El tercer aniversario de la erupción del volcán Tajogaite en La Palma, tal día como hoy, es un evento marcado por la reflexión y el duelo por lo perdido, pero también por el malestar y la frustración de los afectados, quienes siguen lidiando con las secuelas de un proceso de reconstrucción fallido. Lejos de haber recuperado la normalidad, cientos de familias siguen atrapadas en una espiral de promesas incumplidas, viviendas temporales y un futuro incierto, lo que ha provocado manifestaciones y protestas durante este aniversario.

La erupción, que se prolongó durante 85 días y afectó a más de 1.200 hectáreas de la isla, sigue siendo una herida abierta para muchos de los residentes del Valle de Aridane, el área más devastada. Con 7.000 personas evacuadas y más de 1.300 viviendas destruidas, la magnitud de la catástrofe dejó a miles de palmeros sin hogar, sin medios de subsistencia y sin un plan claro para retomar sus vidas. Sin embargo, lo que comenzó como una respuesta de emergencia por parte de las autoridades ha derivado en una gestión marcada por la ineficiencia y la lentitud. Las viviendas temporales, que inicialmente debían ser una solución provisional, se han convertido en una especie de «hogar» permanente para cientos de familias, generando una creciente insatisfacción entre los damnificados.

En este contexto, la Plataforma de Afectados por la Erupción del Volcán organizó una serie de manifestaciones para coincidir con el tercer aniversario, como una forma de visibilizar su situación y exigir soluciones reales. Estas marchas se llevaron a cabo en Los Llanos de Aridane y en el barrio de La Laguna, dos de los puntos más afectados por la erupción. Los afectados exigieron una aceleración en el proceso de reconstrucción y criticaron la falta de avances significativos en la entrega de viviendas definitivas.

Desde el mismo momento en que cesó la actividad volcánica, la reconstrucción de la isla se perfilaba como una tarea monumental. Sin embargo, la realidad es que, tres años después, muchas de las promesas hechas por las autoridades nacionales siguen sin materializarse. El Cabildo de La Palma y el Gobierno de Canarias han anunciado en repetidas ocasiones la creación de nuevas viviendas y ayudas económicas, pero estos esfuerzos se han visto obstaculizados por la burocracia y la falta de coordinación entre las distintas administraciones implicadas. Esto ha provocado que muchas de las personas afectadas sigan viviendo en contenedores habilitados como viviendas temporales, una situación que debía haber sido transitoria pero que, en la práctica, se ha convertido en permanente para muchas familias.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha sido una de las voces más críticas respecto a la gestión de la crisis. En una reciente visita del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a la isla, Rodríguez lamentó que Sánchez no dedicara ni un minuto a reunirse con los responsables de la reconstrucción ni con los afectados por la erupción. Esta falta de atención ha generado un profundo malestar entre los palmeros y palmeras, quienes ven cómo las autoridades parecen haber dado la espalda a sus necesidades.

Uno de los problemas más graves y visibles es el relacionado con las viviendas porque Los Llanos de Aridane, uno de los municipios más afectados, ha sido testigo de la desesperación de cientos de familias que siguen viviendo en contenedores. Estas estructuras, concebidas para ser una solución de emergencia, ofrecen condiciones precarias y están lejos de proporcionar la seguridad y comodidad que necesitan las familias que lo han perdido todo. Según las autoridades locales, se está trabajando para convertir algunas de estas viviendas temporales en permanentes, pero el proceso ha sido extremadamente lento.

El Instituto Canario de la Vivienda ha señalado que se han invertido fondos significativos en la construcción de nuevas viviendas y en la compra de terrenos para la edificación de nuevas urbanizaciones. Sin embargo, la burocracia ha sido uno de los principales obstáculos, retrasando la entrega de las viviendas prometidas y generando un clima de desesperanza entre los damnificados.

A lo largo de estos tres años, el impacto psicológico y emocional en los afectados ha sido inmenso. Perder una casa no es solo perder una propiedad, es perder una parte fundamental de la vida de una persona, y para muchas de estas familias, la incertidumbre ha sido una carga difícil de soportar. Los afectados han tenido que adaptarse a vivir en espacios reducidos y en condiciones muchas veces indignas, con la esperanza de que, en algún momento, el proceso de reconstrucción acelerara y les proporcionara una solución definitiva.

En el Foro de Participación Ciudadana para la Reconstrucción, celebrado en septiembre de 2024, los testimonios de los afectados evidenciaron agotamiento y desesperación. Muchos expresaron su decepción ante la falta de apoyo por parte de las autoridades, señalando que se sienten abandonados tanto por el Gobierno regional como por el central.

Aunque se han aprobado nuevas líneas de ayuda, estas no han sido suficientes para compensar las pérdidas sufridas, y la lentitud en la ejecución de los proyectos de reconstrucción ha contribuido a que muchos de los damnificados sigan viviendo en un limbo.

A pesar de los numerosos anuncios de planes de recuperación, la realidad en el terreno es que la reconstrucción de La Palma está lejos de estar completa. Las autoridades locales han señalado que el proceso es complejo y que, además de la construcción de viviendas, se deben abordar otros desafíos, como la reconstrucción de infraestructuras y la reactivación de la economía local, gravemente afectada por la erupción.

En cuanto a las ayudas económicas, si bien el Gobierno ha destinado millones de euros para apoyar la recuperación, muchos afectados han denunciado dificultades para acceder a las compensaciones. Según la Plataforma de Afectados, algunas familias que perdieron su segunda vivienda han quedado excluidas de las ayudas, lo que ha generado aún más resentimiento y una sensación de injusticia.

El papel del Gobierno nacional en este proceso ha sido objeto de duras críticas. Si bien las autoridades locales han destinado recursos y han aprobado medidas para la reconstrucción, la percepción generalizada es que estas acciones han sido insuficientes. La falta de una planificación efectiva y la ineficiencia administrativa han provocado que muchas personas sigan viviendo en condiciones de emergencia, tres años después de la erupción.

Para los palmeros y palmeras, la reconstrucción de la isla no es solo una cuestión económica o material, sino también una deuda moral. La erupción fue un desastre natural, pero lo que ha seguido ha sido, para muchos, un desastre administrativo, que ha profundizado el dolor de quienes lo perdieron todo. Con cada aniversario que pasa, la urgencia de encontrar soluciones permanentes se hace más evidente, y la paciencia de los afectados, más frágil.

A medida que se cierra otro capítulo de esta tragedia, la pregunta que muchos se hacen es si el próximo aniversario será diferente, si podrán dejar atrás las casas contenedor y reconstruir sus vidas en viviendas dignas. Por ahora,

la incertidumbre sigue siendo la única constante para quienes sufrieron el azote del Tajogaite. De hecho, Cáritas Diocesana de Tenerife ha realizado más de 4.000 atenciones y son 1.300 las familias y 3.400 las personas (entre ellas 725 menores) que han recibido algún tipo de ayuda de la entidad gracias a las aportaciones recibidas en el marco de la Campaña de Emergencia y Solidaridad.