Gestación subrogada: El drama de 50 familias españolas atrapadas en Ucrania desde diciembre

Más de 50 familias españolas atrapadas en Ucrania. Ana es una de las afectadas por el cambio de criterio del Gobierno: lleva allí desde diciembre y aún desconoce cuándo regresará con su hija.

La mayor ilusión de Ana y Fernando siempre ha sido ser padres. Una espinita que, cada día, se iba clavando más y más. Cada vez que se encontraban con algunos de sus amigos, se alegraban al recibir la noticia de que serían papás en los próximos meses, pero en lo más profundo de esta pareja de Palencia se desgarraba algo aún más intenso. «¿Por qué nosotros no podemos?», se preguntaban una y otra vez. Hasta que decidieron dar el paso y jugar todas las cartas a la gestación subrogada. «Íbamos a tener un hijo, ¿cómo no podíamos estar pletóricos?», recuerdan más de un año y medio después de tomar aquella decisión. Hoy, Alba ya forma parte de su familia, aunque aún no han podido pisar España. Nació el 19 de diciembre de 2018 y, desde entonces, el cónsul español en Kiev no ha registrado su nacimiento. «Nunca nos avisaron de que podríamos tener este tipo de problemas».

A punto de cumplir su sueño, Ana y Fernando llegaron a Ucrania un par de semanas antes que su hija. Allí, compartieron sus días con la madre gestante. Ella es psicóloga y, desde el primer momento, les dio la seguridad de que Alba llegaría perfectamente sana. Al día siguiente de hacerlo, sus padres solicitaron la inscripción en el registro consular. Les dieron cita para el 18 de marzo. «Fue un mazazo, así que empezamos a movernos con otras tantas familias», recuerda Ana. Y lo consiguieron: les adelantaron sus las citas hasta seis semanas antes. Pero cuando llegó el momento de la verdad, todo se complicó. «Nos pidieron documentos que nunca antes habían solicitado, como el contrato de gestación subrogada o los informes médicos que acreditan que yo no puedo tener hijos». Estaban viviendo un auténtico calvario: el cónsul denegó el registro de su hija como ciudadana española al no disponer de una resolución judicial que lo acreditara. A la vista de una situación que afecta ahora a casi 60 familias en el país, la Dirección General de Registros y del Notariado publicó el pasado viernes una instrucción por la que se sustituía esta sentencia por una prueba de ADN en aquellos países donde el sistema no lo contempla, como es el caso de Ucrania. Sin embargo, esa alegría a penas duró 24 horas: el Ministerio de Justicia dio el sábado marcha atrás y anunció que dejaría sin efecto esta medida. Desde entonces, la Embajada de España en Kiev está realizando gestiones con las autoridades ucranianas para estudiar las «alternativas existentes» de registro y atender de «manera individualizada» a las familias que se encuentran en el país para informarles sobre la legislación vigente y las posibilidades legales.

Como ellos, cientos de padres heterosexuales de clase media viajan cada año a Ucrania y a Georgia para cumplir su sueño a precios asequibles, en comparación con Estados Unidos o Canadá. Allí, una mujer local gesta y da a luz a un bebé genéticamente de padre español y ovodonante. Todo el proceso cuesta hasta 60.000 euros en Kiev y 80.000 euros en Tiflis. En ambos casos, el parto corre a cargo de la sanidad pública. «En nuestro caso, el proceso fue bastante largo», mantiene Ana, pues tuvieron que cambiar de gestante en dos ocasiones. Lo que implica que haya tenido que volver a la casilla de salida en más de una ocasión. Sin estadísticas aún oficiales, los españoles son de entre los europeos que más bebes van a buscar al país del este: 300 recién nacidos en el último año mediante una práctica que no tiene encaje legal en España. Desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, el Gobierno siempre ha incidido en que tiene la obligación de «preservar y proteger los derechos de las madres biológicas involucradas, independientemente de su nacionalidad, así como de proteger el interés superior del menor». En nuestro país, los contratos por gestación subrogada son nulos, pero en los últimos años el número de familias que han viajado al extranjero para llevarlo a cabo no ha parado de aumentar.

El problema de este «turismo reproductivo» se encuentra, precisamente, en el regreso de las familias a España, donde existe una incertidumbre jurídica ante la posible negativa a la inscripción del menor en el registro civil. Por el momento, el derecho español solo ofrece dos soluciones: por un lado, la filiación por sentencia judicial. Es la medida más garantista y la que se ofrece en países como Estados Unidos y Canadá. En ellos, se emite una sentencia que, posteriormente, será admitida en nuestro país. Algo parecido a lo que ocurre en Grecia, donde se lleva a cabo un juicio para autorizar la transferencia embrionaria y que, después, también es convalidado. Por otro lado, la filiación por adopción. Es la que más problemas representa y la que se tiene que emplear en Ucrania, Rusia y Georgia. Allí, la madre gestante es la legal a los ojos de los tribunales españoles y el padre legal el que ha aportado el material genético. Ahora bien, para que el bebé sea reconocido como ciudadano español, la gestante debe renunciar a la maternidad, quedando el padre como único representante legal. Después, la madre biológica procederá a su adopción. «Tomaremos las medidas pertinentes para reclamar todos estos daños morales que estamos pasando», concluye Ana desde Kiev. «Pedimos un salvoconducto». Eso sí, siempre con su hija.