El martes se cumplen dos años desde que la erupción de un volcán pusiera patas arriba la isla de La Palma y la vida de sus habitantes. Fueron 85 días ininterrumpidos de ríos de lava y estupor generalizado. No hubo que lamentar ningún muerto, aunque las pérdidas económicas fueron brutales y el desarraigo incurable. Muchos palmeros no pudieron volver a sus casas porque ya no existías, se las había tragado la tierra. Sin embargo, hay un grupo de unos 1500 palmeros que las tienen intactas en Puerto Naos y La Bombilla, en la costa occidental de la isla, pero no están autorizados a entrar en ellas. Se han puesto en pie de guerra contra la restricción del Cabildo.

Aaron Barrell es uno de ellos. Harto del destierro forzoso, hace cuatro meses decidió volver a su casa en el barrio de La Bombilla. A través del teléfono, explica a LA RAZÓN cómo ha sido su particular cruzada: «Decían que había riesgo de muerte inminente por los gases y mira, no me ha pasado nada. Son ellos los que cometen un delito porque no me pueden prohibir el derecho fundamental de entrar a mi propiedad». En estos meses de batalla, Aaron denuncia que ha recibido coacciones de todo tipo y que le han mandado a la Guardia Civil en innumerables ocasiones. «Por apartar la valla de entrada y salida que han colocado ya serían 3.000 euros de multa cada vez. Si sumaras todas ya debería más un millón y medio de euros. Y todo por entrar en mi casa». Aunque cuenta con defensa legal, no cree que vaya a tener que pagarlas en ningún caso.

En este momento habría una veintena de personas de vuelta a Puerto Naos, la zona más turística de la isla, y unas 40 en La Bombilla, según testimonios de algunos vecinos. Los regresados, como Aaron, han hecho un máster en gases tóxicos y llevan un medidor para cerciorarse de que no corren peligro. Tal y como muestra la foto que ilustra este reportaje, los niveles de CO2 en la vivienda de Barrell no superan los 700. El grado seguro para interiores oscilaría entre 400 y 800. Tal y como reconoce Aaron, «se producen impulsos de 10.000 que duran pocos segundos en la zona, pero eso no significa que no estuvieran ahí también antes de la erupción del volcán». Además, recuerda que en grandes ciudades como Madrid o Barcelona los parámetros son otros bien distintos.

El cambio de signo político en el Cabildo después de las últimas elecciones autonómicas fue un soplo de esperanza para los desplazados. Muchos culpaban al anterior gobierno (popular y socialista) de mantener la zona de exclusión y se han encontrado con que, de momento, Coalición Canaria no ha dado un giro sustancial en su política en estos dos barrios fantasma. Conchi Jaén es otra de las afectadas e integrante de una plataforma vecinal que hasta hace poco presidía. «Dióxido de carbono hay en todos lados. En tu casa, en la mía, en nuestro garaje. Está claro que uno de los puntos importantes es ventilar y echar agua. Y no se ha hecho nada de eso durante año y medio. No permitían que tuviéramos agua, no nos dejaban entrar en nuestras viviendas de forma libre vulnerando nuestros derechos fundamentales. Desde la Delegación del Gobierno de Canarias han estado coaccionando a los vecinos. Y todo ello sin una orden de desalojo de ningún juez, que no existe ni ha existido nunca. Solo ha habido un decreto que no tiene ninguna validez, ni técnica, ni jurídica, ni científica», explica en conversación con este periódico.

«A esas zonas supuestamente tan letales acceden diariamente funcionarios del Ayuntamiento, gente de la construcción, protectoras de animales, trabajadores de plataneras... Sin ningún tipo de protección. ¿Pueden entrar a arreglar cosas en la avenida o a regar las plantas y no puede entrar un propietario que tiene su casa ahí?, prosigue. Conchi coincide con Aaron en que la razón que podría estar detrás de esta anómala situación sería la ayuda económica que recibe el gobierno insular por gestionar una zona catastrófica: «Lo que sí es cierto es que, mientras dure una emergencia, los organismos responsables reciben subvenciones. Mientras, hay personas viviendo en hoteles, gente viviendo en sus coches. Y esos apartamentos no se están cuidando». No entiende por qué, aunque siempre se ha sabido concretamente dónde están los valores más altos del CO2, «durante 22 meses no se ha hecho nada. Se ha recibido dinero, pero no se ha hecho nada. Muchos de los vecinos nos preguntamos dónde está ese dinero. ¿Por qué no se ha hecho antes lo que se está haciendo ahora?». Reconoce que ahora parece haber algo de avance, aunque «despacio, muy despacio». Las nuevas autoridades les piden paciencia, que es justo lo que ya tienen bajo mínimos. Ella es de las privilegiadas que cuenta con un lugar donde quedarse en otra parte de la isla, pero denuncia que «el vecino y el afectado, tanto propietarios de primeras como segundas viviendas, siempre han estado abandonados en esta crisis. Nunca nos han dicho: venga, vamos a sentarnos y ver qué podemos hacer».

Jonás García es de los que ha tirado la toalla. A sus 46 años, este guía turístico tiene muy claro que no se va a arriesgar a volver a su casa en Puerto Naos hasta que no quede ni el más mínimo resquicio de duda de que es seguro. «Mira, yo tengo dos hijos de seis años y no voy a correr ningún riesgo porque no me lo perdonaría en la vida». En tono de broma, explica por teléfono que ellos esperarán a que el vecino que peor les cae del edificio viva allí durante seis meses sin que le pase nada antes de volver. A Jonás, dueño de «Isla Bonita Tours», solo le ha llegado del gobierno una ayuda para seis meses de alquiler «baratito».

A pesar de todo, admite que hay otros que lo han pasado mucho peor porque tenían su negocio en Puerto Naos. Recuerda que hace poco pasó una noche en el Hotel Princess, uno de los lugares en los que aún viven desplazados por el volcán. «En el desayuno vi a un hombre de unos 75 años con la pulsera verde de los afectados. El pobre se estaba peleando con la máquina del café y me senté a hablar con él. Era palmero, palmero. Estaba totalmente desubicado el pobre hombre. Me habló de su finquita de naranjas y de cuánto la echaba de menos. Dos años después, ahí seguía, viviendo en un hotel».

Aaron también se duele de las consecuencias psicológicas de tanto abandono: «Es que la gente lleva dos años de prestado y enferma tanto física como psicológicamente. Estamos abandonadísimos y esto está acabando con la salud de las personas. Lo que no logró el volcán lo está haciendo la gestión de la crisis. Superaron el Covid, pero esto les ha dejado en la calle».