Las autoridades nacionales y locales se lavan las manos con el cancerígeno radón

Hace casi 40 años, en 1987, que se identificó el gas radón como un agente cancerígeno y, sin embargo, las autoridades nacionales, regionales y locales siguen sin hacer los deberes.

Después del tabaquismo, la exposición continuada al radón en interiores es la segunda causa del cáncer de pulmón. Puede entrar en las casas y diferentes edificios a través de pequeñas grietas, agujeros o fisuras y acumularse en el aire. Con el tiempo, la inhalación de este gas radiactivo, que es incoloro, inoloro e insípido, resulta letal. De hecho, es responsable de alrededor de 1.500 muertes anuales en España, una cifra similar a las muertes anuales que causan los accidentes de tráfico (1.750 en 2023, según el INE), aunque después se bajó a 800 (se redujo la cifra al hacer un baremo por la altura de la vivienda).

Un 17% del país tiene potencialmente este problema, según informó en 2017 el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Y pese a ello, España aprobó su real decreto casi cinco años después de que expirara el período de transposición de la directiva europea sobre gas radón. Una demora con la que también se llegó al Plan Nacional, aprobado por el Consejo de Ministro seis años tarde.

«El plan llega tarde, no tiene presupuesto y encima nos han quitado el derecho a poder alegar», denuncia José Miguel Rodríguez, director del Instituto para la Salud Geoambiental y director de área en Fundación Vivo Sano.

«Es una maravilla de plan», dice irónicamente Luis Santiago Quindós, investigador principal del Laboratorio de Radiactividad Ambiental de la Universidad de Cantabria y uno de los que más sabe sobre radón en España. «No tiene presupuesto. Entonces, ¿cuánto vamos a destinar a hacer medidas? Hay un comité, pero ¿cuántos de ellos son técnicos?», denuncia durante una jornada sobre gas radón organizada por Molins.

Estos retrasos pueden hacer pensar que los ayuntamientos y las empresas iban a ir trabajando o al menos pisar el acelerador tras la aprobación del plan y, sin embargo, lo cierto es que los que lo están haciendo son casos meramente «anecdóticos».

Desde el 22 de junio de 2024, es obligatorio realizar mediciones de gas radón en todos los lugares de trabajo situados en planta bajo rasante o planta baja de los «términos municipales de actuación prioritaria» (zona 2), además de en obras, túneles, minas o cuevas, termas y balnearios, donde ya era obligatorio.

«Los ayuntamientos que tienen que medir son los situados en zona 2, algunos comenzando pero son anecdóticos. Es decir van poco a poco, no de manera sistemática», afirma Alberto Ruano Raviña, miembro de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago de Compostela.

Las mediciones deben llevarlas a cabo los titulares de las actividades laborales (en centros públicos o privados). Pero unos y otros se acogen a que el CNS todavía no ha aprobado la instrucción de zonas (llama Instrucción de Seguridad), que está pendiente de ser emitida: «Está en elaboración, concretamente en fase de resolución de los comentarios recibidos en la fase de Audiencia Pública, por lo que no podemos tener una estimación de cuándo estará publicado». Es decir, que «todavía no es obligatorio», tal y como asegura el CSN a este suplemento.

Ahora bien, saben perfectamente quiénes son, ya que «los municipios afectados por el radón ya están identificados en el Apéndice B del Real Decreto 732/2019 por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación», precisan desde el CSN.

Opinión que no comparte el investigador principal del Laboratorio de Radiactividad Ambiental de la Universidad de Cantabria, que incide en que según el Real Decreto desde junio entraba en vigor, por lo que «seas del tipo 1, 2 o 3 hay que medir el radón en los lugares de trabajo. Y si no se hace desde junio se está incumpliendo la ley».

Coinciden los expertos de Molins, que recuerdan que «desde junio de este año es obligatorio que en todos los puestos de trabajo situados en planta baja y bajo rasante en municipios de riesgo se realicen mediciones por laboratorios acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)».

«El problema –prosigue Quindós– es que hay 1.600 municipios del tipo 2. Y si CSN decide que son de acción prioritaria los de zona 2 hay que multiplicar 1.600 municipios por puestos de trabajo, es decir, hace dos o tres millones de mediciones. Eso es una locura».

