En 2019, el año inmediatamente anterior a la pandemia, España destinaba 1.703 euros para prestar asistencia sanitaria pública a cada habitante. Eran 1.151 euros menos por cabeza que lo que se registraba de media en toda la Eurozona –2.854 euros– y 2.404 euros menos que Alemania, país que no encabezaba el ranking, con 4.107 euros, al estar por detrás de Luxemburgo, que contabilizaba 4.674 euros por persona. Los datos son de la OCDE y dan muestra de una infrafinanciación sanitaria de nuestro país que no se ha corregido con posterioridad vía presupuestos.

Por si fuera poco, la Covid-19 ha absorbido innumerables recursos y ha provocado un tapón de dimensiones colosales que pasará factura en la salud de los ciudadanos. Estas cifras explican la pésima situación de las listas de espera en España, con registros récord de pacientes en demanda de una cirugía, y la conflictividad en el sector. No, el mal no es de Madrid, sino que aqueja a toda España. Esta falta de fondos es la razón fundamental, por ejemplo, de que centenares de MIR y enfermeras formados con dinero público emprendan cada año un éxodo a países que les pagan mucho mejor con los fondos que se ahorran en su formación. Los tontos pagan y los listos se aprovechan. El caos en materia de recursos humanos y la grave crisis que atraviesa la atención primaria, incapaz de resistir las turbulencias que ha provocado la pandemia, deberían constituir motivos suficientes para que el Ministerio convocase uno o más plenos monográficos sobre la situación sanitaria en España y las reformas que hacen falta. De momento, no lo ha hecho y las suturas estallan, como ha empezado a verse en Madrid y en Cantabria, y ocurrirá también en el resto del país. El sistema público no da más de sí.