistía de Puigdemont.

El tercer paso fue el envío de un oficio del secretario del TC solicitando la remisión del testimonio de la providencia de la Audiencia de fecha 18 de marzo en la que abría la puerta a recurrir al TJUE.

El último, de momento, se ha producido hoy, cuando ha trascendido que la Audiencia de Sevilla, lejos de amilanarse ante las exigencias del TC, defiende su autonomía y reclama al TC que "justifique la finalidad" del oficio, es decir, que motive su petición y en base a qué lo hace.

Se trata de un paso más en la escalada, que todo apunta va a seguir produciéndose en las próximas fechas.

En este tiempo, beneficiados de la decisión del TC han cargado contra la Audiencia de Provincial de Sevilla. Es el caso, por ejemplo, de la ex ministra Magdalena Álvarez, que ha llegado a decir que "el caso de los ERE se ha acabado con la anulación de la sentencia por parte del Tribunal Constitucional", una afirmación que no se corresponde con la realidad porque, en el mejor de los casos, el TC ha obligado a emitir una nueva sentencia acotando los delitos.

También el ex presidente José Antonio Griñán, a través de su abogado, entregó un escrito a la Audiencia en el que criticaba la posibilidad de acudir al TJUE porque es "inviable llevar a cabo un juicio comparativo entre las normas y jurisprudencia de la UE frente a 'valoraciones' no identificadas, 'excesos' no concretados, 'doctrinas' que parece que se dan por supuestas, sugeridas o insinuadas o frente a clases de sentencias, las que denomina 'interpretativas', que no se definen o identifican mínimamente".