Imputadas nueve personas por irregularidades en los procesos de adopción de niños

La Audiencia Provincial de Lugo ha ordenado que el juzgado tome declaración en calidad de imputadas a al menos nueve personas, en relación a las irregularidades denunciadas en procesos de adopción de niños en la provincia de Lugo, investigadas en el marco de la conocida como 'Operación Bebé', que fue abierta hace cuatro años. En el año 2010, el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo abrió una instrucción a raíz de una denuncia interpuesta por un grupo de abogadas del turno de oficio sobre madres que alertaban de que habían sido obligadas a renunciar a sus bebés y darlos en adopción con presiones y engaños.

Además, en el marco de la 'Operación Carioca', que se centró en una red de prostitución y corrupción que operaba en Lugo, la jueza Pilar de Lara recabó también relatos de prostitutas que denunciaban este mismo tipo de hechos delictivos, por lo que dedujo testimonio de este 'hallazgo casual' y remitió las declaraciones a la 'Operación Bebé' por si pudiesen ser de ayuda. En un primer momento, se hizo cargo de esta instrucción la titular del Juzgado número 3 de Lugo, Estela San José, quien ordenó registros en el servicio de menores de la Xunta y en el centro de atención a embarazadas y madres con problemas Hogar Madre Encarnación. No obstante, Estela San José se inhibió por amistad con una de las abogadas del turno de oficio que representaba a una de las víctimas, de forma que el caso pasó a ser instruido por la jueza del número 2 de Lugo, Sandra Piñeiro.

La jueza Sandra Piñeiro citó a declarar como testigos a varias personas por las irregularidades denunciadas en procesos de adopción, pero ahora la Audiencia Provincial de Lugo decide que deben declarar como imputados y también ordena a la magistrada entregar el sumario de la causa a las partes personadas "en el menor período de tiempo que sea posible", dado que ya no está bajo secreto. No obstante, establece la salvedad de "aquellos datos que resulten de carácter confidencial", partes que deberán ser "eliminadas".

En un primer auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Audiencia de Lugo ordena al juzgado tomar declaración en calidad de imputadas a la subdirectora médico del Hospital de Burela, a la trabajadora social de este mismo centro y a la técnico facultativo del número 9 del Servicio de Menores. En el Hospital de Burela dio a luz una de las madres que denuncia que su bebé le fue arrebatado. Se trata del caso de una mujer de nacionalidad argelina, que no dominaba el español y a la cual no le fue facilitado un servicio de intérprete. En un segundo auto "aclaratorio"del anterior, la Audiencia Provincial de Lugo también ordena que se le tome declaración como imputadas a cuatro personas más, entre ellas quien era madre superiora del Hogar Madre Encarnación, un centro de acogida de embarazadas y madres recientes con problemas, así como funcionarios del servicios de menores y trabajadores sociales.

En este auto también se ordena, sin identificarlos, tomar declaración como imputados a los facultativos de menores que firmaron en el expediente de una de las denunciantes. De esta forma, como mínimo, deberán testificar con representante legal dos personas más, porque son dos las partes que suelen firmar en una comparecencia de toma de asentimiento de una adopción. La Audiencia Provincial estima que "resulta más adecuada"la citación en calidad de imputados, "sin que ello signifique ninguna otra connotación respecto a la presunta responsabilidad o no", dado que de esta forma podrán ejercer su derecho de defensa en toda su amplitud en esta fase procesal.

Consultado al respecto al abogado Gerardo Pardo de Vera, que lleva la representación de una de las víctimas, ha defendido la necesidad de que a estas personas se les tome declaración como imputadas, aparte de "para preservar sus garantías", para evitar riesgos de "vicio procesal"y "nulidad"si alguien declara primer como testigo y luego pasa a ser imputado por existencia de sospechas sobre él.

En declaraciones a Europa Press, este abogado ha expresado su satisfacción por que la investigación "por fin avance", tras haberse iniciado en 2010, máxime porque está en juego el desarrollo de menores. Así, ejemplifica con la situación de la hija de una de las víctimas, cuyo proceso de adopción está paralizado y que está con unos padres de acogida.

"Esta hija está en un limbo. Si la rapidez de la Justicia siempre es deseable, aún más en este caso que está en juego el desarrollo vital de un menor", ha resaltado este abogado, quien avanza que él pedirá la imputación de más personas. Por su parte, la Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta, con competencias en procesos de adopción y atención a menores, ha explicado a Europa Press que en su momento, cuando se registró el servicio de menores y se entregaron los expedientes solicitados, pidieron personarse en la causa, pero la jueza estimó que no era pertinente.