El curso político en Sanidad arranca con una mini crisis en el Ministerio que dirige la canaria Carolina Darias. Una de los altos cargos de este departamento que está siendo investigada por la Justicia por las compras irregulares de materiales contra la Covid-19 durante la pandemia, a raíz de la querella interpuesta por Vox, acaba de dimitir. Se trata de Patricia Lacruz, hasta ahora directora general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y de Farmacia.

Fuentes oficiales del Ministerio aseguran que su marcha se produce única y exclusivamente por «motivos personales» y la desligan de su actual situación judicial. La trayectoria de Lacruz, que declaró el pasado mes de abril ante el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid junto con otros dos altos cargos del Gobierno por algunos de los contratos suscritos, ha estado marcado por la polémica desde su llegada al Ministerio de Sanidad en la época de la socialista Carmen Montón como ministra, departamento en el que ha permanecido también con los también ministros María Luisa Carcedo, Salvador Illa y la actual titular, Darias.

La polémica más conocida fue, quizás, la adquisición de una partida de test de diagnóstico defectuosos a una empresa china en la primera fase de la pandemia, justo cuando una avalancha de pacientes se agolpaba en los hospitales de toda España aquejados de Covid-19, aunque la adquisición de otros materiales y los procedimientos empleados en las adjudicaciones desataron también posteriormente las críticas del sector y de la oposición.

Lacruz deja Sanidad enemistada con los farmacéuticos y con la industria farmacéutica, que le ha reprochado el retraso que acumula España en la incorporación de moléculas innovadoras que sí se comercializan en países vecinos, lo que ha suscitado fuertes protestas de oncólogos, hematólogos y otros especialistas, así como de las principales asociaciones españolas de pacientes. Según el informe «El acceso a los medicamentos en España: diagnóstico y recomendaciones», elaborado por la patronal de los laboratorios que operan en España, Farmaindustria, entre 2017 y 2020 sólo estaban disponibles en el Sistema Nacional de Salud (SNS) 85 de los 160 fármacos aprobados en la Union Europea.

Casi más grave aún resulta que el tiempo medio que transcurre desde que un nuevo medicamento recibe la autorización en el viejo continente hasta que está disponible para su dispensación a los enfermos españoles es de 517 días de media –más de 17 meses de demora–, según el informe anual elaboro por la consultora Iqvia.

También levantó ampollas en los enfermos de artrosis al intentar excluir de la financiación pública los condroprotectores, pero la defensa numantina de estos medicamentos realizada por la Fundación Internacional de la Artrosis (OAFI) evitó que la iniciativa saliera finalmente adelante.

Lacruz será sustituida en el cargo por César Hernández, un reputado experto en fármacos que hasta ahora era subdirector de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) a las órdenes de María Jesús Lamas, quien sí ha mantenido buena relación con la industria farmacéutica en esta legislatura. Entre los principales retos a corto plazo de Hernández figurarán acelerar la entrada en el mercado de los nuevos fármacos para que no aumente todavía más el diferencial con Europa y negociar junto con el Ministerio de Hacienda un nuevo acuerdo de contención del gasto farmacéutico con la industria, tras expirar el pacto que estaba vigente. Todo ello en un entorno de intensa desaceleración económica, como pronostican los principales organismos nacionales e internacionales.

La salida de Lacruz del Ministerio de Sanidad se suma a la que protagonizó hace meses otro de los investigados por la Justicia por las compras irregulares de materiales y que también declaró en abril en los juzgados: Alfonso Jiménez Palacios, que durante la pandemia ocupó el cargo de director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa). Anteriormente, ya salió de Sanidad el que había sido secretario general con Salvador Illa: Faustino Blanco. En Blanco, Lacruz y Jiménez Palacios pivotó la adquisición de materiales por parte del Ministerio de Sanidad en la primera ola de la pandemia, con Salvador Illa como ministro.

Sobre Lacruz pesa otra importante polémica durante la pandemia. Como informó este periódico, ejerció varios meses como directora general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia sin que fuera nombrada específicamente para ese puesto, hasta que el cargo fue regularizado por medio de un real decreto que partió del Ministerio de Política Territorial cuando Darias era titular del mismo. También se granjeó las críticas de organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) que denunció la politización de los nombramientos en la Dirección General de Farmacia. CSIF aludía en concreto a la subdirección general, que ocupó finalmente Dolores Fraga, una amiga personal de Lacruz pese a carecer de la condición de funcionaria. El sindicato que dirige Miguel Borra denunció que se estaba cercenando la carrera administrativa de los funcionarios. «Se está cercenando la carrera administrativa de los funcionarios. Se está tratando de politizar la administración y este es un caso palpable en el que se vulneran los principios de igualdad, mérito y capacidad, y sobre todo el de transparencia», aseguraba en un comunicado. Hernández decidirá ahora si mantiene a Fraga en la subdirección general.