Un centro de máxima seguridad para «los Pitxis»

Los vecinos de Bilbao que fueron al funeral del matrimonio asesinado, «incrédulos» ante la ola de delincuencia que vive el barrio de Otxarkoaga.

El pequeño negocio que un día regentaron Rafael y Lucía tampoco abrió ayer. Está junto a la parroquia de los Santos Justo y Pastor donde se ofició la misa funeral por estos dos vecinos tan queridos en el bilbaíno barrio de Otxarkoaga. Lleno absoluto, tanto, que la plaza que alberga la Iglesia también se llenó de vecinos. «Por fin nos hemos unido todos», afirmó ayer Maricruz, «pero es una lástima que haya tenido que ocurrir esto para que nos juntemos contra lo que está ocurriendo en este barrio», dijo visiblemente indignada. «Todos sabemos lo que lleva años ocurriendo aquí», añadió Ana María.

El párroco que ofició la misa habló de la «incredulidad» con la que el barrio está viviendo todo lo ocurrido. Al funeral también acudieron representantes de todas las asociaciones de vecinos y comerciantes de la zona que, horas antes, exigían al alcalde, Juan María Aburto, que tomara medidas. «Sabemos cuáles son los problemas, y lo que queremos son soluciones, ni estudios, ni proyectos», aseveró el portavoz de todas las entidades sociales. Y es que tienen claro que «los recortes afectan más más a los barrios humildes».

A. E. J. y C. E. J son las iniciales de los dos adolescentes implicados en el crimen de Lucía y Rafael y que se les ha relacinado con la banda de «los Pitxis». Los jóvenes de 14 años, tras su detención el pasado domingo en Balmaseda y Bilbao, fueron internados en el centro cerrado de menores Ibaiondo (Zumárraga), el único de nivel 1 del País Vasco y donde se cumplen las medidas más restrictivas y de mayor duración.

El espacio, que dispone de 34 plazas y prevé una estancia máxima de ocho años, fue reinaugurado en 2003. Por aquel entonces, la finalidad de un centro de estas características era desarrollar un proyecto educativo que persiguiese la reeducación y la reinserción social. Algo que, a día de hoy, llevan a rajatabla sus más de 50 educadores. «Queremos formar grupos de convivencia», señaló en su inauguración el consejero de Justicia Joseba Azkarraga. Para ello, cuentan con 3.200 metros cuadrados de instalaciones, en los que los internos participan en talleres y cursos, practican deportes en el gimnasio, el frontón o la piscina y estudian diversas asignaturas como la informática.

Desde su puesta en marcha, el centro no ha estado ajeno a polémicas. En especial, por el acoso y las agresiones a las que se enfrentan sus trabajadores. La última conocida se remonta a 2016, cuando el comité de empresa tomó partida y señaló que esa «inseguridad» es consecuencia de «una mala gestión de la empresa adjudicataria del servicio de seguridad». La misma preocupación mostró el párroco durante el funeral, donde insistió sobre la idea de que son «las instituciones» las que deben «reflexionar sobre el entorno violento y amoral en el que crecen algunos jóvenes».