Ante la fuerte presión social y mediática suscitada, el Ministerio de Sanidad ha dado un plazo de 15 días a las comunidades autónomas para que estudien a fondo el nuevo plan antitabaco, y que de esta manera puedan «revisar y aportar sus observaciones» al texto antes de que se proceda a su aprobación, según ha explicado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.

En la reunión de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) celebrada este jueves se han materializado las discrepancias entre las distintas regiones sobre esta materia. Pese a que la mayoría de las comunidades manifestaron que habían acogido con buenos ojos el plan y la posibilidad de ampliar las zonas libres de humo y de actuar contra los vapeadores, también han indicado que preferían estudiarlo en profundidad. Asturias y Cataluña, por ejemplo, están de acuerdo con prohibir fumar en terrazas, Galicia y Andalucía han declarado la guerra a los vapeadores y la Comunidad Valenciana aboga por «dejar ciertos espacios de libertad», y por eso presentará alegaciones, informa Efe.

En este sentido, el propio Javier Padilla reconoció que «hay comunidades que quieren ampliar los espacios libres de humo, otras han manifestado que quieren equiparar la regulación de otros productos del tabaco con los cigarrillos convencionales, y otras que tienen otras aspiraciones al respecto de la mejora del plan de tabaco», ha destacado.

Por este motivo, los directores generales de Salud Pública no sometieron a votación el «Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) 2024-2027» como estaba previsto, con el objetivo de analizarlo, valorar nuevas evidencias científicas y añadir nuevas propuestas de las autonomías. Asimismo, se ha decidido convocar próximamente una nueva comisión extraordinaria para abordar este asunto de forma monográfica.

Elena Andradas, directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, destacó tras la reunión «la ceremonia de confusión» vivida en relación a la propuesta del plan. Manifestó que «la ministra de Sanidad esta mañana daba por hecho el consenso para la aprobación del mismo». No obstante, aclaró que «la realidad es que se trata de un documento global que, probablemente por el ruido mediático generado estos días» ha tenido como consecuencia que el ministerio «nos ha planteado 15 días para enviar observaciones por el impacto de las líneas de actuación que se proponen».

En el documento, el departamento que dirige Mónica García propone prohibir fumar y vapear en «determinados espacios comunitarios y sociales al aire libre» y en otros privados en presencia de menores, así como aumentar su precio. A lo largo de cinco metas y 22 objetivos, el documento, que rescata el que ya se redactó en 2021 pero que no llegó a ver la luz, aspira a evitar el inicio del hábito tabáquico, especialmente entre los jóvenes, con medidas como la equiparación de las nuevas formas de consumo, además del empaquetado genérico o el incremento de la fiscalidad.

El Gobierno de Aragón se ha mostrado favorable a la elaboración de un Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, pero ha reclamado al Ministerio de Sanidad mayor concreción. Así, el Ejecutivo aragonés creará un grupo de trabajo específico sobre tabaco en el proceso para elaborar una nueva ley y plan de adicciones, informa Ep. El Ejecutivo de esta comunidad solicitó en la Comisión de Salud Publica que el plan contenga una memoria económica y la correspondiente dotación presupuestaria para su implementación.

Por su parte, la Comunidad Valenciana anunció que la Generalitat presentaría alegaciones. Y el consejero cántabro de Salud, César Pascual, trasladó su apoyo, pero consideró que hay que «seguir hablando» de este asunto por estar en desacuerdo con las «prohibiciones genéricas, que no han demostrado viabilidad».

También Extremadura asistió a la reunión con la idea de «escuchar» las nuevas medidas antitabaco que pretende impulsar el Gobierno central antes de posicionarse al respecto. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de ayer, el portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Sanidad sustituto, Carlos Fernández Carriedo, recordó que esa comunidad estaba a la espera de lo que planteara el Ministerio para analizarlo y apostó por el acuerdo y el máximo consenso para que lo que se decida se haga general en toda España. No obstante, criticó que el Ministerio no «aborde cuestiones que son más importantes para la Sanidad, como el problema de la falta de médicos especialistas».

A quienes tampoco les ha gustado el plan es a los agricultores de hoja de tabaco ni a los hosteleros, que consideran que en el Ministerio de Sanidad «hay unos auténticos talibanes», según consideró el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel.