Caos con el pasaporte covid en plena eclosión de casos

La ampliación del uso del certificado covid como instrumento de las comunidades autónomas para atajar el actual crecimiento de los contagios de coronavirus sufrió ayer un duro revés con la denegación de esta medida por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Después de que la mayoría de las autonomías hayan apostado por la exigencia de este documento para no tener que aumentar las restricciones (en Cataluña, Galicia y Baleares ya se aplica en ciertos ámbitos, y Aragón, Canarias, Navarra, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Castilla y León y La Rioja estudian su aplicación) la estrategia para controlar la actual situación epidemiológica vuelve a tambalearse una vez más, y ya van unas cuantas a lo largo de esta epidemia.

Lo curioso del caso es que la propia ministra de Sanidad, Carolina Darias, llegó a pronunciarse la semana pasada pasada sobre el asunto, defendiendo que las comunidades tienen un «camino abierto» para solicitar el pasaporte de vacunación, basándose en una resolución judicial del Tribunal Supremo que indicaba que estaría justificado en determinados ámbitos territoriales concretos.

Lo cierto es que, ante la ausencia de herramientas comunes de contención del virus, regiones como Aragón o Castilla y León han demandando una solución a nivel estatal, porque una vez más los tribunales parecen estar dispuestos a parar lo pies a los gobernantes autonómicos y sus medidas.

Así, el Tribunal de Justicia del País Vasco rechazó ayer la iniciativa del Gobierno vasco de pedir el certificado covid para el acceso a «actividades de esparcimiento y baile», y a restaurantes con un aforo superior a 50 personas cuando la incidencia sea superior a 150 casos por 100.000 habitantes (ahora mismo esta comunidad está ya en riesgo extremo, con 286), para lo que dio varios argumentos.

El argumento principal es que esta medida supondría una restricción «de derechos fundamentales» de los ciudadanos, y «por muy loable que éste sea, el fin no justifica los medios cuando se vive en un Estado de Derecho».

El auto señala que aparte de los mencionados en la demanda (igualdad e intimidad) hay otros derechos fundamentales implicados, como son el de reunión (ya que era previsible que la petición de este documento se extendiese a las fiestas navideñas) o el derecho a la libertad ambulatoria (se impondría en establecimientos públicos a los que en principio debería poder acceder cualquier persona). También se podrían ver afectadas las libertades de expresión y creación artística (como por ejemplo en karaokes). Al tratarse de varios e importantes los derechos afectados, el Tribunal considera que su restricción debe cumplir el principio de proporcionalidad, algo que no se cumple en este caso.

Poco antes de conocerse el fallo, el consejero vasco de Turismo, Javier Hurtado, señalaba que la solicitud del certificado covid supondría «un refuerzo» para que los ciudadanos «tengan más seguridad a la hora de disfrutar de estos espacios».

El varapalo judicial se produjo en medio de laeclosión de contagios de Covid-19en nuestro país, que ayer registró una subida en la incidencia a 14 días de 20,24 puntos(hasta los 132 casos por 100.000 habitantes) tras el fin de semana. De este modo, España se aproxima ya al riesgo alto en este indicador, que (según el semáforo en vigencia) se alcanza al llegar a los 150 casos a 14 días.

La hospitalización está también en incremento, ya que la ocupación de camas convencionales aumentó hasta el 2,33% (el viernes era de 1,93%), mientras que en las unidades de críticos ha pasado al 5,7% (frente al 5% de antes del fin de semana). Según el criterio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la epidemia habría pasado a estar «fuera de control» en España, ya que la positividad de las pruebas supera ya el 5% (concretamente es del 5,35% según los datos de Sanidad).

Ante el aumento actual de los contagios no sólo el País Vasco había pedido autorización a los tribunales para tratar de frenar la pandemia apoyándose en el pasaporte covid. El Gobierno de Aragón pedía establecerlo en los establecimientos de ocio nocturno y en los espectáculos públicos con grandes aforos. No obstante, su Tribunal Superior de Justicia considera que esta medida podría incurrir en un «vicio de inconstitucionalidad», por lo que instó al ejecutivo regional y a la fiscalía a presentar en un plazo de diez días alegaciones a esta petición. Los magistrados confiesan tener «las mismas dudas» sobre la constitucionalidad de esta medida como en recursos anteriores interpuestos sobre restricciones contra la covid.

La Rioja es la última comunidad que se ha sumado a las regiones que solicitarán a los tribunales la puesta en marcha del certificado covid, según anunció Concha Andreu, presidenta del Ejecutivo.

La Comunidad Valenciana espera tenerlo operativo para el puente de diciembre, para lo que solicitará el apoyo judicial.

Por su parte, aunque considera «preocupante» el aumento de casos, Andalucía descarta «de momento» aplicar el pasaporte, según el vicepresidente de la Junta, Juan Marín.