El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado la constitución de la comisión de seguimiento de la sequía en Andalucía. Un gabinete de crisis que encabezará el presidente Juanma Moreno y en el que se integrarán representantes de seis consejerías, dada la amplia repercusión que la falta de agua genera, empezando por el problema de abastecimiento humano y continuando por su incidencia en sectores productivos básicos como la agricultura, la ganadería, el energético, el medio ambiente, el industrial o el turístico. Se reunirá de manera periódica, empezando este mismo viernes. Estarán las consejerías de Presidencia, de Agricultura, de Sostenibilidad y de Fomento, y como sectores afectados las de Turismo y Política Industrial. Este organismo también trabajará en colaboración y coordinación con la administraciones local y estatal, con el objetivo común de desarrollar políticas efectivas que permitan mejorar la seguridad hídrica.

Juanma Moreno está empeñado en que ésta sea la legislatura del agua, porque al hoy grave problema de la sequía hay que encontrarle soluciones definitivas. El presidente de la Junta de Andalucía anunció ayer en una entrevista en Canal Sur Televisión que la inversión total de su administración en materia hídrica en los próximos cuatro años se elevará a 4.000 millones de euros, pero incluso así el Gobierno andaluz necesita del compromiso del Estado para ejecutar infraestructuras que se escapan de su competencia.

La responsabilidad de la Junta se reduce a las demarcaciones hidrológicas intracomunitarias que suponen el 33% del territorio de nuestra región, el 67% restante corresponde al Gobierno de España, a través de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir. No obstante, el presidente Moreno plantea la sequía como un asunto de Estado en el que la colaboración entre administraciones es básica, de ahí que ofrezca cofinanciar determinados proyectos para su puesta en marcha por su especial relevancia.

En concreto, la administración andaluza considera fundamental que el Gobierno de Pedro Sánchez planifique la ejecución urgente de todas las obras hidráulicas declaradas de interés general del Estado que están pendientes en Andalucía, que son las siguientes:

• La ejecución de la totalidad de las obras hidráulicas relativas al cumplimiento del trasvase de El Condado de Huelva, aprobado por la Ley estatal 10/2018, de 5 de diciembre, sobre la transferencia de recursos de 19,99 hm³ desde la demarcación hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, y en concreto el desdoblamiento del túnel de San Silvestre, la presa de Pedro Arco, la terminación de la presa de Alcolea, el canal de Trigueros y la ampliación de los bombeos de Bocachanza.
• La ejecución de las obras hidráulicas en la provincia de Almería relativas a la ampliación de la desaladora de Carboneras, la reparación y ampliación de la desaladora del Bajo Almanzora; la ampliación de la desaladora del Campo de Dalias; además de la implantación de instalaciones de energía renovables que garanticen un precio sostenible del agua desalada. Asimismo, exigen la ejecución de la conducción para agua desalada de La Venta del Pobre a Tabernas, para garantizar el abastecimiento humano y la sostenibilidad del regadío y la conducción de agua desalada a Adra desde la desaladora del Campo de Dalías.
• La totalidad de las conducciones de la presa de Rules, en Granada, y las de la presa de Siles, en Jaén.
• Elaseguramiento de las dotaciones a Andalucía procedentes del trasvase Tajo-Segura.
• La aprobación por el Consejo de Ministros del trasvase de Iznájar a la comarca de Antequera, para garantizar el suministro de agua potable necesario para el consumo humano en la zona.
• El saneamiento integral de la Costa del Sol Occidental.
• La presa de Gibralmedina y sus conducciones derivadas en la provincia de Cádiz.
• La desaladora de la Axarquía y la ampliación y reforma de la desaladora de la Costa del Sol Occidental, en la provincia de Málaga.
• Las obras de encauzamiento del río Guadalhorce, en Málaga, a través de la sustitución del puente de la Azucarera, como solución definitiva a los problemas de inundabilidad a la ciudad de Málaga y de los ríos Antas, Andarax y Adra, en la provincia de Almería, y el encauzamiento del río Guadarranque a su paso por San Roque, en la provincia de Cádiz.
• La ampliación y modernización de los regadíos del Genil-Cabra, en las provincias de Córdoba y Sevilla.

Para todo ello, sería necesario que el Gobierno de Pedro Sánchez apruebe un nuevo Decreto de Sequía que incluya medidas potentes y de ejecución inminente y una dotación económica muy importante que podría llegar graciasa una reprogramación de los fondos Next Generation, sin olvidar, como dice el propio presidente, que no se puede desdeñar ninguna posibilidad hídrica, y en este sentido se apuesta por las aguas regeneradas y por la desalación, aspecto este último en el que desde la Junta se insiste en que el Estado apruebe la bonificación del agua desalada a un mínimo de 0,30 euros, no solo para los regantes, también para los municipios que tienen en la desalación su principal o exclusiva forma de abastecimiento, así como la activación de la doble tarifa eléctrica, que supondría un importante ahorro para los regantes, y la bonificación del IVA de los insumos.

El análisis de la preocupante situación originada por la falta de lluvias ocupará parte importante del primer pleno del Parlamento andaluz que empieza mañana, miércoles, de hecho todos estos puntos se recogen en una proposición no de ley planteada por el Partido Popular.