Este investigador pone como ejemplo que Inglaterra ha hecho 600.000 mediciones, Francia 90.000 y nosotros 12.000. Eso no es nada».

Y no hay tiempo que perder. De hecho, el gas radón es una amenaza para uno de cada cinco trabajadores en zonas calificadas de alto riesgo en España, según un estudio reciente presentado por investigadores españoles, entre ellos Ruano, titulado «Exposición al radón y sus factores de influencia en 3.140 lugares de trabajo en España».

La población que trabaja o reside en plantas bajas o primeras está expuesta, en general, a una concentración tres veces más alta. Sin embargo, aunque el riesgo suele disminuir a razón de 20% por planta, también puede encontrarse en pisos superiores debido a los materiales de construcción y el llamado «efecto chimenea».

Las viviendas con sótano, casas antiguas con más de 100 años o aquellas con deficiencias constructivas tienen más probabilidades de presentar elevadas concentraciones de radón en su interior, generalmente por un peor aislamiento del terreno.

Según los expertos, uno de cada cinco edificios públicos fundamentalmente situados en zonas de riesgo excede el nivel máximo de concentración de radón, establecido en 300 bequerelios por metro cúbico, un nivel superior a los 150 establecidos en EE UU o los 100 de Canadá», precisa Claudio Moral, director de Desarrollo de Negocio de Molins.

En un análisis por sectores de trabajo, tres de cada diez edificios culturales (bibliotecas, museos y otros) superan los niveles máximos permitidos de gas radón.

La situación se repite en el caso de los colegios, donde uno de cada cuatro centros educativos (colegios e instalaciones científicas) presenta niveles elevados de radón. Por lo general, estas cifras relativas a instituciones culturales y educativas son 6,5 veces más altas que las oficinas bancarias. Por su parte, las utilities de servicios como electricidad, gas, agua o autopistas, sobrepasan en 5,7 veces al sector financiero.

En este contexto, la aprobación del plan en teoría tendría que haber disparado la solicitud de mediciones. Sin embargo, expertos como José Luis Gutiérrez Villanueva, especialista en la medida de gas radón de la empresa Radonova Laboratories AB y miembro fundador de la Asociación Europea del Radón (ERA), asegura que «no he visto un aumento de la demanda de tomar medidas por el plan, que sí, en cambio, hubo desde que se aprobó la legislación en 2022».

Malas prácticas

Villanueva insiste en que «independientemente de la lista que publique el CSN, cualquier municipio puede tener edificios con niveles altos de radón, por lo que es importante no usar esas futuras listas de forma errónea como no medir mi edificio por no estar en la lista. Y lo contrario, un edificio puede estar en un municipio de la zona 2 y no tiene por qué tener radón. Y es que la única forma de saberlo es medir».

Villanueva también denuncia que ya se están dando malas prácticas. «No puedes ir al trabajo o al edificio y medir tan solo 24 horas y decir si cumple o no con el límite de 300 becquereles por metro cúbico. Eso es ilegal y se está haciendo». En concreto, la «Guía de Seguridad 11.4» del CSN recomienda estimar el promedio anual de la concentración de radón a partir de detectores expuestos, como mínimo, «durante tres meses».

¿Es un riesgo en el agua potable? ¿Dónde sí?

Pese a que comunidades como Madrid están tomando la iniciativa de medir los niveles de gas radón en las mayores masas de agua de sus regiones para caracterizar el nivel de contaminación de este gas en el agua que usamos para consumo humano, lo cierto es que según Quindós, no es necesario. Y es que aunque el gas radón puede estar presente en el agua, «las aguas de consumo público no suelen tener radón porque los ayuntamientos, en Madrid el Canal de Isabel II, limpian el agua y los procesos de aireación de las aguas lo que hacen es disolver dicho gas».

«Lo que hay que controlar en todo caso –prosigue– son los niveles de radón en donde se limpia el agua, pero en el agua de grifo no hay radón» Eso sí, «en los pozos, sí puede haber radón», añade.

Además, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA), «los estudios epidemiológicos no han corroborado que exista una relación entre el consumo de agua con radón y el cáncer, por lo que el riesgo de sufrir de cáncer proviene principalmente del radón que se encuentra en el aire. En general, el agua tiende a ser una fuente de exposición al radón menos importante que el que se encuentra en el suelo de los edificios».