Durante el primer año de pandemia, la política de compras de equipos de protección y otros materiales contra la covid por parte del Ministerio de Sanidad fue una auténtica vergüenza.

En una de las decisiones más nefastas que se le recuerdan a un titular de esta cartera, Salvador Illa optó por encomendar la firma de contratos de guantes, batas, mascarillas y otros productos al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), un órgano inoperante que siempre actuó como cementerio de elefantes y altos cargos defenestrados, sin experiencia en la negociación con los proveedores internacionales.

Lejos de lo que se dice, este organismo, dirigido entonces por el histórico sanitario socialista Alfonso Jiménez Palacios, y el propio Ministerio, no fueron víctimas del torbellino de aquellas fechas.

De hecho, en las primeras semanas tuvieron en su mano un listado de proveedores fiables y reconocidos a los que acudir para realizar las compras. Los productos que ofrecían estaban homologados y eran seguros, pese a que su precio se situara por encima del habitual al existir una elevada demanda.

Desgraciadamente, ignoraron aquella información que les proporcionó un importante agente del sector y optaron por contratar con numerosas empresas desconocidas -algunas, incluso, sin domicilio- e intermediarios sin escrúpulos.

El resultado fue que numerosos materiales llegaron tarde. Otros presentaban defectos graves o no estaban homologados, y una parte, no escasa, no llegó.

Hoy, el ya exdirector del Ingesa está imputado. También la directora de Farmacia, Patricia Lacruz, famosa por la compra de test defectuosos. El Tribunal de Cuentas acaba de echar más leña a un fuego que debería haber llevado a Illa a dimitir y a Carolina Darias a cortar cabezas, cosa que no ha hecho.