Las instituciones europeas han comenzado a ayudar a España a paliar los estragos ocasionados por las lluvias torrenciales de la DANA. De momento, la Comisión Europea ha activado el sistema Copérnico para coordinar los rescates. Esta herramienta cuenta con decenas de satélites que recopilan datos e imágenes de diferentes partes del planeta. Además, Bruselas también ha ofrecido el mecanismo europeo de protección civil para supervisar y dar respuesta de forma coordinada a este tipo de desastres.

Asimismo, la Unión Europea cuenta con el denominado Fondo de Solidaridad, que está ideado para ayudar a hacer frente a los efectos de una catástrofe natural grave, como inundaciones, incendios forestales, terremotos, tormentas o sequías. El Fondo de Solidaridad fue creado en 2002 para responder a las inundaciones que afectaron a Europa central ese verano y que tuvieron devastadoras consecuencias.

Desde 2021, el Fondo de Solidaridad y la Reserva para Ayudas de Emergencia se enmarcan dentro del instrumento denominado Reserva de Solidaridad y para Ayudas de Emergencia. El presupuesto anual máximo para la Reserva para Solidaridad y para Ayudas de Emergencia asciende a 1.200 millones de euros (a precios de 2018).

En febrero de 2024 se revisó la financiación europea para el periodo entre 2021-2027, y se decidió incrementar la dotación adicional para abordar los nuevos retos. Eso supone que la financiación máxima para la Reserva de Solidaridad y para Ayudas de Emergencia ha aumentado en 1. 500 millones.

Estos fondos suponen una subvención que complementa el gasto público del Estado afectado y se destinan a financiar medidas de emergencia y recuperación esenciales, entre las que se encuentran el restablecimiento inmediato del funcionamiento de las infraestructuras e instalaciones en los sectores de la energía, el agua potable, la eliminación de las aguas residuales, las telecomunicaciones, los transportes, la sanidad y la enseñanza.

Además, estos fondos pueden utilizarse para poner en marcha alojamientos provisionales y financiación de servicios de auxilio para la población afectada, fortalecimiento inmediato de las infraestructuras de prevención y medidas de protección del patrimonio cultural; limpieza de las zonas siniestradas, incluidas las zonas naturales; asistencia médica a la población afectada por una emergencia grave de salud pública y protección de la población frente al riesgo de verse afectada.

Desgraciadamente, la llegada del dinero y los recursos no es inmediata. El país afectado debe presentar su solicitud en un plazo de doce semanas a partir de la catástrofe. A continuación, la Comisión evalúa la solicitud y propone un importe de ayuda financiera. Este procedimiento, en el que también es necesario conseguir la aprobación del Parlamento y las capitales europeas, puede durar varios meses.

Una vez que los créditos están disponibles, la Comisión firma un acuerdo con el Estado beneficiario y proporciona la subvención. Debido a la necesidad de agilizar los plazos cuando sucede una catástrofe de esta envergadura, en 2014 se puso en marcha una reforma que permite solicitar un anticipo. Para ello la Comisión debe dar luz verde y comprobar si existen estos recursos disponibles. El importe máximo del anticipo es el 25% del importe total previsto y no puede sobrepasar los 100 millones. Este dinero se usará en el plazo de 18 meses desde la fecha del desembolso al país beneficiado.