El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha reiterado que lamenta los abusos sexuales en la Iglesia y sus secuelas: "No nos cansaremos de pedir perdón a las víctimas y trabajar por su sanación", pero también ha dicho que algunos medios de comunicación manipulan los datos.

"Las cifras extrapoladas por algunos medios son mentira y tienen intención de engañar", ha afirmado en un mensaje en la red social X recogido por Europa Press este sábado.

Lo dice al día siguiente de que el Defensor del Pueblo presentara en el Congreso el 'Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos'.

Omella ha recordado un fragmento del 'Catecismo de la Iglesia Católica', según el cual 'la Iglesia es a la vez santa y siempre necesitada de purificación... Todos los miembros de la Iglesia, incluso sus ministros, deben reconocerse pecadores'.

Y ha transcrito otro fragmento: 'En todos, la cizaña del pecado todavía se encuentra mezclada con la buena semilla del Evangelio hasta el fin de los tiempos. La Iglesia congrega a pecadores alcanzados ya por la salvación de Cristo, pero aún en vías de santificación'.

Como se recordará, un fondo estatal para indemnizaciones, un acto público de reparación a las víctimas o una mejora de los procesos de selección de candidatos en la Iglesia son algunas de las más de veinte recomendaciones que realiza el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en su 'Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos: Una respuesta necesaria', entregado este viernes en el Congreso de los Diputados.

En el ámbito de la reparación, el Defensor del Pueblo recomienda la creación de un fondo estatal para el pago de las compensaciones a favor de las víctimas y la creación de un órgano especial de carácter temporal para la reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica en aquellos casos en los que, por la prescripción del delito u otras causas, no se haya podido seguir un proceso penal.

En concreto, sobre las indemnizaciones, la institución precisa que "la compensación económica no puede estar sujeta a la discrecionalidad de una u otra institución" o a las "organizaciones religiosas" pues puede generar "desigualdad" y contribuir a la "opacidad, la arbitrariedad y el silenciamiento". Por ello, insiste en que es necesario que las compensaciones se determinen en el seno de "un procedimiento reglado, por parte de un órgano independiente eimparcial formado por un equipo multidisciplinar de profesionales".

Asimismo, propone aprobar una ley que reforme el régimen de prescripción de la acción de responsabilidad civil derivada de los delitos de agresión y abusos sexuales de menores, de modo que puedan acordarse judicialmente indemnizaciones respecto a casos anteriores a la entrada en vigor de la Ley de infancia; y reformar la ley sobre ayudas públicas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, con el fin de asegurar que las cuantías de las indemnizaciones por delitos sexuales se ajusten a los estándares de la Unión Europea.

Entre las recomendaciones referidas al reconocimiento, el Defensor del Pueblo sugiere la celebración de un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas en el que se acepte la "gravedad" del problema y del daño causado; y un reconocimiento público del "prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020, durante el cual los poderes públicos no establecieron procedimientos adecuados de detección y reacción frente a los abusos sexuales de menores cometidos en centros escolares dependientes de la Iglesia católica".

También propone el desarrollo de la vía que recoge el artículo 37 de la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida como 'ley del solo sí es sí', en lo que se refiere a la forma de acreditar la situación de violencia sexual "sin que esté limitada a un momento concreto".

Asimismo, en el ámbito de la prevención, el Defensor pide el desarrollo reglamentario de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, en particular, de la figura del coordinador de bienestar y protección; que la inspección educativa ejerza una supervisión efectiva en todos los centros docentes, tanto públicos como privados; y que se pongan todos los medios necesarios para que los abusadores sacerdotes o religiosos sean tratados con los programas de intervención basados en la evidencia que se usan para otros abusadores por parte de profesionales de la psicología.

En cuanto al apoyo a las víctimas, la institución pide que los jueces y fiscales "prioricen" la escucha a las personas afectadas por este tipo de delitos y asegurar la notificación en persona de las resoluciones que pongan fin al procedimiento por prescripción, con una explicación en lenguaje claro de su alcance y de la existencia de otras vías ajenas al proceso judicial penal.

También considera necesario establecer un mecanismo de coordinación entre las oficinas de protección del menor de la Iglesia y las oficinas de atención a las víctimas del Ministerio de Justicia o de los gobiernos de las comunidades autónomas; y que la Iglesia católica ofrezca tratamiento a las víctimas de casos históricos, prescritos o de aquellos en que el agresor o la víctima han fallecido pero la familia de esta requiere atención.

Igualmente, aboga por que los poderes públicos garanticen el cumplimiento de las previsiones normativas para que todos los profesionales en contacto con menores reciban formación adecuada sobre los abusos sexuales, en especial en los centros educativos, y por la formación y sensibilización de los miembros de la carrera judicial y fiscal.

Asimismo, recomienda a las instituciones religiosas de la Iglesia en España que presten "la máxima atención" tanto a los procesos de selección de sus miembros como a su formación para la detección de los abusos; y que tanto las diócesis como los institutos de vida consagrada permitan a los investigadores el acceso a sus archivos.

"Las expresiones públicas, la sanción de los individuos culpables, la petición de perdón, incluso el pago de compensaciones y el establecimiento de procedimientos de prevención, aun siendo necesarios, no son medidas suficientes. Limitar la reacción a las denuncias de abusos a tales actuaciones imprescindibles podría propiciar que se preservaran las estructuras que están en la base del problema", advierte el Defensor.

Por ello, insiste en que la formación del clero y la preparación de quienes vayan a tener responsabilidades jerárquicas en órdenes y movimientos religiosos tiene que ser considerada como "una prioridad", con atención que permita "superar posibles deficiencias en el ámbito emocional y sexual", informa Ep.