El Gobierno francés ha anunciado hoy que "avanzará" en la en la legalización de la muerte asistida, pero con un procedimiento distinto a la eutanasia y al suicidio asistido autorizados en otros países, España entre ellos. El que proponen será un dispositivo condicionado a un dictamen médico y dirigido exclusivamente a enfermos terminales, guado por el objetivo de "asistir de un modo permanente al dolor de personas con un diagnóstico terminal", ha explicado hoy la ministra de Trabajo y Sanidad, Catherine Vautrin.

"No es un suicidio porque, aunque es la persona la que lo solicita, necesita un dictamen médico" subrayó Vautrin al presentar el proyecto de ley sobre «el fin de la vida», que será debatido en el pleno de la Asamblea Nacional a partir del 27 de mayo, justo antes de las elecciones europeas.

Por eso, uno de los pilares del proyecto es reforzar los servicios de cuidados paliativos, que tendrá una dotación adicional de 1.100 millones de euros que se añadirán de forma progresiva durante diez años, lo que supondrá un incremento del 64 %. Un porcentaje muy superior al alza del número de beneficiarios, que se calcula que pasará de 380.000 personas al año actualmente a 450.000 en 2034.

Además, la ley excluirá expresamente de poder solicitar la prestación a las personas que sufran enfermedades psiquiátricas o alzhéimer, ya que el médico tendrá que comprobar, escrupulosamente y en cada momento del proceso, que el demandante tiene "capacidad de discernimiento".

Cinco condiciones

Para poder acogerse a la «ayuda a morir» habrá que cumplir cinco condiciones, empezando por ser mayor de edad y residente en Francia o de nacionalidad francesa.

Se tendrá que certificar que el paciente tiene una enfermedad grave e incurable a medio plazo (en seis a doce meses) y sufrir dolores «insoportables y refractarios (que no respondan) al tratamiento».

Por último, el interesado tendrá que solicitar una evaluación a un médico, que tendrá un plazo de 15 días para pronunciarse, después de haber consultado el caso con otro facultativo especialista y con un enfermero antes de emitir un dictamen sobre si puede recetar la sustancia que provocará la muerte.

"Si el dictamen médico es negativo, no se podrá solicitar la ayuda para morir", ha advertido la ministra.

En el proyecto de ley se prevé que el solicitante será el que se administre a sí mismo la sustancia letal, aunque igualmente se contempla, cuando no pueda hacerlo físicamente, que se la inyecte "un médico, un enfermero o una persona voluntaria"

Para validar la aceptación y viabilidad del proyecto, el Gobierno de Macrón valoró las conclusiones de una convención ciudadana creada en diciembre de 2022 para estudiar la necesidad o no de reformar la legislación vigente. Un 76% de los 184 participantes se mostró a favor de impulsar alguna forma de muerte asistida.

E Francia no es legal ni el suicidio asistido ni la eutanasia pero, desde 2016, esta vigente la ley Claeys-Léonetti sobre el fin de vida que permite a los pacientes terminales dejar de medicarse y recibir solo cuidados paliativos.