Las discrepancias en la gestión de las llamas que asolaron el Parque Nacional de Garajonay en verano de 2012 dejaron claro que había una falta clara de coordinación. Mientras el Gobierno canario alegaba que los hidroaviones tardaron 22 horas en llegar a La Gomera, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, recordaba que el Gobierno no había actuado con pasividad, sino que la ayuda se solicitó tarde. Este incendio, junto a otros tres, encendió el debate. No era lógico que, por un vacío legal, el Gobierno central, siendo el coordinador de la Red de Parques Nacionales, no pudiera decidir por sí solo el nivel de riesgo del incendio y por tanto actuar de inmediato. De ahí nació el Proyecto de Ley de Parques Nacionales, aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Gracias a esta iniciativa, se refuerza la coordinación entre el Estado y las CC AA para garantizar la correcta conservación de estos enclaves con medidas como la intervención estatal directa ante catástrofes o situaciones extraordinarias que pongan en peligro los valores de estos espacios. Lo que no impide que las autonomías sigan siendo las encargadas de su gestión. «Al Estado le corresponden estas funciones. Con este proyecto de ley no se ganan competencias, sino que se asumen las que ya tenía el Estado. No puede ser que hubiera muy poca coordinación en los parques nacionales, que son patrimonio de sus CC AA, pero también de todo el país», recuerda Federico Ramos, secretario de Estado de Medio Ambiente.

El proyecto incluye otras novedades, que despertaron en un inicio cierta polémica. Así, aunque en el artículo 6.2 se establece que en caso de futuros parques nacionales, «en la superficie propuesta no puede existir suelo susceptible de transformación urbanística ni suelo urbanizable, en la disposición adicional séptima se recoge que «en los parques nacionales ya declarados a la entrada en vigor de la presente ley, que incluyan suelos urbanos o susceptibles de transformación urbanística no será de aplicación lo dispuesto». Un párrafo por el que ayer los ecologistas temieron que se fuera a poder urbanizar. Nada más lejos de la realidad. Esta excepción se hace únicamente por el caso de Picos de Europa, donde hay dos pueblos de menos de 500 habitantes cada uno que pudieran necesitar construir una depuradora, para Cabrera (suelo de Defensa) y para el núcleo de 25 habitantes de Villareal de San Carlos sito dentro de Monfragüe. En el resto, todos los suelos se califican como no urbanizables. «Evidentemente no se va a poder urbanizar en parques nacionales. No vamos a permitir construir casas en ellos. Esta excepción está puesta por las necesidades de los tres núcleos existentes previamente. Y cualquier construcción que quiera hacerse en ellos deberá ser justificada», aclara Ramos. Situación similar pasa con la posibilidad de navegar en Monfragüe y realizar vuelo sin motor en Guadarrama. Y no, «no se podrá cazar en ningún parque nacional», añade.